A juicio de las minorías legislativas en el Senado, la querella ética contra el senador popular Albert Torres Berríos sigue viva y el informe debe regresar a la Comisión de Ética.

Para la mayoría popular, sin embargo, la controversia quedó finiquitada con la votación de ayer lunes en el pleno del Senado, de 13 a 11, en contra de que se acogiera el informe de la Comisión de Ética, que buscaba amonestar con un voto de censura y reprimenda pública al senador por el distrito de Guayama, a quien empleados le imputaron un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

Reclamó también la delegación popular, que una vez se votó en contra de aceptar el informe, procedía que las delegaciones minoritarias pidieran que se llevara a votación el informe de minoría, pero no se hizo.

“Para mí la controversia está viva porque no aceptamos el informe y al no aceptar el informe no hay una determinación final que se haya tomado. Entiendo que le corresponde a la Comisión de Ética volverse a reunir, auscultar toda la prueba que está ante sí y aclarar los puntos que quedaron sin resolver para poder hacer un informe nuevo que pueda ser más aceptable a la mayoría de los senadores”, consignó el senador novoprogresista, Henry Neumann Zayas, quien es miembro de la Comisión de Ética.

“Para mí los procedimientos en la Comisión fueron completamente atropellados”, sostuvo Neumann Zayas. Agregó que “el País esperaba más de la Comisión de Ética en términos de juzgar de una forma correcta al senador (Torres Berríos) y no es que sea culpable o inocente, es que los procesos se lleven a cabo de una forma correcta y eso no fue lo que ocurrió porque yo estuve en cada una de las reuniones”.

“Lo que ocurrió, es lo que entiendo que debió haber ocurrido, no aceptar el informe y devolverlo la Comisión de Ética para que continúe con los testigos que nunca se entrevistaron y auscultar toda la información. La querella no se ha desestimado, el informe no fue aceptado, así que los trabajos tienen que continuar”, expresó el legislador novoprogresista.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago también se expresó en desacuerdo con la mayoría.

“Corresponde ahora votar por el informe de minoría. Difiero de esa apreciación del Partido Popular porque el que no se haya recibido el informe de mayoría tiene el mismo efecto que si se hubiera votado a favor del informe en términos prácticos porque el informe es un toallazo. Creo que todavía el cuerpo tiene que expresarse sobre el informe de minoría”, sostuvo la legisladora.

También, para el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol la querella contra Torres Berríos sigue viva. “La decisión final es del Senado y el Senado no acogió el informe, así que entiendo que la situación está todavía abierta, está en suspenso porque el Senado como cuerpo no ha tomado una decisión”, sostuvo Bernabe Riefkhol.

El senador independiente, José Vargas Vidot expresó de igual forma que la controversia está vigente. “Aquí se intentó dar un toallazo y perdieron la votación. Y ahora pretenden usar una retórica de que el asunto está muerto, justo cuando el Departamento de Justicia pidió el expediente de la Comisión de Ética para evaluar la alegación de delito”, sostuvo Vargas Vidot.

Dijo que la Comisión de Ética debe atender los planteamientos “que expusimos” en el informe de minoría que presentó la senadora Santiago y hacer una nueva recomendación que sea aprobada por el pleno. “Al final el Senado en pleno es el último juzgador de sus integrantes y el Senado ya habló: ese informe no sirve”, afirmó.

“Ese informe se desestimó, ellos le votaron en contra y como había un informe de minoría, se tenían que levantar rápido para proponer el informe de minoría. No se hizo, por tanto, la única determinación a este momento es que ese proceso ya culminó. No hay otra cosa que se puede hacer”, dijo por su parte, el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau.

“El proceso legislativo no establece un proceso apelativo, el proceso apelativo es ir al Departamento de Justicia y hacer una querella. La querella ética está muerta porque se desestimó”, reclamó Aponte Dalmau.

La senadora Marially González Huertas, quien rindió el informe y condujo la investigación de la querella dijo que la Comisión de Ética “ya culminó” su trabajo. “Estuvimos cuatro meses trabajando esta querella, se realizó el informe final, el otro trabajo le correspondía al Senado y el pueblo fue testigo de que una mayoría decidió no acoger el informe. No obstante, no aprobaron nada más, no presentaron nada”, indicó la legisladora popular.

Gonzalez Huertas dijo que, durante la discusión en el pleno, el senador novoprogresista William Villafañe Ramos pidió que el informe se devolviera a la Comisión, pero el pedido no se concretó.

Sostuvo que la querella, “según el reglamento, queda como si fuera sin efecto y tenemos que reconocer que se sometió un informe de minoría, pero no se pidió que se votara sobre él”.

“Sabemos que el País ha estado muy pendiente a esto, ayer queríamos que se tomara una decisión a favor o en contra, pero en estos procesos la mayoría es la que prevalece y decidió no atenderlo”, reclamó González Huertas.

Dijo que, si las autoridades estatales y federales “tienen que intervenir porque ven algo más allá que nosotros, eso le corresponde a las autoridades. Sostuvo que el pasado 11 de enero la Comisión de Ética recibió una carta de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia solicitando copia del expediente y el 20 de enero, así lo hicieron. “Entre los documentos que se entregaron se encuentran tanto aquella evidencia que fue utilizada en la comisión como la que no fue utilizada, evidencia documental y testifical y transcripciones de los testimonios”, agregó.

El informe de la querella concluyó que “el senador no solicitó dinero a sus empleados “ni de manera directa ni indirecta y que no hubo un patrón constitutivo de acoso laboral. Recomendó amonestarlo con un voto de censura y reprimenda pública.

Pero, cuatro de los senadores de minoría que integran la comisión, rindieron un informe separado, que recomendó castigar además, a Torres Berríos, con una multa de $5 mil, que se le separe de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordene a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia.

La senadora María de Lourdes Santiago reclamó en el debate del lunes, que hubo “resistencia” a que los testigos declararan y que hubo empleados que la mayoría no dejó que prestaran testimonio. Sostuvo que la investigación surgió porque una agrónoma del Departamento de Agricultura que laboraba en destaque en la oficina del legislador fue a quejarse a la Oficina de Recursos Humanos del Senado porque no había recibido un diferencial de $2,500 y le informaron que había sido por órdenes de Torres Berríos.

“Dentro de las declaraciones que presentó la agrónoma de manera inexplicable fueron descartadas por el informe de la mayoría que se somete al cuerpo. La agrónoma que trabajaba bajo las órdenes del senador Albert Torres, relató por ejemplo, que en una ocasión le pidió con la frase: ‘Alba llévame la gallinita’, que le entregara aquí en el hemicilo, donde estamos, $200 en efectivo que él le había requerido al esposo de ella como parte del arreglo de retribución, lo que se conoce como kick back, a cambio del empleo de ella. Ante la negativa de la agrónoma de realizar ese trámite en el hemiciclo, la entrega se realizó en el vestíbulo de las oficinas del señor presidente del Senado, a la salida del Salón Café”, sostuvo la legisladora al precisar que estas alegaciones fueron recogidas en el informe de minoría.