El Proyecto Dignidad (PD) demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para reclamar su “derecho” a permanecer como franquicia electoral, luego que se destituyera a todos los empleados y representantes de la Oficina del Comisionado Electoral del partido y se ordenara el cierre de sus operaciones para el 13 de enero.

El comisionado electoral del partido, Juan Manuel Frontera Suau, explicó en conferencia de prensa-que se celebró esta mañana a las afueras de la sede principal de la CEE-que la acción- que se tomó a través de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera- es una clara “violación” al Código Electoral ya que el Artículo 3.10(1) dispone el término de vigencia para los nombramientos de los comisionados electorales con franquicia electoral hasta, al menos, el próximo 30 de junio “siempre que su Partido haya retenido su franquicia electoral después de la más reciente Elección General”. Reiteró, además que su partido mantiene la franquicia.

La demanda se emitió luego de que Padilla Rivera no respondiera a la carta que le envió Frontera Suau el sábado, vía correo electrónico, buscando que revertiera su decisión.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de los votantes que respaldaron a Proyecto Dignidad y a sus candidatos, decenas de miles de electores y que, al amparo del Código Electoral…tenemos derecho de tener representación igualitaria en la Comisión de Estatal de Elecciones”, comentó el también licenciado ante la prensa.

“Nosotros entendemos que el Proyecto Dignidad es una partido con franquicia electoral a la luz de los resultados de las elecciones del (2024) que van a ser certificados durante el día de hoy y esa franquicia electoral le otorga, no tan solo la capacidad de estar hasta el 23 de junio de 2025 en al Comisión Estatal de Elecciones, sino que el recurso que estamos presentando estamos también trayendo a la atención del tribunal que entendemos que la estructura operacional del Código Electoral del 2020, que solamente le reconoce a tres partidos con franquicia, representación en la Comisión Estatal de Elecciones y todo lo que…no sean esos primeros tres quedan fuera (es) una estructura que violenta la Constitución y violenta la igual protección de las leyes”, agregó.

El no contar con una representación “efectiva” del PD colocaría a la voluntad del pueblo que apostó por los candidatos afiliados a este partido en una posición “inferior”, máxime ante las posibles demandas que se emitirán una vez se otorguen las certificaciones de candidatos victoriosos en los comicios generales, apuntó Frontera Suau. El comisionado electoral presentó, como ejemplo, que esto afectaría, precisamente, la posición del PD una vez se active la Ley de Minoría, ya que su partido está reclamando un escaño en la Cámara de Representantes.

“Hay una controversia genuina de derechos en ese aspecto. Esa controversia se va a extender luego del 31 (de diciembre) y los demás partidos minoritarios que están reclamando esos mismos escaños van a tener todo el baqueo de la Comisión Estatal de Elecciones y el Proyecto Dignidad no”, detalló momentos antes de ser interrumpido por un grupo de manifestantes que gritaban vehemente y repetidamente “¡adjudiquen la intención del pueblo!”.

Lo que dice la demanda

Frontera Suau sometió ayer la sentencia declaratoria al Tribunal de Primera Instancia en San Juan solicitando “que emita una orden de cesa y desista a la intención por parte de la presidenta…de la destitución de todos los empleados del Proyecto Dignidad en la Comisión Estatal de Elecciones y el cierre de las oficinas de este comisionado al 13 de enero”.

“Sometemos ante la consideración esta solicitud de Sentencia Declaratoria, Injunction Preliminar y Permanente, para que este Honorable Tribunal intervenga y emita una orden de cese y desista a la CEE de implementar las determinaciones informadas mediante cartas fechadas el 27 de diciembre de 2024″, lee el documento.

“Estas determinaciones constituyen no tan solo un error en la interpretación de varias disposiciones del Código Electoral, sino que a su vez constituyen una violación a los derechos constitucionales de los electores que con su voto lograron, no tan solo que PD obtuviera su franquicia electoral en las Elecciones Generales del 2020, sino que la retuviera en las Elecciones Generales más recientes. Estas determinaciones constituyen, además, una violación de los derechos a la igual protección de las leyes de esta colectividad, de sus empleados y representantes ante la CEE”, continúa.

Según reza la demanda de 28 páginas, fue el 27 de diciembre que la CEE, a través de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera, “le notificó mediante carta al Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Lcdo. Juan M. Frontera Suau…que efectivo el 13 de enero de 2025, se procedería al cierre operacional de la oficina del Comisionado de PD”.

Ese mismo día, se le entregaron a Frontera Suau las cartas de destitución de los nueve empleados que están adscritos a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), los tres adscritos a su oficina y dos empleadas adscritas a la Junta del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA).

“De hacerse efectiva la intención de la CEE comunicada en sus cartas del 27 de diciembre de 2024, los electores que han votado por PD para que les represente como partido ante la CEE, así como dicha colectividad y su Comisionado Electoral, sufrirán un daño irreparable que solo puede prevenirse mediante la intervención de este Honorable Tribunal emitiendo una Orden de Injunction Preliminar preservando el status quo en lo que se dilucida la controversia planteada. Ese daño irreparable se demuestra por la falta de representación efectiva e igualitaria que tendrían estos electores y la colectividad ante el pleno de la Comisión, en violación a la Sentencia del 21 de enero de 2021 y al Artículo 3.10(1) del Código Electoral, 16 LPRA § 4520″, dice la demanda.

“Esa falta de representación, una vez se le es arrebatada a un partido en la CEE, no se le puede remediar, ya que las determinaciones y deliberaciones tomadas por el pleno en su ausencia y la ejecución de los procesos electorales en la CEE que requieren participación igualitaria de los partidos con franquicia electoral se llevan a cabo, no tienen manera de restituirse a remediarse”, procede.

Los codemandados, además de Padilla Rivera, son los comisionados electorales Aníbal Vega Borges, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Karla González Angleró, del Partido Popular Democrático (PPD), Lillian Aponte Dones, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Roberto Iván Aponte Dones, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Primera Hora solicitó una reacción de la presidenta alterna a través de su portavoz de prensa. Este medio aguarda respuesta.