Ante la expectativa de que el gobernador Pedro Pierluisi anuncie esta tarde la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en diversos sectores de la población de Puerto Rico, particularmente en aquellos que brindan servicios a la ciudadanía -ya se había hecho público que es compulsoria la inoculación para alumnos universitarios y de escuelas públicas y privadas- nuevamente surge la discusión sobre el derecho del Estado y el de los constituyentes.

Puerto Rico, al igual que regiones de Estados Unidos y países de todo el mundo, ha reflejado en las últimas semanas un alza en contagios del virus SARS-CoV-2 elevando la tasa de positividad en un mes de un 1.4% a 7.7% (tasa porcentual registrada hoy).

El escenario ha preocupado a científicos, alcaldes de las regiones más afectadas -como ocurre en el oeste de la isla- y ha ejercido presión sobre el gobierno local, lo que conduce a que esta tarde el gobernador ofrezca declaraciones en las que se espera que exponga una serie de medidas nuevas en un intento por estimular la vacunación en la isla. Este movimiento gubernamental se da en momentos en que la variante Delta se extiende rápidamente por el país, convirtiéndose en la cepa predominante a nivel comunitario. Aunque informes de Salud disponen que el 64.4% de las personas aptas (12 años o más) se han vacunado con las series requeridas, ha habido una merma de inoculaciones desde finales de mayo, particularmente entre las poblaciones más jóvenes.

“Lo que estoy propiciando es que se acaben de vacunar los que no se han vacunado”, dijo Pierluisi en declaraciones televisivas donde adelantó que firmaría una orden ejecutiva sobre el tema de la inoculación de COVID.

La obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus ha sido impuesta recientemente en países como Francia. En Estados Unidos, por ejemplo, estados como California requerirán a empleados de la salud y estatales que se vacunen o se hagan pruebas diagnósticas semanalmente. De otra parte, en la ciudad de Nueva York, se exigirá a todos los empleados, incluyendo maestros y policías, que reciban la inoculación para mediados de septiembre. Mientras, esta semana el Departamento de Asuntos de Veretanos de Estados Unidos se conviritó en la primera agencia federal en exigir a sus trabajadores de salud que estén inmunizados. Mientras, el presidente Joe Biden, dejó abierta la posibilidad de exigir a todos los trabajadores federales recibir el fármaco preventivo.

Aquí en Puerto Rico, las autoridades han hecho compulsoria la vacunación a todos los estudiantes de 12 años en adelante, tanto de escuelas públicas como privadas. Además, se solicita que todo alumno universitario que reciba educación presencial tenga las dosis requeridas de la vacunación.

Por su parte, alcaldes de la zona oeste de la isla, donde actualmente se desarrolla un repunte de contagios, advirtieron a Primera Hora que tomarían medidas a través de órdenes administrativas para, entre otras cosas, hacer obligatoria la vacuna entre empleados municipales. Además, exigirán que los comercios soliciten el certificado de vacunación o pruebas con resultado negativo al virus, entre sus clientes.

Mientras tanto, hay empresas privadas como las aerolíneas Delta y United que han exigido a sus empleados el certificado de vacunación. Hay otras entidades como Walmart o Mc Donalds que han otorgado bonos a sus empleados para impulsar la inoculación.

¿Qué garras tiene el gobierno para extender la obligatoriedad de la vacunación a otros sectores?, ¿cuáles son los derechos constitucionales que protegen a los ciudadanos?

Primera Hora consultó con el profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos, quien insistió que si bien es cierto que hay unos derechos constitucionales, estos “van a tener que ceder, ser restringidos por un tiempo, frente a un bien superior y colectivo que es la salud de todos y todas”.

El abogado reconoció que las circunstancias en Puerto Rico han cambiado, particularmente desde que se evidenció la presencia de la variante Delta en la zona. Ayer, funcionarios de Salud informaron que esta mutación es la que prevalece a nivel de contagio comunitario, aunque no pudieron precisar datos actualizados sobre casos secuenciados por vigilancia genómica. El último informe, correspondiente a hace dos semanas, registraba 64 casos.

“La variante Delta ha forzado a gobiernos del mundo entero a calibrar mucho mejor sus respuestas y obligaciones para proteger la salud del colectivo, de todo el país. Los datos de la comunidad científica son claros y muestran que todavía hay muchas personas que no se han vacunado y ante esa realidad el gobierno tiene una obligación, tiene UN DERECHO, y lo digo en mayúsculas, de dar una respuesta adecuada”, expresó al recordar que los médicos han dicho que si bien es cierto que existe la posibilidad de que personas vacunadas se contagien con el virus, también es real que se reducen drásticamente los riesgos de una hospitalización por enfermedad grave y hasta la muerte entre los inoculados.

Manifestó que la emergencia por la pandemia faculta al gobernador a tomar decisiones que podrían inducir a la obligatoriedad de la vacuna, aunque lo ideal sería que la respuesta surgiera por parte de la asamblea legislativa “para evitar conflictos”.

“Sin embargo, hay que reconocer que todavía estamos en una emergencia mundial y que los gobiernos pueden tomar decisiones para proteger a sus ciudadanos...de hecho, ya hay algunas decisiones judiciales, como la que se tomó a nivel de tribunal federal con el caso de la Universidad de Indiana, que apoyan a estas acciones. Claro, siempre cabe la posibilidad de que sean apeladas. De otra parte, tenemos la opinión de la FDA (Federal Drug Administration) que prácticamente dice que una autorización de emergencia de una vacuna para los fines de todas las medidas que se tomen (en términos de su obligatoriedad) es para todos efectos como si fuese una autorización final”, sostuvo.

Recientemente, un juez federal dictaminó que la Universidad de Indiana exija a sus aproximadamente 90,000 estudiantes y 40,000 empleados que se vacunen contra el COVID-19.

“(...) La Decimocuarta Enmienda permite a la Universidad de Indiana buscar un proceso debido y razonable de vacunación en el interés legítimo de la salud pública de sus estudiantes”, afirmó el juez Damon Leichty. Esta sentencia surge en respuesta al pleito que iniciaran ocho estudiantes que afirmaban que la política de vacunación de la universidad era anticonstitucional y que violaba tanto la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, como la ley estatal.

En su opinión, Ramos destacó que dadas las circunstancias y el riesgo a la salud pública que suponen nuevos repuntes, los gobiernos -incluyendo a Puerto Rico- no tendrán otra alternativa que exigir la vacunación a las personas elegibles.

“Pero de ninguna manera se trata de forzar o de utilizar la fuerza como ocurrió en el siglo 19 e incluso el 20 con vacunas como la de polio donde se amarraba a la gente para vacunarla. Se trata de utilizar los mecanismos disponibles para convencer a los ciudadanos. Además, siempre habrá que excluir a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los menores de 12 años y a los que tengan razones religiosas. Aunque en esto último creo que hemos sido muy lenientes, pero ese es otro tema a discutir”, agregó.

Auguró que surgirán pleitos por parte de opositores, pero no vislumbra que sean exitosos.

“Pero para conocer bien el detalle de lo que pueda pasar hay que leer bien la orden ejecutiva que emita el gobernador... hay que ver el grado de especificidad y amplitud de esa orden. Desde mi perspectiva, si bien la persuasión moral y ética debería ser suficiente, si eso no se logra, el estado tendrá que obligarlo de diferentes maneras porque lo que está en medio es el derecho a la vida y la salud de todo un pueblo”, acotó el abogado constitucionalista.