A un mes que expire la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 que emitió el gobierno de Estados Unidos, la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, asegura que la agencia estatal lleva varios meses trabajando un proceso de transición para convertir la respuesta atípica de esta situación en “actividades de rutina”.

La doctora explicó a Primera Hora que la terminación de la emergencia nacional relacionada al coronavirus, que ha cobrado la vida de más de 5,800 personas por los últimos tres años en Puerto Rico, esto no significa que respuestas, tales como los centros fijos para la detección de COVID-19, la administración de pruebas en las instituciones escolares, los centros de cuido prolongado, centros correccionales y aeropuertos y la entrega de pruebas caseras en áreas rurales o de difícil acceso, lleguen a su fin el próximo jueves 11 de mayo.

“Es importante mencionar que los fondos asignados de emergencia tienen distintos periodos de vigencia, y cada programa dentro del Departamento de Salud ha calendarizado sus actividades de acuerdo a la vigencia esos fondos. Eso no significa que el 11 de mayo ya esos fondos no vayan a estar”, explicó Marzán.

En cuanto a los centros fijos para realizar pruebas de COVID-19, la epidemióloga manifestó que este servicio siguen disponible y libre de costo para la comunidad general, no obstante, este ya no cuentan con la misma demanda que tenían al principio de la emergencia de salud pública. Incluso, la salubrista planteó que la agencia ha llevado a cabo actividades semanales “donde ni siquiera van participantes”.

“Estos servicios siguen disponibles, pero también los estamos evaluando en la medida que haya demanda”, indicó.

Además, Marzán manifestó que tras la firma del presidente estadounidense Joe Biden a una resolución que le puso fecha de caudación a la emergencia salubrista el pasado lunes, el COVID-19 se encontrará bajo una evaluación rutinaria en el Sistema de Vigilancia de Salud.

“El cambio, en realidad, es que de actividades que se atendían bajo una estructura de emergencia, serán ahora servicios que se tienen que incluir en las actividades de rutina del Departamento de Salud, así que, en términos de epidemiología, el COVID-19 entra bajo esa vigilancia dentro de la oficina, así como ocurrió el año pasado con la viruela símica”, manifestó.

Sigue discusión sobre futuro de las vacunas contra el COVID

Por otro lado, Marzán expuso a Primera Hora que todavía sigue bajo discusión a nivel federal sobre la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 al expirar la emergencia pandémica.

La epidemióloga indicó que todavía continúa la conversación sobre cómo será el rol de las aseguradoras en cubrir los costos de este fármaco y, más allá de esto, la doctora indicó que sigue la discusión científica de cúales serán las recomendaciones futuras para la inoculación, es decir, “si la vacuna se va a reformular una vez al año, si la adminstración de la vacuna será una vez al año”, algo similar a lo ocurre con las vacunas contra la influenza.

No obstante, Marzán adelantó que la discusión sobre la comercialización de las vacunas no concluirá hasta que acaben con los abastos disponibles del fármaco contra el novel coronavirus. No obstante, similar a las pruebas, la demanda para las vacunas ha mermado significativamente.

El pasado martes, trascendió que los estadounidenses tendrán que pagar del todo –o parte de ella, depende de la aseguradora de salud- por las pruebas diagnósticas del COVID-19 cuando expire la declaración de emergencia pandémica en el mes entrante.

No obstante, The Associated Press (AP) informó que todavía hay tiempo de comprar pruebas gratis antes del cambio que viene el 11 de mayo, e incluso después debido a que podrían quedar disponibles algunas pruebas sin pago.

Además, el reportaje exhortó a la ciudadanía no olvidarse de las pruebas que han quedado sin usar, dado que la fecha de vencimiento podría haberse prorrogado. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tiene en su sitio web una lista de cuáles pruebas siguen vigentes.

Desde inicios de 2021, el gobierno federal ha requerido a todas las compañías de seguros que cubran hasta ocho pruebas al mes. Esa exigencia pronto podría desaparecer. También podrá desaparecer la cobertura para decenas de millones de personas inscritas en el programa de atención a ancianos Medicare, aunque algunos legisladores están pidiendo una prórroga.

Si bien algunas aseguradoras podrán seguir cubriendo todas o algunas pruebas, ya no habrá una regla vigente a nivel nacional. Un empaque de dos pruebas por lo general cuesta entre 20 y 24 dólares.

También, muy probablemente los estadounidenses tendrán que pagar más por las pruebas realizadas en hospitales, clínicas o consultorios médicos.

Se le ha prohibido a las aseguradoras cobrar copagos o tarifas relacionadas con pruebas de COVID-19. Esa prohibición también desaparece el mes próximo.