El Senado aprobó esta tarde, con el mínimo de votos, el proyecto que sienta las bases para que el Departamento de la Familia cumpla con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, (Family First Act, en inglés).

La medida, Proyecto del Senado 537, que se aprobó en un segundo informe de conferencia, pasa a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

Recibió 14 votos a favor y 11 en contra. El portavoz novoprogresista, Thomas Rivera Schatz anunció que su delegación votaría en contra.

El proyecto se había aprobado en el Senado en marzo de 2022, pero estuvo varios meses detenido en un comité de conferencia de ambas cámaras legislativas, por un tranque con la palabra género. En la Cámara, la pieza legislativa logró pasar en marzo de este año con 28 votos a favor y 20 en contra, en su mayoría de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP). El portavoz de la delegación, Carlos “Johnny” Méndez reclamaba que se sacara el lenguaje sobre identidad de género.

Luego que se aprobó en la Cámara, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo que la medida tenía los votos para ser aprobada en la Cámara Alta. “Yo estoy de acuerdo con que no se discrimine, lo que pasa es que cambiaron el lenguaje y aunque no tenía problemas con el lenguaje, hay legisladores que sí tenían problemas. No se eliminó, se modificó el lenguaje”, indicó Dalmau Santiago.

La medida dispone en el Artículo 2 sobre política pública, que “se deben implementar programas y servicios dirigidos a familias y menores, con peritaje en trauma y basados en evidencia, que busquen el fortalecimiento de las destrezas de crianza de los padres y madres custodios, y la provisión de servicios de consejería y tratamiento sin importar raza, color, nacimiento, origen o condición social, ideas religiosas o políticas, así como por sexo, orientación sexual, identidad de género ni trasfondo social o cultural de los integrantes de la familia nuclear del menor”.

También en el Artículo 8, sobre las obligaciones de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia, en la parte que hacía referencia a la “equidad de género” fue eliminado el término “género”.

La pieza de ley dispone que la Junta debe incentivar que haya padrinos y madrinas de la empresa privada que den apoyo económico para crear iniciativas para el desarrollo de servicios a las familias en las comunidades y que se ofrezcan talleres de capacitación dirigidos al manejo de la agresividad, conflictos, prevención de maltrato a menores, prevención del maltrato de animales, equidad (de género, término que fue eliminado), y toma de decisiones participativas, (entre otros)”.

“Esta legislación fomenta el proveer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los vínculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al menor, evitando el trauma de la separación innecesaria de los padres e hijos. La política pública se enfoca en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables para evitar remociones, mantener la unidad familiar o reunificar al menor con su familia”, detalla el proyecto.

La Ley también implementará un “procedimiento estándar para el manejo de acciones judiciales de menores extranjeros que no ostentan el estatus migratorio de residentes permanentes para alinear estas prácticas con los nuevos requisitos federales”.

El Senado también aprobó hoy un proyecto de ley que busca añadir un inciso a la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para incluir entre sus poderes y deberes la facultad para identificar y crear las herramientas que permitan a las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down poder insertarse y mantenerse en la fuerza laboral. La medida, Proyecto del Senado 839, también, busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 a los fines de establecer una deducción contributiva a los patronos de empresas privadas que empleen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down.

“Aquí hay un proyecto donde dice que vamos a darle un incentivo a los que contraten a las personas de la comunidad de autismo y síndrome Down, personas vulnerables y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hace unos cálculos que puede ser de $2 a $5 millones y por eso ellos no le van a dar paso… (Pero ellos, la Junta) ya han gastado sobre dos millones de dólares en asesores… No vamos a dejar que la insensibilidad de ellos nos arrope a nosotros y vamos a luchar por los más vulnerables”, expresó el senador novoprogresista, Gregorio Matías, autor de la medida.

Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, quien votó a favor de la pieza legislativa dijo que “hay que confrontar a la Junta con las necesidades del pueblo de Puerto Rico, cuando son necesidades justas para garantizar los derechos de las personas”.

Otro novoprogresista Carmelo Ríos Santiago indicó que “en esta medida si hay que enfrentar a la Junta, vamos a enfrentarla, más que una retórica de un proyecto legislativo, hay que ponerle cara y espíritu a esta medida”.

El senador popular, Ramón Ruiz Nieves, dijo por su parte, que no es una pieza legislativa más. “Es muy triste que tengamos que recurrir a enmendar el Código de Rentas Internas para tener que darles un incentivo contributivo a los patronos para que le den el derecho que les asiste a estas poblaciones de participar en un empleo digno y de poder desarrollarse”, indicó Ruiz Nieves.