Más allá de todo el ruido y acusaciones de parte y parte que ha generado el escándalo por el despido de la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, al tiempo que se estaban sometiendo seis referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios y políticos allegados a ella, expertos en temas legales coinciden que en estos momentos lo indicado es esperar por la determinación que tome el Panel de jueces del FEI para conocer el curso que tomará esta controversia.

De igual forma, coinciden en que la designada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, no debió interrumpir el proceso de referidos al OPFEI.

De acuerdo con el abogado y exfiscal Ernie Cabán, sin importar qué digan los referidos al Panel del FEI, está ahora en sus manos determinar si habrá una investigación criminal contra la gobernadora.

“Ese informe puede contener dos cosas: recomendaciones de que se designe un FEI, porque entienden que hay comisión de delitos; o que no se recomiende el FEI”, explicó Cabán sobre el proceso que debería seguirse. “Pero independientemente de lo que diga, la última palabra la tiene el (Panel del) FEI, que tiene discreción para decidir si nombra un fiscal especial independiente (FEI) para investigar a la gobernadora. Ellos (los jueces del Panel) en los casos que recomienden, van a decidir: ‘sí, correcto, hay base para designar un FEI’. O pueden decidir, aun con una recomendación negativa, que pueden proceder con la designación de un FEI”.

“Una vez el Panel del FEI reciba los informes, que los recibe hoy (martes), y la gobernadora dijo que se los entregaran, ellos tienen no tienen un término fijo para resolver. Pero yo esperaría que en una situación de tan alto interés público no tarden demasiado y se notifique que se refirió a ‘fulano’ o a ‘zutano’ por la posible comisión de algún delito, y designen al fiscal que hace la investigación a fondo, y que tiene 90 días para culminarla”, detalló Cabán.

Insistió en que esperaba que “el Panel, si no lo hace Justicia, le informe al pueblo quiénes están referidos. Y siempre lo han hecho, hasta que se intentó cambiar eso, precisamente con Longo, que tenía su filosofía al estilo de los federales que dan muy poca información. Y cuando informen, pues ya se sabrá si la gobernadora está referida o no”.

No obstante, continuó explicando Cabán, “un referido (por parte del Panel del FEI) no significa la comisión de delito, porque luego el fiscal especial puede en su investigación determinar que no hubo comisión de delito”.

El abogado Antonio Sagardía, quien fue secretario de Justicia, explicó que la Ley del FEI le otorga jurisdicción a ese ente para investigar esos referidos, incluyendo el que involucra a la gobernadora, y agregó que “es la única agencia de ley y orden que puede radicar cargos criminales a un funcionario en Puerto Rico”.

En cuanto a la controversia entre Vázquez y Longo, se limitó a expresar que “la gobernadora dice que despide a la secretaria saliente porque estaba interviniendo en unos asuntos de Salud, pero que debía inhibirse porque se relacionaba con su mamá, que era secretaria de Salud, y que le había pedido a la licenciada que se inhibiera, y por eso ella se indignó. La licenciada Longo dice otra cosa (que su despido fue una forma de represalia por los referidos). Pero no se puede entrar en especulación. Eso crea confusión y levanta muchas pasiones y mucha crítica”.

“Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Ya los seis referidos los tiene físicamente el Panel del FEI. Al Panel ahora le van a enviar la evidencia que acompaña los referidos con los informes. El Panel lo revisa y los tres jueces deciden si amerita que se decida un FEI. Eso tardará -me imagino- una o dos semanas. Y ya entonces, si designan un FEI, entramos en otro capítulo, más largo y más complicado”, explicó Sagardía.

No obstante, detalló, los jueces deciden cada uno de los seis referidos de manera individual, y podrían determinar que en un caso es meritorio el FEI y en otros no.

“Los jueces van a decidir si el expediente amerita si se designa un FEI. Si se designa un FEI, entonces ese fiscal hará la investigación para determinar si se radica o no un cargo criminal”, dijo Sagardía.

Lacerada la confianza

En cualquier caso, el exfiscal Cabán sí considera que toda esta seguidilla de controversias “afecta la confianza” del pueblo en el funcionario público involucrado, como es en este caso la gobernadora Vázquez, y en su gestión.

“Desde el punto de vista de derecho, la cobija la presunción de inocencia y no está obligada a renunciar. Pero, obviamente, se lacera la confianza y se pone en duda la ejecutoria del funcionario”, afirmó Cabán.

Sin embargo, reiteró que, “un referido para investigación no justifica necesariamente un inicio para un proceso de residenciamiento”, como ya están reclamando algunos sectores de la sociedad.

Para un residenciamiento, detalló, se tiene que establecer “un delito de traición, de soborno, un delito grave o un delito menos grave que conlleve depravación moral”.

Explicó que la Cámara de Representantes “no necesita que se radiquen cargos para comenzar un proceso de residenciamiento”, pero alertó que para dar ese paso, “tienen que tener una base, una prueba, no debe ser por un bochinche, porque es un proceso muy importante que puede cambiar la voluntad democrática del pueblo”.

Sagardía, por su parte, comentó que “los cuerpos legislativos (Cámara y Senado) tienen una facultad de carácter constitucional, y pueden hacer las investigaciones que entiendan pertinentes”, pero agregó que “la prudencia dice que lo que debe hacerse no es lanzar una investigación, sino esperar que el Panel (del FEI) resuelva”.

Por otro lado, en un tema relacionado a esta controversia, Cabán entiende que el proceso de referidos al FEI se hizo de manera adecuada, y que la designada secretaria Burgos actuó contrario a la ley al detenerlos.

“En las investigaciones de funcionarios públicos enumerados en la Ley del FEI, le corresponde a Justicia hacer una investigación preliminar y rendir un informe preliminar al FEI. Esa investigación culmina cuando la firman los fiscales, y una vez la firman, entregan ese informe. Aquí, obviamente, ocurrió una irregularidad. La secretaria interina no tenía autoridad para detener el informe”, explicó Cabán.

“No es delito, pero es un acto contrario a la ley, que no se había dado antes, que yo tenga conocimiento”, añadió.

Agregó que “como Justicia estaba obligada a entregar el informe, el FEI tenía la autoridad para exigir que se lo entregaran como hizo hoy (martes) en la mañana”.

Sagardía también considera que el procedimiento de los referidos a la OPFEI no debió detenerse.

“Eso no debió haber pasado. Una vez el secretario (de Justicia) debidamente autorizado al puesto como era la licenciada Longo emite un referido, firmado por los fiscales, eso no debe detenerse”, afirmó Sagardía.

“La nominada a secretaria de Justica, la licenciada Wandymar Burgos, dio una explicación. Ella es una abogada honesta. Dijo que lo que quería era revisar esos documentos. Pero Justicia tiene copia de todo eso”, evaluó el exsecretario de Justicia.

No obstante, opinó que ese asunto sobre la paralización de la entrega de referidos se tornó académico, toda vez que los seis referidos ya fueron entregados a la OPFEI.

“Ya eso no va a tener mayores consecuencias por el momento. Ya el FEI tiene los referidos y va a comenzar su trabajo”, sostuvo Sagardía.