Presidente del Tribunal Supremo sugiere inconstitucionalidad en reforma de jueces
Federico Hernández Denton advirtió esta noche al gobernador sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma al sistema de pensiones de los jueces.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 11 años.
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El juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, advirtió esta noche al gobernador Alejandro García Padilla sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma al sistema de pensiones de los jueces, según lo dispuesto en el Proyecto de la Cámara 1595.
En una carta enviada al primer ejecutivo, Hernández Denton señala que el proyecto de ley aprobado en la Legislatura "afecta retroactivamente los derechos adquiridos" relacionados con la pensión de retiro de los jueces en funciones.
Al recordar que el proyecto de ley en cuestión fue modificado en las cámaras y que el texto original suscrito por el ejecutivo fue modificado para que las disposiciones no tengan caracter prospectivo, Hernández Denton afirma que la medida que sería referida a La Fortaleza para ser convertida en ley, "posiblemente coloca la reforma de retiro de la judicatura al margen de la Constitución al incidir sobre los principios de independencia judicial, separación de poderes y la protección contra la reducción de salarios y emolumentos".
En la misiva, Hernández Denton señala, además, que esa reforma "no considera los efectos reales que estas tendrían y que no necesariamente resuelven el problema actuarial del sistema" de pensiones de los jueces.
Ataque a la democracia
Convertir en ley la medida modificada de forma "improvisada", de acuerdo con Hernández Denton, "equivaldría a un ataque directo a los principios más básicos de nuestro sistema democrático de gobierno". Por eso, Hernández Denton reafirmó "la más enérgica oposición" a la pieza legislativa y se mostró esperanzado de que García Padilla no la firme.
"Principalmente, tenemos preocupaciones serias con el carácter retroactivo de dichas enmiendas por su posible violación a la Sección 11 del Artículo V de la Constitución, la cual dispone que: 'los sueldos del Gobernador, de los Secretarios de Gobierno, de los miembros de la Asamblea Legislativa, del Contralor y de los Jueces, se fijarán por ley especial, y con excepción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuidos durante el término que fueron electos y nombrados".
La misiva de tres páginas, cuya divulgación a los medios, por parte del oficial de prensa de prensa de la rama judicial, Daniel Rodríguez, se produjo poco después de las 7:30 p.m., plantea la importancia de garantizar la independencia judicial y librar a esa rama del gobierno de represalias e intervenciones indebidas de las ramas hermanas, legislativa y ejecutiva.
Al respecto, Hernández Denton indica a García Padilla que "como usted bien sabe, el propósito de ambas cláusulas (constitucionales) es garantizar la independencia judicial y evitar que la Judicatura esté sujeta a represalias, presiones e intervenciones indebidas por parte de las otras Ramas del Gobierno".
"Por esa razón, toda reforma al sistema de retiro de los jueces debe tener carácter prospectivo". puntualizó el juez presidente del alto foro judicial puertorriqueño. De inmediato, lamentó que "a pesar de este claro mandato constitucional, las enmiendas incorporadas el Proyecto de la Cámara 1595 podrían menoscabar los derechos adquiridos de los jueces que están en funciones".
Énfasis a vulnerabilidad de los legisladores
En la carta, el juez presidente del Tribunal Supremo, imprimió en negritas, para dar énfasis, a las líneas que hacen referencia a "con excepción de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuidos durante el término que fueron electos y nombrados". También se hace énfasis especial en el documento, al marcar de la misma forma otra disposición textual de la Constitución del Estado Libre Asociado en las partes que categóricamente señalan que "ninguna ley", según la Sección 10 del artículo antes citado, "disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento".
El texto íntegro de la carta al respecto señala: "Además le recuerdo que la Sección 10 de dicho Artículo establece que: 'ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramento".
Según Hernández Denton, el Proyecto 1595, según enmendado, "tampoco cumple con los requisitos procesales que exige nuestra Constitución para la aprobación de leyes". En tal sentido, se refirió a la Sección 17 del Artículo III, sobre la limitación a legislar proyectos de ley sobre más de un asunto y que el mismo lo debe expresar así en su título.
Sin embargo, observa en la carta que el título del citado proyecto "asevera que la reforma tendrá una aplicación prospectiva al impactar únicamente a los futuros jueces del Tribunal General de Justicia, cuando en realidad las enmiendas introducidas tienen un impacto significativo sobre los derechos adquiridos de los jueces activos. Siendo así, el proyecto no cumple con esta exigencia constitucional".
Pide firmeza a García Padilla
Si el proyecto es convertido en ley con las criticadas modificaciones hechas por los legisladores a la versión sometida por La Fortaleza, Hernández Denton opinó que los jueces en funciones "la única opción que tendrían para jubilarse con la pensión a la cual tienen derecho actualmente es renunciar a sus puestos en las próximas horas".
No obstante, recordó a García Padilla que al someter recientemente el proyecto, expresó "muy sabiamente", que distinto al magisterio o a otros profesionales, "por tratarse de la rama gubernamental, la Constitución impide que se les deduzcan las compensaciones a los justes que están en su puesto".
Despues de citar textualmente a García Padilla en su compromiso de una reforma judicial distinta a la legislada por senadores y representantes, Hernández Denton sentenció que "como Juez Presidente a cargo de la administración de los tribunales, entiendo que el proyecto que usted presentó originalmente cumple cabalmente con nuestra Constitución".
De inmediato, expresó que "confío en que se mantendrá firme en su posición, y que insistirá en la aprobación de la reforma según presentada originalmente por usted, sin claudicar al deber que juró el 2 de enero de 2013 de proteger nuestra Constitución".
De acoger los planteamientos del juez presidente del Tribunal Supremo, García Padilla tendría, entre otras opciones, el mecanismo de vetar el proyecto repudiado por la rama judicial y someter una nueva pieza legislativa cuya consideración entonces podría producirse en asamblea ordinaria a partir de 2014.