La Cámara de Representantes dejó sobre la mesa ayer un proyecto de ley que aumenta a cinco años el término de los miembros del Panel de Ex Jueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) y les prohíbe tener contratos con el Gobierno, corporaciones públicas y municipios.

De convertirse en ley la medida, pone en tres y dos a la presidenta del Panel de Ex Jueces, Nydia Cotto Vives, quien mantiene contratos con agencias del Gobierno.

El proyecto estaba incluido en el calendario de la sesión de ayer con un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico y de Ética, pero el portavoz de la mayoría penepé, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que se dejó pendiente porque será objeto de un caucus. “Hay compañeros que tienen unas inquietudes”, dijo Méndez.

Primera Hora supo que los legisladores evalúan una enmienda para permitir que los miembros del Panel mantengan contratos con el Gobierno y se inhiban cuando tengan que intervenir en controversias relacionadas con las agencias que los contraten. En los casos de inhibición, entrarían en funciones los ex jueces suplentes.

“Los miembros del Panel de Ex Jueces lo que reciben es una dieta de ciento y pico de dólares, por lo que necesitan los contratos”, dijo una fuente.

La medida, como está redactada, les prohibiría contratar con agencias públicas y con los municipios, mientras sean miembros del Panel y el año anterior al nombramiento.

El proyecto de la representante Lourdes Ramos dice en su exposición de motivos que para garantizar la pureza de los procedimientos es necesario que las determinaciones del Panel estén fuera de toda duda de parcialidad o conflicto de interés. “Esta Asamblea Legislativa persigue, con la aprobación de esta medida, que la figura del Panel Especial Independiente sea una libre de todo vestigio de parcialidad”, dice la medida que propone aumentar de tres a cinco años la vigencia de los nombramientos del Panel, que actualmente está integrado por tres ex jueces.

El informe de la medida sostiene que el trámite para designar a los miembros del Panel es minucioso y costoso. “Llevar a cabo el mismo cada tres años, siendo este periodo tan corto, no es efectivo y se traduce a un gasto adicional para el pueblo de Puerto Rico”, dice el informe.