El proyecto que buscaba prohibir que los menores de 18 años pudiesen someterse a tratamientos hormonales o a cirugías para construir la identidad de género fue colgado en la mañana de este martes en una vista pública de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

Teniendo el rechazo de la comunidad Lgbttiq+ y el de la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, la medida ahora no pasará a ser analizada en el hemiciclo de la Cámara, pues obtuvo en comisión ocho votos en contra y uno a favor. La única persona que apoyó la medida fue su autora, la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y miembro del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Ortiz.

Votaron en contra del proyecto el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, así como los representantes José “Conny” Varela, Deborah Soto Arroyo, Héctor Ferrer Santiago, Jesús Manuel Ortiz, Mariana Nogales, José Rivera Madera y Bernardo Márquez.

“Ha sido derrotado”, fue lo único que dijo Burgos Ortiz en la vista de markup que se transmitió por Facebook.

En entrevista con Primera Hora, Ferrer Santiago señaló que en el proceso de vistas públicas se falló en llevar a médicos especialistas en estos procesos hormonales, como ginecólogos.

“Pedí ponencia del Colegio de Médicos y grupos que usualmente trabajan con este tipo de terapias o procesos hormonales, que es un grupo multidisciplinario de médicos, nunca las llegué a ver”, señaló.

Comentó que leyó que en Estados Unidos los médicos que trabajan con terapias hormonales han rechazado este tipo de medidas legislativas. Por tal razón, Ferrer Santiago afirmó que “no surgió prueba” que le convenciera de la necesidad de prohibir estos procedimientos en la Isla.

“Ya la medida, pues, es el punto final para ella. Murió en comisión”, indicó Ferrer Santiago.

Primera Hora intentó conseguir una reacción de Burgos Ortiz, pero la comunicación telefónica en su oficina es inexistente ante una avería registrada en el Capitolio.

La secretaria de la Familia fue la principal voz opositora de la medida. A su juicio, “el Departamento de la Familia no puede fomentar legislación que vulnere derechos y/o constituyan una intromisión en el derecho a la patria potestad de los padres. El asunto sobre la identidad de género debe verse caso a caso y no como un asunto punitivo. Dar paso a que se prohíba que un ser humano escoja ver y sentirse de acuerdo con su identidad so pena de que ello constituye maltrato o negligencia, vulnera unos de los derechos más fundamentales de nuestra Constitución en cuanto a que la dignidad del ser humano es inviolable y todos somos iguales ante la ley”.

Mientras, grupos religiosos fueron los que apoyaron la medida durante las vistas públicas.

“La prohibición que se pretende con este proyecto es consistente con la responsabilidad estatal de no exponer a los menores de edad a intervenciones médicas que comporten el peligro de ser irreversibles pudiéndose verse ellos afectados tanto en su desarrollo físico-cognoscitivo como hundirlos en la esterilidad”, dijo en las vistas el sacerdote católico Carlos Pérez.

El proyecto de la Cámara 768 busca clasificar como un maltrato someter a un menor de 18 años a tratamientos hormonales o cirugías para construir la identidad de género no congruentes a la genética sexual. Esta medida también condena a los médicos que someten a menores a estos tratamientos con multas de hasta $30,000, así como a que los planes médicos cubran las mismas. Las multas a estas últimas empresas serían de $100,000.