La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, denunció este martes que ni la Policía ni el Departamento de Justicia, entre otras agencias de ley y orden, se comunican con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para discutir los casos de desaparición y secuestro de mujeres.

La queja está contenida en una ponencia que realizó ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, la cual se reunió en vista pública para indagar sobre la falta de seguridad que enfrentan las féminas.

Según planteó Boria, el pasado 23 de septiembre tuvo que convocar una reunión de emergencia con el Negociado de la Policía, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud. Aludió a que “estos esfuerzos se debieron a la falta de comunicación con la OPM por las agencias de ley y orden quienes son llamadas y autorizadas a investigar, manejar y procesar situaciones de esta índole”.

Comentó que, tras la reunión, tuvo que solicitar información sobre estadísticas, procedimientos y el estado de las investigaciones. Indicó que les dio 10 días a las agencias para que le dieran los datos, los cuales no han vencido. Solo la Policía le contestó, dijo a la prensa.

Aclaró, de paso, que su denuncia se debe a que no cree aceptable que cada vez que se reporte un caso de violencia contra una mujer el personal de la OPM tenga que llamar a las agencias mencionadas para solicitar información o convocar reuniones.

“Aquí lo que sucede es que hay una falta de estructura. No puede seguir la OPM llamando”, puntualizó.

A los legisladores también le indicó que cuando se reunió con los representantes de la agencia se percató que había falta de comunicación entre las agencias.

“Noté que entre las agencias no se estaban proveyendo información. Eso lo vi entre ellos”, sostuvo.

Pidió, además, que no se trate esta situación de secuestros y desapariciones de mujeres solo porque está de moda en las redes sociales.

“Esto no es un ‘trending topic’. Esto es un problema que tenemos de siempre y tenemos que trabajar con ello. Tenemos que invertir en nuestras niñas y educar con perspectiva de género”.

Boria clamó, por las razones mencionadas, por una estructura que se active de manera inmediata cuando se registre un caso para que todos trabajen en conjunto.

De paso, la procuradora reclamó que se le preguntara a la gobernadora Wanda Vázquez la razón por la que a un año de decretarse una alerta nacional por la violencia de género no se ha logrado establecer ninguna estructura para que las agencias trabajen en conjunto o por qué todavía no se ha aprobado un plan para lidiar con la problemática.

Informó que favorece las medidas impulsadas bajo una alerta o emergencia nacional, pero insistió que se necesitan fondos para implantar más medidas a favor de la mujer.

“Yo favorezco que se implemente con fondos, independientemente del nombre que se le dé”, precisó, al insistir que la OPM es una agencia fiscalizadora y no investigativa.

Dijo que, en el caso de la OPM, han aumentado en 110% los servicios, a pesar de que solo tienen 17 empleados. Dijo que por esta falta de personal, se requiere de mayor colaboración del pueblo y del gobierno para atedender la problemática.

Cabe destacar que un secretario auxiliar de Justicia, Daniel Vélez, y una representante del Departamento de la Familia, Corally Veguilla Torres, no supieron decirles a los legisladores si la alerta nacional decretada el 4 de septiembre de 2019 rindió algún efecto o si sus agencias han participado en poner en vigor medidas a favor de la mujer a través de tal decreto. Dijeron estar dispuestos a buscar la información para entregarla a la Comisión.

Defienden a la Policía

Por otro lado, representantes de los departamentos de Justicia y de la Familia rechazaron que exista problemas de comunicación con la Policía. De hecho, la fiscal María Esther Hernández Medina planteó que, en casos de desaparición o secuestro, “el apoyo se da a diario y es un esfuerzo que se da rápido”.

Otro funcionario de Justicia, el director de la División de Legislación, Iván Soto Vergés, afirmó que la agencia siempre ha estado dispuesta a colaborar con otras entidades del gobierno.

“No conozco de ninguna solicitud de asistencia”, señaló cuando se le cuestionó sobre algún pedido de ayuda o intervención de la OPM.

Mientras tanto, Veguilla Torres, quien es directora de la División Legal de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, también destacó la colaboración que reciben de la Policía. Sostuvo que, “en cuanto a (casos de) menores, no tengo conocimiento que ella (Boria) haya” solicitado la asistencia de la agencia.

La procuradora, sin embargo, cree que es Familia la peor agencia para conseguir información.

“Su silencio es ensordecedor”, llegó a decir a la prensa.

Entretanto, Boria destacó que la OPM no tiene la autoridad única para emitir la alerta Rosa, aprobada el 2 de octubre de 2019 bajo la Ley 149. La misma comunica públicamente casos de desaparición o secuestro de mujeres de 18 años o más.

Explicó que la regulación estipula que “en los casos que así lo amerite, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, en conjunto con la OPM, podrá determinar el realizar una alerta pública”.

Denunció a la Comisión que la Policía ni siquiera le ha enviado a la OPM el protocolo para activar la alerta.

A la vista pública se ausentó el Departamento de Seguridad Pública, el cual cobija al Negociado de la Policía. El presidente de la Comisión cameral, Félix Lasalle Toro, informó que realizará una segunda vista para atender la resolución 59. La misma busca investigar todo lo relacionado al aumento en los casos de desapariciones y secuestros, principalmente de mujeres y niñas.

En los pasados días, ha trascendido que en lo que va del año unas 18 mujeres reportadas desaparecidas este año permanecen sin ser localizadas. El caso más sonado fue el de Rosimar Rodríguez, quien fue secuestrada frente a su hogar en Toa Baja. Ayer, lunes, se confirmó que su cadáver fue encontrado en Dorado.

Veguilla Torres informó en su ponencia que de las 18 mujeres desaparecidas este año, 10 son menores de edad.

En la vista pública también se habló sobre la necesidad de enmendar todo lo referente al delito de la trata humana para que Justicia puede llevar más casos de este tipo a los tribunales.

El Departamento de la Familia también reveló que a agosto de este año unos 59 menores y jóvenes de los 932 que se encuentran en los establecimientos residenciales de la agencia están “evadidos”. De estos, 21 son menores de 18 años. Se trata de ocho niñas y 13 niños. De los mayores de 18, hay 16 mujeres.

La supervisora del área de trabajadores sociales de Familia, Yolanda Rosario Álvarez, alegó que estas evasiones se dan “porque no aceptan esta disciplina que se le da en estos lugares”.

No supo indicar estadísticas de evasiones de hogares sustitutos ni tampoco pudo dar cifras de aquellos que están clasificados como evadidos y de los que no se sabe nada de su paradero.

Si usted es una mujer víctima de violencia de género puede comunicarse con la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al Servicio de Emergencias 9-1-1.