El presidente de Proyecto Dignidad y excandidato a la gobernación por esa colectividad, César Vázquez Muñiz, solicitó hoy a la Oficina de Ética Gubernamental, que reconsidere el referido que hicieron sobre expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Desde el mes de junio, Proyecto Dignidad ha realizado manifestaciones y refirió a Ética al funcionario por expresiones que este realizó en una vista pública a la que fue citado para expresarse sobre un proyecto de ley de la autoría de la senadora de Joanne Rodríguez Veve, que buscaba requerir a menores de 18 años la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal para practicarse un aborto.

“Hoy quitamos el derecho a las niñas, mañana a los homosexuales. Vamos a eliminar cosas que nuestros padres y abuelos lucharon por conseguir. Ese pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto los derechos individuales siempre ha defendido las causas justas. Faltaría ponerle una capucha a las mujeres y un cinturón de castidad, eso es algo impropio”, dijo Emanuelli Hernández.

El funcionario también tildó de “fundamentalistas” a “los del movimiento de ustedes” mientras le respondía a la senadora.

No obstante, el pasado 6 de julio la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) notificó que no investigarían a Emanuelli Hernández.

Un mes después de esa determinación, Proyecto Dignidad pide reconsideración e indica en un comunicado de prensa que considera “inapropiada” la respuesta de la OEG.

Y es que la OEG centró principalmente su determinación en el hecho de que con sus expresiones, Emanuelli Hernández no obtuvo ningún beneficio.

“Este argumento es equivocado pues no todos los incisos del artículo 4.2 tienen como requisito un beneficio económico. Esto es así para el inciso (o) usurpar un cargo o encomienda; inciso (p) destruir propiedad pública; inciso (q) declarar como verdadero lo que le conste que es falso; Inciso (r) omitir el cumplimiento del deber causando pérdida de fondos públicos”, argumentó el Vázquez Muñiz.

“Ni la carta recibida, ni ese comunicado publicado por la Oficina de Ética Gubernamental atienden el hecho de que el secretario incurrió en violación a la ley 178—2001, según enmendada, en su artículo 2(10), la cual dispone de manera puntual que el Secretario de Justicia de Puerto Rico no podrá ‘hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político partidista’”, cerró diciendo el también doctor.