Proyecto busca regular el uso de los four tracks
En lo que va de año al menos cuatro personas han fallecido y otras siete han resultado heridas en accidentes relacionados al uso de vehículos todoterreno.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
PUBLICIDAD
El legislador José Banchs, del gobernante Partido Nuevo Progresista, anunció hoy que radicó el Proyecto de la Cámara 2044, para enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito, y de Seguro de Responsabilidad obligatorio, para limitar el uso de los vehículos todoterreno en las vías de Puerto Rico.
Las enmiendas incluyen restricciones al uso de vehículos todoterreno en zonas urbanas y expresos, límites en cuanto a horario, días y edad para transitar en las carreteras pavimentadas, autorización para reglamentar las características físicas y mecánicas de los vehículos todo terreno y seguro compulsorio.
"La ofensiva contra los 'four tracks' y las medidas punitivas impuestas no han propiciado la seguridad pública", sostuvo Banchs en un comunicado de prensa emitido este jueves.
"Por el contrario, el uso ilegal ha continuado con el agravante de que, los costos económicos de los accidentes y los daños a la propiedad han sido sufragados por todos en la sociedad", afirmó el legislador.
Banchs mencionó que en lo que va de año, al menos cuatro personas han fallecido y otras siete han resultado heridas en accidentes relacionados al uso de vehículos todoterreno.
"La prohibición absoluta al uso de dichos vehículos en las vías públicas no ha reducido sustancialmente su operación en las carreteras pavimentadas del país, tampoco ha reducido los accidentes relacionados a su uso en la vía pública", aseguró.
A través de los años, se han presentado múltiples piezas legislativas para atender la situación.
Sin embargo, ante la ausencia de soluciones completas, el Estado ha enfocado sus limitados recursos en el procesamiento criminal en lugar de promover el uso responsable, indicó Banchs.
La pieza legislativa propone que los recaudos por registro de vehículos todoterreno serán destinados en un 20 % para el pago de horas extras adeudadas a los miembros de la Policía de Puerto Rico, otros 20 % para el Negociado de Ciencias Forenses, 10 % para servicios de educación especial y el restante 50 % se destinará a los municipios.