La Procuraduría de las Mujeres, el Colegio de Abogadas y Abogados y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) se opusieron hoy a un proyecto de ley que busca configurar como doble asesinato en primer grado, el crimen que tenga como resultado la muerte de una madre como del feto.

La medida, que también busca tipificar como asesinato en primer grado la provocación de la muerte del concebido, aun cuando la mujer gestante no muera, fue respaldada por José Antonio Rodríguez, padre de Keishla Marlén, así como por, representantes de grupos religiosos.

La pieza legislativa propone enmendar el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico para crear la ley que se conocería “Keishla Marlén”, en respuesta al feminicidio de la joven Keishla Marlén Rodríguez Ortiz, quien fue asesinada de forma cruel mientras se encontraba en estado de gestación. El cadáver fue recuperado el sábado primero de mayo de 2001 de la Laguna San José, bajo el puente Teodoro Moscoso, en San Juan, a donde fue lanzado amarrado de pies y manos con cables. Por los hechos que conmocionaron al País, está pendiente de juicio en el foro federal, el boxeador Félix Verdejo, quien se alega sostenía una relación extramarital con la joven de 27 años.

Sobre Verdejo pesan tres acusaciones federales: secuestro con resultado de muerte, robo violento de vehículo con resultado de muerte (carjacking) y homicidio de un niño por nacer.

El Proyecto de la Cámara 715, es del representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz.

“El Código Penal ya tiene una disposición que cataloga como agravante que el delito (de asesinato) fue cometido cuando la persona está en estado de gestación”, indicó el licenciado Javier Flores en representación de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo en una vista pública ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

A preguntas del presidente de la comisión legislativa, Orlando Aponte Rosario, el licenciado Flores reconoció que el Código Penal establece que la persona nace cuando se desprende del útero, por lo que la propuesta legislativa “riñe con esos postulados jurídicos”.

El abogado sugirió enmendar el artículo 67 del Código Penal que exceptúa los delitos cuyo término de reclusión sea de 99 años, como lo es el asesinato en primer grado, de aquellos en los que el tribunal podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias agravantes.

“Lo sugerimos como una opción para proteger al naciturus y a la madre, diferente a la de enmendar el artículo 93″, sostuvo Flores.

Añadió que el ordenamiento jurídico también “reconoce una protección en el ámbito penal al nasciturus al configurase como delito el aborto por fuerza o violencia, disponiéndose penas de entre 8 y 15 años de prisión.

“Nuestro llamado a la Asamblea Legislativa es a elaborar políticas públicas arraigadas en un enfoque de igualdad social, que logre viabilizar la construcción de una sociedad más justa y equitativa y en la que los derechos que las mujeres hemos alcanzado, fruto de décadas de constantes luchas, no puedan verse menguados, contenidos o erradicados”, sostuvo la Procuradora en la ponencia escrita.

La funcionaria sostuvo que el lenguaje propuesto en los artículos que la pieza legislativa propone enmendar “pudiera servir de fundamento para que en el foro judicial se argumente la alegada personalidad jurídica del concebido no nacido más allá del ámbito penal que aquí se contrae y dar base para la presentación de litigios y la interpretación judicial de derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y su embarazo, según ello ya está reconocido en nuestro andamiaje jurídico”.

La abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Yaharia Colón Rodríguez sostuvo por su parte, que la propuesta legislativa abre las puertas a la consideración de un aborto como un homicidio.

“Aunque se reconoce la urgencia de tratar de manera más efectiva y eficaz el fenómeno de la violencia de género en nuestro País, una enmienda como esta se adhiere a la política criminal expansiva y simbólica que no ha rendido los resultados democráticos esperados. Mediante este proceder, además, se abren las puertas a la consideración del aborto como un asesinato u homicidio”, esbozó Colón Rodríguez en la ponencia de la SAL.

La letrada indicó que “si en realidad se pretende un mayor grado de protección al nasciturus, lo más correcto sería revisar la disposición correspondiente al aborto mediante fuerza y violencia que se encuentra en el artículo 100 del Código Penal”. Añadió que “esto evitaría tener que enmendar incorrectamente la definición de persona natural en nuestro ordenamiento jurídico con las consecuencias que ello podría tener en nuestras formas de responsabilidad penal, así como en el ejercicio del derecho a decidir de la mujer gestante”.

La presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados, Daisy Calcaño indicó la medida es innecesaria. La abogada dijo que “la motivación principal” del proyecto de ley está vinculada a la controversia que ha ocupado la opinión pública en semanas recientes sobre “cuándo se considera ser viviente o persona el óvulo fecundado y la intervención del Estado por medio de legislación en el proceso de salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la toma de decisiones sobre continuar o interrumpir un embarazo”.

“El aborto nunca ha sido un derecho, esto está estipulado a nivel internacional y federal, que es la sombrilla por la que nosotros estamos”, dijo la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz, quien participa en la vista pública.

Burgos Muñiz cuestionó el término inclusivo de persona gestante utilizado por la Oficina de la Procuradora de Mujeres. “Sería absurdo pensar que una persona que no es mujer este embarazada… Son conceptos de ingeniería social que se quieren imponer”, dijo.

Habla el padre de Keishla Marlén

“Vengo aquí como padre... Siempre he estado en contra de los privilegios que tienen los asesinos. Este es un paso que debimos tomar hace mucho tiempo, no solo por la hija mía sino por otras. Una criatura tenga los meses es una vida. Un asesinato de esta magnitud debe pagarse doblemente”, sostuvo José Antonio Rodríguez, padre de Keishla Marlén.

Dijo que apoyaba “100 por ciento (la propuesta legislativa) porque hoy me tocó a mí y después le puede tocar a otros”. Rodríguez pidió a los legisladores que “sean justos, abran su corazón y la aprueben”.

En una ponencia conjunta, el vice presidente de la Fraternidad de Pastores Pentecostales (FRAPE), Iván de la Torre y sacerdote Carlos Pérez Toro pidieron a los legisladores que aprueben el proyecto de ley sin enmiendas y dilaciones.

“Creemos en el derecho a la vida de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables como son los niños en el vientre materno y sus madres y por eso se les debe hacer justicia específica cuando son objetos de crímenes violentos que les quitan ese derecho fundamental a la vida del cual Dios es el garante”, consignaron en la ponencia conjunta.