Un grupo de legisladores anunció hoy, martes, su respaldo a una propuesta para imponerles a los bonistas una tributación del 50% de los intereses que generen a partir de la deuda extraconstitucional de Puerto Rico.

La medida contenida en el Proyecto de la Cámara 2382 busca enmendar el Código de Rentas Internas con la creación de la “Ley Habilitadora del Programa de Rehabilitación Económica de Puerto Rico”, con la que se pretende recaudar $1.4 billones.

Se trataría de ingresos recurrentes a utilizarse para el pago de la deuda extraconstitucional, para el plan de pensiones de los retirados, generar nuevos empleos e inyectarle capital para desarrollo económico a los municipios.

La deuda extraconstitucional es la cantidad de dinero adeudada por la administración de una instrumentalidad pública. Su repago no depende del fondo general.

El principal autor de la pieza legislativa, el representante Javier Aponte Dalmau, explicó en conferencia de prensa que, a diferencia de la deuda pública, que está reconocida como una deuda exenta de contribuciones, la deuda extraconstitucional puede estar sujeta a impuestos sobre la ganancias de intereses.

“Lo que estamos proponiendo es que esa ganancia de intereses tribute solamente en un 50%”, estableció Aponte Dalmau al apuntar que nunca se le ha cobrado a los bonistas impuestos sobre los intereses generados por el dinero prestado a las corporaciones públicas.

El representante destacó que los “prospectus” –los documentos que contienen los detalles relacionados con una inversión- de las corporaciones públicas, “establecen claramente que hay una discreción de los estados, los territorios y las ciudades, y pueden imponer tributo”.

“Eso quiere decir que aquí no se están menoscabando obligaciones contractuales. En el momento en que el estado diga que va a tributar sobre ellos (los intereses), lo puede hacer”, apuntó.

Consideró, además, que con el impuesto, los mismos bonistas tendrían una garantía de repago por el Gobierno estar aumentando sus ingresos recurrentes. Así, dijo, las casas acreditadoras tendrían que mejorar las calificación crediticia de Puerto Rico.

Aponte Dalmau catalogó que, de aprobarse esta legislación, sería la determinación de levantar capital para desarrollo económico y restructuración de la deuda más grande que se haya propuesto en los últimos meses.

La medida cuenta con el apoyo de los representantes de mayoría Nelson Torres Yordán, Luis Ortiz Lugo, Carlos Bianchi Angleró, Víctor Vasallo, Sonia Pacheco Irigoyen, y César Hernández Alfonzo, quienes figuran como coautores.

Asimismo, el senador José Luis Dalmau presentó la misma propuesta en la cámara alta mediante el Proyecto del Senado 1336, y no augura mayores obstáculos para que sea aprobada y luego firmada por el gobernador.

“Los bonistas, utilizando las casas acreditadoras, le han pedido y exigido muchas cosas al gobierno de Puerto Rico. Este es el momento de que ellos también aporten de sus ganancias, que hasta ahora no tributaban en Puerto Rico y, si venimos a ver, en los demás estados sí tributan cuando emiten deuda”, estableció el senador Dalmau.

La medida propone que de los recaudos producto del impuesto se utilicen $500 millones anuales para el repago de principal e intereses de la deuda constitucional ya emitida; $200 millones para las pensiones de los empleados públicos y $500 millones para obras de infraestructura a ser distribuidos por el Departamento de Desarrollo Económico entre el Departamento de Agricultura y la Compañía de Fomento Industrial, entre otras agencias.

Se estipula que el dinero no podrá ser utilizado para aumentar salarios a los empleados públicos ni para cubrir déficits de agencias