Representantes del Grupo de Trabajo del Consorcio de Laboratorios Clínicos de Referencia para COVID-19 se quejaron este martes de que organizaciones estadounidenses que, supuestamente no cumplen con los requisitos y estándares impuestos por el Departamento de Salud, han llegado hasta Puerto Rico a realizar pruebas para detectar el mortal virus, con la anuencia de municipios y entidades privadas.

Expusieron que, mucho más allá del peligro que pueda representar para el paciente, el problema es que estas entidades supuestamente no reportan los resultados de las pruebas obtenidas al BioPortal de Salud, lo que no permite tener una certeza sobre los brotes y las tasas de positividad del virus en el país.

Según expresó la presidenta de los Laboratorios Toledo, Ilia Toledo, desde hace tres a cuatro meses fue que se percataron que estas organizaciones establecían carpas para realizar pruebas de COVID-19 a la población en general sin costo alguno.

“En varias ocasiones pudimos darnos cuenta que había tanto en municipio como en colegios privados unos laboratorios que venían de Estados Unidos a rendir unos servicios aquí en Puerto Rico. Nosotros no es que no estemos de acuerdo de que eso suceda, pero sí necesitamos que la población reciba unos resultados de calidad y, tal vez, había lugares donde se estaban tomando las muestras donde no se seguían los protocolos de muchas cosas, como de temperatura, control de calidad, ese tipo de cosas”, denunció esta participante del Grupo de Trabajo creado por al Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), adscrito al Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.

Pero, estipuló que la mayor preocupación es que no “tienen ningún contacto ni relación con el Departamento de Salud”, por lo que no cumplen con las leyes y reglamentos locales que son más restrictos que la ley federal que regula a los laboratorios clínicos.

Rosa Ileana Martínez, quien es socia en el laboratorio Immuno, detalló que uno de los ejemplos de las organizaciones establecidas en la Isla es Global 7. Alegó que esta entidad, bajo permiso del municipio de Vega Baja, colocó una carpa para hacer pruebas.

Explicó que la situación provocó que Laboratorio del Mar, que había alquilado un espacio separado a su negocio para atender solo pruebas de COVID-19, se viera afectado por la baja en pacientes.

Comentó que, en medio de la situación, Salud acudió a investigar al laboratorio porque no reportaban casos de coronavirus, pero que supuestamente no intervinieron con la carpa de la organización que era la que había atraído al público y que supuestamente era la que no registraba los casos al BioPortal.

Según destacaron las expertas y Mariano de Socarraz, presidente de Core Plus Puerto Rico, los laboratorios privados cumplen con los requisitos de tener enfermeras para realizar la prueba PCR y tecnólogos médicos. En cambio, señalaron que desconocen si estas organizaciones que se establecían en la Isla cumplían con estos requisitos.

También se quejaron porque estas entidades reciben fondos federales a los que los laboratorios clínicos no tienen acceso. Esta situación provoca que las organizaciones no le cobren a ningún paciente, mientras los laboratorios requieran una orden médica y un seguro de salud para que el paciente no incurra en ningún costo.

Martínez destacó que, ante la situación que enfrentaban, el Departamento de Salud emitió una carta a los municipios el pasado 12 de noviembre que tiene como título “Reporte de resultados de pruebas de COVID-19 por laboratorios foráneos contratados por los municipios”.

La misma les advierte a los municipios que “el Departamento ha advenido en conocimiento sobre ciertos eventos de administración de pruebas que se han llevado a cabo en varios municipios por laboratorios que no están autorizados para operar en Puerto Rico. Estos laboratorios nunca informaron al Departamento de su intención de comenzar a tomar muestras para pruebas de detección o diagnóstico de SARS-CoV-2. El Departamento no avala la contratación de laboratorios que no esté debidamente licenciados y certificados en Puerto Rico”.

Primera Hora solicitó una reacción del Departamento de Salud, pero no fue concedida.

Como el único municipio mencionado por los líderes de los laboratorios fue el de Vega Baja, se entrevistó al alcalde Marcos Cruz Molina.

“Ellos hicieron una presentación al municipio y en esa presentación ellos informan que son una nueva institución ubicada en Estados Unidos que se ganó propuesta del gobierno federal, donde ellos proveen servicio a la ciudadanía. Preguntaron si podían establecerse en municipio de Vega Baja, en un espacio público”, lo que le fue autorizado, explicó el alcalde popular.

Sin embargo, Cruz Molina aclaró que no existe ningún contrato entre Global 7 y el ayuntamiento. Por ello, cuando llegó la carta de Salud, dijo que se limitó e enviar a la epidemióloga del municipio a verificar si la entidad reportaba los casos de COVID-19 al BioPortal. Señaló que los funcionarios a cargo le dijeron que sí.

El alcalde reconoció que la entidad registraba los casos a la Oficina de la Epidemiología Municipal, por lo que no habían intervenido anteriormente.

“Si cumplen con lo que dice carta Salud, pues no tienen ningún problema”, manifestó el alcalde, quien dio el número de contacto de Global 7 para que Primera Hora aclarara otras de las denuncias realizadas contra la entidad.

Por su parte, el representante de Global 7, Bill Esteblina, insistió que su organización cumple con todas las leyes federales. No tuvo respuesta cuando se le insistía si también cumplían con los requisitos locales.

“En principio, por la urgencia que existe en Puerto Rico y en el resto de América continental, presentamos el servicio sin costo al señor alcalde de Vega Baja… En virtud de que no están haciendo el servicio a la comunidad, en eso nos estamos concentrado nosotros”, señaló.

Indicó que los laboratorios clínicos privados le cobran $80 a las personas que no tienen seguro médico, pero ellos hacen las pruebas de manera gratuita.

“Evidentemente, los laboratorios no dan servicio a la comunidad y en su defecto están tratando de entorpecer el servicio”, alegó Esteblina.

Debido a la situación, el representante de Global 7 informó que ya cerraron los centros que habían establecido en Vega Baja y San Germán. Señaló que ahora solo prestan servicios a entidades privadas que así lo requieran y a los que no se le cobra nada, ya que cuentan con fondos federales.

“Horita vamos a dar servicios a entidades privadas, en virtud a que un ente privado puede contratar, siempre y cuando cumpla con CLIA (ley federal)”, puntualizó.