El gobierno de Puerto Rico les ofreció a sus principales acreedores pagarles unos 50 centavos por dólar adeudado como parte de los esfuerzos que efectúa para enfrentar su crisis económica. 

La propuesta fue presentada el viernes a medianoche a los poseedores de bonos de obligación general y de bonos garantizados con ingresos del impuesto sobre las ventas, ambos respaldados por la Constitución. 

La iniciativa proporciona $16,750 millonespara cubrir una deuda de $36,380 millones, aunque los bonistas podrían recibir $8,000 millones adicionales si el gobierno recauda más de lo previsto la próxima década. 

Otros tenedores de bonos de menor categoría recibirán sus pagos sólo si Puerto Rico tiene un desempeño que supere sus proyecciones de flujo de efectivo, según el plan. 

La propuesta de la isla “no es un punto de partida creíble para las negociaciones”, señaló el sábado Andrew Rosenberg, asesor de los tenedores de obligaciones generales, en un comunicado. Indicó que la iniciativa se basa en un plan fiscal que tiene “muchos errores y cifras inexplicadas”. 

La protección temporal de Puerto Rico frente a las demandas de sus acreedores vence el lunes a medianoche, pero la junta federal que supervisa las acciones del gobierno puertorriqueño para corregir sus finanzas pondera una opción similar a la bancarrota para una reestructuración de la deuda, la cual también protegería a la isla de las demandas. 

El gobernador Ricardo Roselló dijo el sábado en la tarde que las conversaciones con los acreedores continúan y confía en que conduzcan hacia una solución de los problemas financieros de Puerto Rico. 

“Yo siempre he buscado que esto se pueda hacer en una manera donde todas las partes puedan llegar a un acuerdo. Pero también como gobernador tengo una serie de instrumentos en mi posesión, y si yo entiendo que esta es la mejor alternativa para Puerto Rico, en este momento voy a usar los instrumentos que tenga”, señaló. 

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela, dijo que las autoridades están comprometidas en sus esfuerzos de buena fe para alcanzar una solución consensuada con los acreedores del gobierno y confían en que las conversaciones continúen durante varias semanas. 

Puerto Rico tiene previsto incrementar las tarifas del agua, privatizar algunas operaciones de servicios públicos y cerrar un banco que alguna vez supervisó las transacciones de deuda de la isla, todo como parte de sus esfuerzos para enfrentar la deuda y otros desafíos económicos.