San Juan - El Gobierno de Puerto Rico y ciudadanía están a la expectativa de las futuras decisiones sobre política económica de una Junta de Supervisión Fiscal que desde hoy tomó el control al situarse por encima del Ejecutivo local.

La primera reunión de la Junta, celebrada en la ciudad de Nueva York, dio como resultado más destacable que el control de agencias públicas tan relevantes como la Autoridad de Energía Eléctrica y el Banco Gubernamental de Fomento -brazo financiero del Gobierno- pasan a su control.

Además, se conoció el nombre del que será su presidente, un especialista en asuntos financieros y de seguros llamado José Carrión no del todo conocido en Puerto Rico, tal y como señaló a Efe Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del Banco Gubernamental de Fomento.

Negrón dijo que como economista nunca había oído hablar de Carrión ni mucho menos conoce cualquier publicación de éste sobre análisis de la situación financiera de la isla caribeña.

"Entiendo que en la elección de los miembros de la Junta ha predominado buscar un perfil de persona relacionada con el mundo de los negocios y contactos con el sector conservador de la Cámara de Representantes", dijo Negrón, durante años al frente de los análisis económicos del banco público.

Negrón dijo que ahora se debe dar tiempo para ver cuáles son las primeras decisiones que toma la Junta, aunque matizó que en su opinión el ente que desde estos momentos se superpone sobre un Ejecutivo elegido democráticamente parece estar más orientado a atender el proceso de pago a los acreedores que a entrar a fondo en los problemas estructurales de la economía local.

El economista resaltó que el dilema al que se enfrentará en breve la Junta es a qué destinar el poco dinero que se recauda actualmente en Puerto Rico, si al pago de los acreedores o a gastos sociales para la población como salud y medicina, ya que no hay fondos para las dos cosas.

"Lo que hace falta es que la Junta venga con fondos adicionales", dijo, tras destacar que los miembros serán conscientes en cuanto se pongan a trabajar de que la situación es crítica en el sistema de pensiones de los funcionarios y el servicio sanitario para personas con bajos recursos, entre otros graves problemas de liquidez.

Durante la breve reunión de la Junta, formada por 8 miembros, quedó establecido, además del nombre de su presidente, qué entidades de la isla quedarán bajo su mando directo, lo que incluye al propio Ejecutivo del Estado Libre Asociado.

El Gobierno que lidera Alejandro García Padilla tendrá que presentar informes semanales del efectivo de que dispone, los pagos e ingresos efectuados y la situación de sus cuentas bancarias.

Cualquier pago relacionado con la deuda también deberá ser informado por parte del Ejecutivo a la Junta de Supervisión Fiscal.

Durante la reunión quedó establecido que el Gobierno cuenta con dos semanas para presentar a la Junta el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico.

Además del Gobierno, la Junta deja bajo su control directo a entidades como el Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos, y Alcantarillados, es decir, las principales corporaciones públicas de la isla.

La Junta, reunida en el edificio Alexander Hamilton del Servicio de Aduanas de nueva York, está integrada por republicanos José Carrión, Carlos García, David Skeel y Andrew Biggs, mientras que José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos son demócratas.

La reunión estuvo acompañada de protestas tanto en las afueras del edifico de Nueva York como en varios puntos de la capital puertorriqueña.

La ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión Fiscal, fue aprobada el pasado junio por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que Puerto Rico pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda superior a los 60.000 millones de dólares.