Legisladores de diversos partidos políticos acogieron con cautela recientemente un proyecto de ley que busca extender de dos a cinco años la inspección obligatoria de autos nuevos y se expresaron a favor de que la medida sea evaluada en vistas públicas con la participación de técnicos de la industria automotriz.

El portavoz de la delegación popular en la Cámara, Ángel Matos García, autor del Proyecto de la Cámara 1876, dijo que su expectativa es que la medida sea aprobada en la presente sesión ordinaria que culmina a mediados de noviembre próximo. El Proyecto de ley fue radicado el pasado 28 de septiembre y fue referido a la Comisión de Transportación y Obras Públicas del cuerpo legislativo.

La medida, que enmienda la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, sostiene en su exposición de motivos que las inspecciones periódicas de vehículos de motor en Puerto Rico se llevan a cabo para garantizar que los que transitan por la vía pública se encuentran en condiciones mecánicas que no constituyan una amenaza para la seguridad, además de asegurar que se cumplen con regulaciones locales y federales para mitigar daños ambientales.

Al defender la medida, Matos García indicó que la industria de automóviles a través del tiempo ha respondido con el desarrollo de tecnología eficiente en el control de emisiones, lo que permite que, al presente, los vehículos de motor nuevos puedan estar en cumplimiento con las regulaciones de la industria durante los primeros años desde su manufactura.

Reconoció que de aprobarse la medida los centros de inspección sufrirían una merma en la clientela, pero insistió en que el proyecto de ley es solo para autos nuevos. Matos García sostuvo que la medida “no afecta los recaudos” del Estado.

El legislador dijo que se estima que en Puerto Rico hay unos tres millones de automóviles, pero solo se compran unas 100 mil unidades al año.

“Espero que antes de finalizar este mes de octubre, la medida tenga un informe y pueda ser llevada votación al hemiciclo”, sostuvo.

“En momentos en que nos estamos moviendo a la era digital, debemos seguir promoviendo iniciativas para aliviar a los ciudadanos que decidan comprar un auto nuevo que cumplen con las nuevas guías de emisiones”, dijo Matos García.

Primera Hora procuró la opinión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), pero la secretaria de la agencia, Eileen Vélez Vega, dijo que no han recibido la pieza legislativa para el análisis de rigor.

“Estamos en espera de recibir la medida para poder emitir una opinión mediante el trámite legislativo”, indicó la funcionaria por voz de su oficial de prensa, Frances Rodríguez.

La inspección de un vehículo de motor es uno de los requisitos del proceso de renovación anual de la licencia y marbete del carro. Ley 22 exime actualmente de la inspección a los autos nuevos por un término de dos años. Del costo de $11 del certificado de inspección del vehículo, $2 van a manos del DTOP y los restantes $9 al centro de inspección privado.

“No he visto el proyecto, creo que es una idea buena, pero hay que analizarla, hay que tener el insumo del CESCO (Centro de Servicios al Conductor), de las estaciones de inspección. Entiendo que los carros cuando son nuevos a partir de los tres o cuatro años es que comienzan a dar problemas. Creo que (la medida) sería una manera de agilizar y economizar algún tipo de dinero también a los dueños de vehículos”, expresó, por su parte, el representante novoprogresista, Luis “Junior” Pérez Ortiz.

“Me gustaría analizar el proyecto a base de estadísticas. Se debe traer (a vistas públicas) alguna escuela de mecánicos, de técnicos, la industria automotriz, los concesionarios. Es algo bueno, pero hay que ver hasta qué porciento de realidad está funcionando la garantía de los carros nuevos, que ahora mismo la mayoría es a 10 años. Hay que ver si esa garantía compara con la idea que tiene el señor legislador (Matos García). Estamos dispuestos a analizarlo”, dijo Pérez Ortiz.

No obstante, indicó que “sabemos que la realidad es una y no todas las marcas, sin querer beneficiar a nadie, tienen los mismos beneficios de garantía para los autos”.

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, dijo que la propuesta legislativa “necesita evaluación técnica” y que debe ser analizada en vistas públicas.

“Si lo bajaran por descargue, le votaría en contra porque no tengo la información técnica”, apuntó la legisladora.

“La vida útil de un carro por la obsolescencia programada son 10 años, incluso las fábricas automotrices producen piezas para esos vehículos por 10 años, después las descontinúan. Pienso que habría que tener una vista pública o una discusión con expertos técnicos para poder tomar esa determinación porque no puede ser arbitraria ni por capricho, sino que uno tiene que pensar por cuánto tiempo el auto está en perfectas condiciones de funcionamiento y eso lo debe saber un mecánico, una persona vinculada a la industria. Creo que ninguno de los legisladores aquí somos mecánicos y no tenemos los criterios suficientes para tomar una decisión así”, sostuvo Nogales Molinelli.

El representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz, por su parte, favoreció extender la inspección a tres años, pero dijo que cinco años “es mejor eliminarla”.

“La intención original de la inspección es asegurar que los vehículos de motor que transitan en las calles cumplan con unos requisitos de seguridad óptima para proteger tanto a los conductores, pasajeros como transeúntes de accidentes causados por ineficiencias o desperfectos en los autos. Qué se chequea en las inspecciones, que los frenos funcionen bien, que las bandas están bien, que los ‘wipers’ limpian bien los cristales, que las luces funcionen, así como las luces de señalización”, indicó el legislador.

Dijo que la propuesta de Matos García tiene lógica, “pero el que un vehículo sea nuevo no quiere decir que una bombilla de señalización no se le haya fundido o a veces hay accidentes, no los reparan y los vehículos no están en condiciones para proveer las medidas de seguridad en las carreteras”.

La presidenta de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, Gretchen Hau Irizarry, dijo que solicitó memoriales al DTOP y al Departamento de Justicia “en espera de sus comentarios y precisaremos si vamos a vista pública”.