Puerto Rico recibirá más de $4 millones tras acuerdo con consultora por epidemia de opioides
El secretario designado de Justicia se unió a otras 53 jurisdicciones de Estados Unidos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
PUBLICIDAD
Puerto Rico recibirá más de $4 millones como parte de un acuerdo alcanzado por una coalición de 53 jurisdicciones de Estados Unidos con la firma consultora McKinsey & Company, en relación con su trabajo de promover drogas y medicamentos para beneficiarse de epidemia de opioides.
El designado secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó en un comunicado de prensa que logró unirse a 47 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios en un acuerdo que asciende a $573 millones.
Exactamente, Puerto Rico recibirá $4,338,607, que se usarán para aliviar los problemas causados por el abuso de los opioides. Este es el primer acuerdo que resulta en un pago sustancial a los estados para abordar la epidemia.
La demanda que se presentó detalla cómo McKinsey aconsejó a Purdue Pharma para maximizar las ganancias de sus productos opioides, incluyendo dirigirse a los prescriptores de opioides de alto volumen, usar mensajes específicos para que los médicos prescribieran OxyContin a más pacientes y eludir las restricciones de farmacia para entregar recetas de dosis altas.
“La epidemia de opioides ha provocado daños considerables a personas y comunidades en Puerto Rico. Como consecuencia de esto, han muerto ciudadanos puertorriqueños. A nivel económico, han creado costos considerables para Puerto Rico en forma de atención médica, bienestar infantil, justicia penal y muchos otros programas necesarios para disminuir la epidemia”, lee el comunicado enviado por Justicia.
La agencia local, a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos, continúa investigando y litigando contra otras compañías que también son responsables por la epidemia de opioides que ha provocado la pérdida de vidas.
Emanuelli Hernández fue enfático al indicar que no escatimará en sus esfuerzos para llevar ante la justicia a todos los responsables.
La investigación de los estados fue dirigida por un comité ejecutivo compuesto por California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Tennessee y Vermont.
Al comité ejecutivo se unieron Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Wyoming, el Distrito de Columbia y los territorios de Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.