Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Waldemar Quiles Rodríguez y Gabriel Rodríguez Aguiló anunciaron que presentarán hoy un proyecto de ley para posponer la imposición del Impuesto de Valor Añadido (IVA) de abril de este año a junio de 2017.

Los legisladores contemplaron la propuesta luego de que el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill, afirmara que la implantación del IVA representaría “otra sacudida a la actividad económica a nivel municipal”. 

La pieza legislativa enmendaría las secciones 6110.04, 4020.01, 4180.01 y 4180.02 de la Ley 1-2011, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de enmendar la vigencia del IVA. Este impuesto entraría en vigor tras el periodo de transición que se fijó con el aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que se aprobó el pasado año de 10.5%, más la porción municipal de 1%, el próximo 1 de abril. 

Según reza de la exposición de motivos del proyecto, “desde la aprobación del IVA en mayo de 2015, han acontecido un sinnúmero de hechos trascendentales que afectan nuestra perspectiva económica. Igualmente, reconocidos economistas han advertido sobre los nefastos efectos que tendría la imposición de un IVA sobre la ya maltrecha economía de la Isla. Entre las consecuencias negativas de la imposición del IVA, ha sido exaltado el inevitable aumento en el costo de vida. Lo anterior, debido a que el efecto cascada del impuesto encarecería el costo de los bienes y los servicios para los consumidores”.

“No podemos pasar por alto las implicaciones de la implementación del IVA, que requerirá la adquisición de tecnología así como el entrenamiento de personal en todos los niveles. La imposición del IVA sin mayor consideración, sin contar con la tecnología y preparación adecuada, podría representar mayores problemas para la frágil economía puertorriqueña”, lee la medida.

De acuerdo con los legisladores, existen otros mecanismos para atener la situación de falta de flujo de efectivo y resaltaron numerosos desarrollos recientes sobre la situación del país.

“En la lucha por resolver nuestra crisis económica, se ha presentado ante el Congreso Federal un proyecto en el que se propone se le permita a Puerto Rico la reestructuración de su deuda mediante el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra. En días recientes trascendió que las negociaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas se encuentran al borde del fracaso. Ha sido expresado por la oficial de reestructuración de la corporación pública que nos exponemos a apagones ante la falta de liquidez. La Corporación para el Financiamiento Público falló el pasado año en pagar más de $200 millones a sus acreedores compuestos en su mayoría por cooperativas. Ha trascendido igualmente que la situación de liquidez del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (en adelante “SRE”) se encuentra en peores circunstancias de lo que se estimaba. Se ha proyectado que el SRE quede sin fondos para el pago de pensiones en el 2018”, indicaron los legisladores en un comunicado de prensa conjunto que se emitió este martes.