Pronostican que medidas de la gobernadora dispararían costos de primas de seguros médicos
Miembros de ACODESE con interés de ir a la Legislatura a defender sus posturas y a aclarar dudas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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La directora de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), Iraelia Pernas, advirtió que podrían surgir aumentos en los costos de las primas de seguros de salud si se aprueban las medidas legislativas propuestas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y que incluyen enmiendas para el Código de Seguros y a la Ley de Farmacias de Puerto Rico.
Los proyectos de administración, dijo la Primera Ejecutiva, pretenden, entre otras cosas, agilizar el proceso de adjudicación y pagos de las reclamaciones sometidas por lo proveedores de servicios de salud y dejar establecido que ninguna discreción médica para recetar medicamentos o proveer tratamientos sea alterada por los criterios de revisión clínica que utilizan las aseguradoras.
“Muchas veces hemos escuchado de pacientes que les recetaron este medicamento o este estudio y la aseguradora dice que no pagará por ese medicamento o estudio porque no es el que corresponde… esa determinación no puede ser validada por la compañía aseguradora”, dijo la gobernadora durante el anuncio en el que puso también el ejemplo de que “si el doctor le recetó (a un paciente) una percocet la aseguradora no puede venir a decir que es tylenol lo que va a tomar porque el criterio médico o el tratamiento lo establece el médico y no la aseguradora”.
En entrevista con Primera Hora, la licenciada Pernas dijo que la asociación está pendiente a examinar las medidas legislativas, al tiempo que confirmó que, al menos, hasta el mediodía de hoy la organización no había sido invitada a participar de algún proceso de evaluación en la Legislatura donde a partir de mañana a la 1:00 de la tarde se llevará a cabo una sesión extraordinaria convocada por la gobernadora para atender una veintena de proyectos.
Se le inquirió una reacción a comentarios de la gobernadora que señalan como “abuso” e “injusticia” algunas acciones realizadas por las aseguradoras de salud.
“No coincidimos… penosamente ella tiene su criterio y opinión y entiendo que es basado en comunicaciones que le pudieron haber llegado. No suscribimos tampoco que la industria de seguros de salud esté abusando de los pacientes. Este es un sistema bien complejo, es altamente regulado y hay que tratar cada tema desde una justa perspectiva”, indicó.
“Tengo que adelantar que muchas cosas que ella mencionó como asuntos a ser tratados ya están reglamentados, como lo es la ley de pagos puntual y la revisión de utilización de servicios también”, agregó.
Pernas dijo que augura una “controversia” ante “la falta de conocimiento de cómo operan los contratos”.
“Ahí es que interesamos contribuir… nosotros somos una industria seria y el peso de lo que la industria de salud aporta al país no se puede tomar a la ligera”, manifestó.
Por ejemplo, mencionó que cuando la gobernadora menciona que no habrá requisitos de referidos para tener acceso a servicios con el plan Salud Vital “hay que ver a qué se refiere concretamente” porque esa acción implica cambiar “completamente” el sistema de operación y los controles que lo rigen.
En días recientes la gobernadora informó que los 1.2 millones de beneficiarios del nuevo plan de Salud Vital no necesitarán un referido para recibir los servicios.
“Ante el incremento de los casos positivos al COVID-19 reportados por el Departamento de Salud, se emitió una carta normativa a las aseguradoras y a las Organizaciones de Cuidado Dirigido (MCO’s) y proveedores de servicios en la cual establece que efectivo inmediatamente los pacientes o beneficiarios del plan Vital no tendrán que solicitar y presentar referidos para recibir los servicios médicos, laboratorios, radiologías y servicios hospitalarios”, dijo entonces la Primera Ejecutiva.
Según Pernas, en el caso del plan Salud Vital se maneja con fondos federales provenientes de Medicaid y esos servicios incluyen unos controles de cuidado dirigido y decir que se accederá a los mismos sin referidos perjudicaría la financiación del programa de salud.
“El detalle está en las formas en que se escribe la legislación y qué concretamente se va a proponer y, si en efecto, incluye a todas las aseguradoras privadas o comerciales… porque si es así, podríamos hacer la ley perfecta, pero si al final pone en riesgo la financiación de servicios surgiría un problema porque las primas van a subir… y mucha gente que hoy tiene un plan de salud por el que paga, probablemente con estas disposiciones ya no lo podrá hacer. Es un tema complejo y hay que tomarlo con detenimiento y ver las repercusiones y aclarar las bases de esas propuestas legislativas”, acotó.
“Te puedo adelantar que a la medida que flexibilizas indiscriminadamente el acceso a servicios cuando tienes un presupuesto finito y limitado podría producir como resultado inevitable un aumento en primas”, expresó.
Pernas dijo estar confiada en que se le dé oportunidad de participar en alguna vista presencial, virtual o emitir las opiniones de la asociación de manera escrita.
“Lo importante es que siempre hemos tenido voz en las comisiones de salud de ambos cuerpos y, entendemos, que una vez tengamos los documentos los miraremos con responsabilidad”, manifestó sobre la organización que representa a los planes medicos MCS, Mapfre, First Medical, Humana, Auxilio Salud y Delta Dental.
La gobernadora explicó que una de las medidas promueve acortar el periodo de tiempo que tienen las aseguradoras para responder las reclamaciones de denegatoria cubierta por servicio o tratamiento de salud de 72 a 48 horas y en el caso de medicamentos controlados reducirlo de 36 a 24 horas.
De otra parte, se evaluará también un proyecto del Senado para establecer la “Ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresas”. Esta ley, dijo, buscará protecciones al consumidor y “control de costos fuera de la red de proveedores” para evitar que los pacientes sometidos a servicios de salud sean sorprendidos posteriormente por facturas y costos de procedimientos que las aseguradoras alegan que no fueron cubiertas, esto sin consultar antes a la persona.