Varios sindicatos convocaron una protesta para mañana frente al Capitolio, sede del Legislativo de Puerto Rico, coincidiendo con el mensaje de situación del país del gobernador, Ricardo Rosselló, en protesta contra los previstos recortes en gastos sociales del próximo presupuesto.

El presidente de la Federación de Trabajadores, José Rodríguez Báez, anunció que los sindicatos reclamarán al gobernador que defienda los intereses de los ciudadanos frente a la Junta de Control Fiscal, entidad que exige fuertes recortes que afectarán a la educación, sanidad o los funcionarios, muchos de los cuales podrían ser despedidos.

"Es hora de que el gobernador le haga claro a los funcionarios de la Junta que sus medidas sólo tendrán como resultado empobrecer a nuestro pueblo", sostuvo el líder sindical.

Señaló que esos recortes comprometen los servicios de salud, la seguridad y la educación, reduciendo "a cero las oportunidades para que Puerto Rico pueda salir adelante y superar, tanto la crisis fiscal, como la recesión económica".

La manifestación está convocada por la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, Unión General de Trabajadores y la Hermandad de Trabajadores Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, entre otras asociaciones de trabajadores.

El primer mensaje, mañana, de Rosselló de situación del país desde que asumió el cargo a inicios de enero coincidirá con la presentación ante la Junta de Supervisión, impuesta a la isla por Washington para tratar el asunto de la deuda, de un plan fiscal que genera recelo por los esperados recorres en gasto social.

El gobernador, que con 37 años se impuso en las elecciones del pasado noviembre de este Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, tiene ante sí la exigente prueba de cumplir con la entidad que impuso el Congreso en Washington para dar solución a una descomunal deuda que ronda los 70,000 millones de dólares y, al mismo tiempo, no defraudar a la ciudadanía.

La Junta de Supervisión Fiscal quedó establecida tras la aprobación el pasado verano de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), una normativa que surgió ante la imposibilidad del Gobierno local de pagar a sus acreedores.