Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes eliminaría la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la sustituiría por la Corporación de Energía de Puerto Rico, entidad que permanecería en manos del estado pero que permitiría que la producción energética esté abierta al libre mercado.

Al presentar el proyecto de ley de su autoría, el representante Javier Aponte Dalmau afirmó que la AEE ha perdido vigencia en el panorama económico actual, y ha sido incapaz de generar eficiencias operacionales que redunden en mejores servicios y bajos costos de electricidad.

“Hoy la AEE, su política administrativa y operacional, no son cónsonas con la realidad económica del país, por lo que hay que hacer un cambio inminente”, señaló el legislador popular durante una rueda de prensa en la sede del Centro Unido de Detallistas (CUD), en Hato Rey.

Aponte Dalmau estuvo acompañado por su correligionario César Hernández, presidente de la Comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, y por miembros del CUD, entre otras organizaciones comerciales, que suscribieron una resolución conjunta para promover que se evalúen alternativas que reduzcan los costos energéticos.

La medida de Aponte Dalmau, radicada el viernes pasado, establecería un nuevo organigrama en la Corporación de Energía de Puerto Rico para “descentralizar” sus funciones.

Con ese fin, se desmantelaría la actual Junta de Subastas y sus componentes pasarían a ser representantes de cinco agencias públicas ligadas al tema de desarrollo económico, y se prohibiría que la integraran empleados de la AEE.

El objetivo es, según el representante, que ese organismo esté a cargo de los procesos de compra de combustible, y sería supervisado por la Junta Revisora de Subastas, que actuaría de manera separada a la corporación.

Aponte Dalmau enfatizó que, mediante el modelo propuesto, la transmisión y distribución de energía se mantendría bajo el control del gobierno, pero la producción se abriría a competencia, y se insistiría en la diversificación de fuentes energéticas, con especial énfasis en los recursos renovables, si los costos de generación son más bajos que los de la entidad gubernamental.

Cuando se le preguntó si ello supondría quitarle el monopolio actual que tiene la AEE, el legislador respondió en la afirmativa en términos de la generación de energía.

“Si la van a descentralizar (a la corporación), sí, absolutamente”, comentó.

El proyecto no complació al director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, quien rechazó la posibilidad de que se deje en manos privadas la producción energética. Aponte Dalmau, no obstante, aseguró que su plan no contempla privatizar por completo este proceso.

  Alicea dejó la puerta abierta para que la corporación pública pueda competir con entidades privadas, siempre que sea en igualdad de condiciones. Argumentó que, cuando se complete la conversión a gas natural de las unidades en las centrales eléctricas, el costo de producción sería más bajo en la AEE que en las compañías privadas.

Alicea advirtió que todavía no ha revisado el proyecto de ley, pero dijo que Aponte Dalmau se reunió con él la semana pasada para discutir los detalles. El titular de la AEE opinó que la medida carece de suficiente análisis.

“Para tú poder llegar a conclusiones como las que se plantean, él tiene que entender más la AEE... Aceptamos cualquier propuesta dirigida a reducir costos, pero tiene que ser cuantificada, no puede ser de forma conceptual”, dijo Alicea a este medio.

Durante la rueda de prensa, Aponte Dalmau resaltó que hace unos meses compartió algunos detalles de su propuesta con el asesor del gobernador Alejandro García Padilla en temas energéticos, y afirmó que “lo vio con buenos ojos”. 

Señaló, además, que si la pieza se convierte en ley, los empleados de la AEE conservarían todos sus derechos adquiridos, se mantendría la organización sindical, y se honrarían las obligaciones con los bonistas.

La propuesta de “reforma energética” también dispone que la corporación pública tendría que revisar cada dos años ante la Asamblea Legislativa su estructura tarifaria, que igualmente tendría que contar con el aval de la Junta Reguladora de Utilidades Públicas para entrar en vigor.

La junta reguladora remplazaría a la actual Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, y además de los asuntos energéticos, fiscalizaría los servicios de telecomunicaciones y cable.

Este nuevo organismo evaluaría todas las propuestas para fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas que sean a base de costos reales de la Corporación de Energía, y aprobaría las tarifas tras celebrar vistas públicas.

Alicea favoreció la idea, pero dijo que requiere mayor estudio por entender que podría afectar el fideicomiso que garantiza los bonos de la AEE.

Aponte Dalmau también sometió una resolución para crear una comisión especial temporera en la Legislatura que tendría a su cargo examinar las maneras más económicas de suministrar un servicio de energía eléctrica eficiente.

Aunque no pudo precisar si sus piezas legislativas serían consideradas próximamente en la Cámara de Representantes, opinó que se debería comenzar por crear la comisión especial que sugiere para iniciar el diálogo en torno a la transformación del sistema energético.