En el salón Audiencias 1 del Capitolio, a donde compareció hoy por más tres horas, la comisionada residente en Washington y vice presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, reinó el desorden, la gritería, los insultos y hasta hubo carcajadas y burlas.

En una vista pública de más tres horas, matizada por planteamientos de orden y constantes interrupciones, la líder novoprogresista se reafirmó en sus denuncias de que presidentes de comités municipales de la colectividad que simpatizan con sus aspiraciones a La Fortaleza han sido amenazados con represalias, pero sostuvo que los casos no le constan de propio y personal conocimiento.

González Colón acusó al presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago de utilizar fondos públicos para “hacer un papelón”. Lo llamó politiquero y lo acusó de buscar adelantar su alegada aspiración a la comisaría residente.

“Las expresiones que yo hice no constituyen actos ilegales, no constituyen actos inmorales ni antiéticos por más que un político aquí quiera. Aquí tenemos que respetar también el derecho que tienen los empleados de llevar sus causas de acciones y que esas personas que ocupan puestos políticos dentro de las estructuras políticas del PNP, incluyendo las presidencias municipales, así como cualquier otro puesto en la estructura política es un asunto del PNP”, dijo la otrora legisladora, en referencia a una actividad que convocó el pasado 28 de enero en la Hacienda La Igualdad, en Añasco.

En la vista se proyectó parte de un vídeo de la actividad que corrió por las redes sociales en el que la líder novoprogresista reconoce a los presidentes municipales, aunque “los hayan llamado para amenazarlos con que los van a botar”. González Colón, quien declaró bajo juramento, criticó que sólo se mostrara un segmento del vídeo.

Dijo que su recomendación a las personas que hayan sufrido discrimen político en el ámbito laboral es que recurran a los foros legales al amparo de la Ley 100 de 1959, conocida como Ley contra el Discrimen en el Empleo, que protege a los trabajadores contra represalias por distintos motivos, entre ellos, afiliación política. Puntualizó que la violación a esta ley conlleva causas de responsabilidad civil, más no, comisión de delito.

“Aquí no se tiene que meter nadie a ver si lo quitan, si lo ponen. Ese es un asunto del PNP. Ahora bien, mis expresiones, sí, constituyen una advertencia, pero yo estoy vigilante y alerta a que no violen los derechos de nadie y que voy a actuar conforme al reglamento”, expresó.

“Ellos (los legisladores populares) tienen problemas en su colectividad, que se están matando por la presidencia y quieren también meterse en las situaciones del PNP y yo no tengo que huir, por eso estoy aquí de frente, aun cuando querían cambiar esta vista a ejecutiva para que yo no dijera públicamente y ellos hacer la interpretación que quisieran”, reclamó la comisionada residente.

Sostuvo que la actividad de Añasco fue de carácter privado y que no le comunicó las supuestas denuncias de los militantes novoprogresista al gobernador Pedro Pierluisi, su posible contrincante primarista. “La realidad es que no. Hablamos de muchas cosas…”, dijo la comisionada residente.

Pierluisi ha rechazado la necesidad de investigar las denuncias ya que según ha dicho no dado “instrucción” para penalizar a empleados públicos por razones político partidistas.

“Creo que el pueblo de Puerto Rico se dio por enterado que la comisionada residente no tiene ninguna información sobre las personas que han sido amenazadas, que no la va a brindar, pero hizo una afirmación en una actividad pública, siendo la segunda funcionaria más alta del gobierno de Puerto Rico, diciendo que el gobierno de Puerto Rico está amenazando a empleados públicos con ser despedidos por participar en actividades políticas”, dijo por su parte Ferrer Santiago, al concluir la vista pública.

La audiencia comenzó pasadas las 10:00 de la mañana con una garata por los asientos designados para los miembros de la Comisión, que eran ocupados por representantes del PNP que no son miembros de la Comisión Anticorrupción. Incluso, el senador Thomas Rivera Schatz se sentó junto a los novoprogresistas de la Cámara durante toda la vista y otros senadores del PNP, como Carmelo Ríos, Juan Oscar Morales y Gregorio Matías, estuvieron en el público que abarrotó el salón. En total, veinte legisladores del PNP hicieron acto de presencia.

En el lado popular, junto a Ferrer Santiago, estaba Jesús Manuel Ortiz González, quien tampoco es miembro de la comisión legislativa al igual, Juan José Santiago y José “Cheíto” Rivera Madera. Integrantes populares de la comisión que sí acudieron fueron Deborah Soto, y Ramón Luis Cruz Burgos. Por la plataforma de “Zoom”, participó el portavoz de la legislatura popular, Ángel Matos García.

Otros dos miembros de la comisión, el independentista Denis Márquez Lebrón y José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana, comparecieron temprano, pero abandonaron la vista en medio del pandemonio que se desató.

“Me retiré de la vista porque la delegación independentista no se presta para circos políticos”, expresó Marquez Lebrón en un video que colgó en sus redes sociales.

La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñoz, permaneció hasta el final.

El ple-plé por las sillas desató una gritería entre los infructuosos llamados del presidente de la comisión legislativa para que se restableciera el orden. Incluso, ujieres de la oficina del Sargento de Armas de la Cámara intentaron, pero no lograron persuadir a los novoprogresistas de que liberaran las bancas. Algunos se aferraron a las sillas, como la representante Lourdes Ramos, quien no es parte de la comisión. “De aquí no me muevo… a ver quién tienen los pantalones de sacarme”, vociferó Ramos, quien desde antes que comenzara la vista, se plantó al lado del estrado presidencial.

Méndez Núñez, en tono sarcástico, dijo que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y otros legisladores de la mayoría popular no acudieron a la vista, mientras se trasladaron a una inspección ocular a la isla de Mona. “La foto está en la página de la Cámara. Pueden verlos a todos volando en un avioncito”, agregó.

Durante la tumultuosa vista, los portavoces de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Gabriel Rodríguez Aguiló, así como el representante y expresidente cameral, José Aponte Hernández, con sus constantes objeciones obstaculizaban el interrogatorio de Ferrer Santiago.

Los legisladores alegaban en voz alta que era el representante Ortiz González quien dirigía los trabajos de la comisión. Incluso, se escuchó a legisladores penepés referirse como “nene” a Ferrer Santiago, quien es legislador más joven en la presente legislatura.

Cuando llegó el turno de preguntas de Rodríguez Aguiló, el presidente de la comisión le advirtió que tenía que abordar temas pertinentes a la investigación legislativa, a lo que el portavoz alterno del PNP se levantó de la silla y llegó a forcejear con Ferrer Santiago, reprochándole que le podía limitar su interrogotorio.

Acto seguido, Rodríguez Aguiló se dedicó a cuestionar “la productividad” de la Comisión Anticorrupción y distribuyó un recorte de prensa de Ferrer Santiago sacando el dedo corazón en un acto de campaña previo a las elecciones de 2020.

Tanto la comisionada residente, como Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló y Aponte Hernández acusaron a los representantes de mayoría popular de “carpetear” a los militantes del PNP que, en sus redes sociales, han posteado mensajes de que han participado en actividades de la líder novoprogresista. Esto luego, que Ferrer Santiago confrontó a la vice presidenta del PNP con los nombres de presidentes de comités municipales de la Palma.

“Las personas que estuvieron presentes en esas actividades hicieron unas expresiones de manera confidencial, no voy a revelar nombres porque no voy a violentar su derecho a la privacidad o a dañarles una causa de acción”, reclamó González Colón.