La procuradora general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Elizabeth B. Prelogar, renunció a su derecho a presentar una contestación a la petición al recurso de certiorari presentada por el exalcalde de Vega Alta y convicto de cargos federales, Juan Manuel “Mane” Cruzado, contra el fiscal federal Stephen Muldrow.

“El Gobierno por la presente renuncia a su derecho a presentar una contestación a la petición en este caso, a menos que así se lo solicité el Tribunal”, lee el documento.

Ahora, le tocará al comité evaluador del Tribunal determinar si se remite el caso, decisión que tendrá que someterse hoy.

“Esto no quiere decir que yo voy a estar con un caso gano en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No. Esto lo único que yo puedo interpretar es que, a nivel de distrito, nunca se debieron haber dado las acusaciones porque no son defendibles a ningún nivel. Ni en el Apelativo ni en el Supremo”, arguyó Cruzado hoy en conferencia de prensa.

Con la renuncia de Prelogar, el comité evaluador del Tribunal Supremo de los Estados Unidos analizará las cuatro preguntas contenidas en el certiorari, que cuestionan: si es posible que un fiscal de distrito radique un pliego acusatorio solamente con su propia firma, si un juez o magistrado puede enmendar un pliego acusatorio sin que participe uno de los abogados del Gobierno que estuvo ante el Gran Jurado, si el pliego acusatorio tiene que estar o no firmado por todos los fiscales que participaron en la determinación de causa y si el Tribunal de Apelaciones cometió un abuso de discreción judicial. Estas interrogantes tienen base en las presuntas violaciones a las Reglas 6 y 7 que se cometieron cuando se arrestó y se acusó a Cruzado, argumentó.

“Si el planteamiento de derecho que yo hago no es correcto, o a ellos no les interesa, ellos -como el Tribunal más poderoso de esta Tierra- tienen la facultad de decir ‘lo denegamos’. Yo estoy esperanzado que el Tribunal acoja mis preguntas, que son preguntas muy sencillas. Tienen que ver con mi procesamiento”, explicó.

El exalcalde fue encarcelado durante cinco años por delitos federales de lavado de dinero, extorsión a contratistas e interferencia con testigos del caso, cargos que se le fueron imputados tras un viaje al Desfile Puertorriqueño en Nueva York en 2001.

A raíz de esa condena, la cual ha reiterado por décadas de ser “injusta”, Cruzado sometió un certiorari en enero, insistiendo que “las Reglas 6 y 7 (del Procedimiento Criminal Federal) fueron violadas cuando yo fui arrestado, acusado y procesado” ya que “no podía ser arrestado bajo las condiciones en las que fui arrestado”.

Además, estableció que el Tribunal Apelativo “abusó de su discreción” al denegar el mandamus que sometió contra el entonces fiscal federal, Stephen Muldrow, por ser el único en firmar los pliegos acusatorios y no responder al escrito de apelación ante ese Tribunal, foro que luego denegó el mandamus. Señaló, asimismo, que el juez Gustavo Gelpí estuvo involucrado, ya que aparentemente enmendó el pliego acusatorio contra Cruzado sin la participación de los fiscales, por lo que caracterizó sus acciones como “negligentes”.

“Los jueces del Apelativo, en otros ánimos que no es el de justicia, me denegaron la solución o el recurso que yo había presentado”, adujo el exalcalde popular. “Eso, en español, quiere decir que esos tipos son unos abusadores. Están abusando de su poder ahí”, continuó.

“Gelpí está frito si el Tribunal Supremo decide continuar con mi caso”, añadió.

Primera Hora requirió una reacción de la Fiscalía federal en Puerto Rico, ofrecimiento que fue declinado.

“Yo no voy a limpiar inodoros”

Ante un puñado de sus amistades, partidarios y varios medios de comunicación, Cruzado relató la larga trayectoria desde que dejó la poltrona municipal hasta los años que lleva en la libre comunidad, tiempo que ha enfocado en limpiar su récord, ya que adjudica las acusaciones con intenciones políticas partidistas.

Previo a su arresto, se le impuso una fianza de $100,000 por la malversación de unos $14,000 de fondos municipales.

“A mí se me acusó, el principal cargo que yo tengo en el pliego acusatorio, de robarle al municipio de Vega Alta. Le decíamos en los documentos en el Tribunal ¿qué fue lo que se robó? ¿Qué fue lo que yo me robé? ¿Qué fue? ¿De qué partida? Nada”, sostuvo. “Yo nunca le robé un centavo al municipio de Vega Alta”, recalcó.

Resaltó, como lo ha hecho en varias ocasiones, que el impacto que ha tenido las acusaciones, el cual continuamente cataloga como irregulares e injustas, lo ha llevado a “vivir en la miseria”.

“Los cinco años de cárcel y los tres años de libertad supervisada (me han hecho) vivir en la miseria, porque después de que salí de la cárcel no me empleaba ni me emplea nadie de acuerdo a las calificaciones que yo tengo, yo no voy a limpiar inodoros. No voy a limpiar inodoros, porque no tengo necesidad de eso (porque) yo recibo seguro social”, comentó.