Para el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, hoy comenzó el final de la bancarrota de Puerto Rico con la presentación -ante la corte federal- del Plan de Ajustes del Gobierno para reestructurar la deuda “que es insostenible”.

El ente fiscal sostuvo hoy su decimoséptima reunión pública para presentar el documento -luego de una discusión y análisis de casi tres años- que provee para que la Isla salga de la quiebra y recobre acceso a los mercados de capital.

El plan propone la reestructuración de $35,000 millones de deuda, en término de bonos emitidos por el Gobierno y otras dependencias como la Autoridad de Edificios Públicos, y $50,000 millones de deudas en obligaciones de pensiones. 

El plan -aprobado ayer unánimemente por el ente fiscal- “reestructura la deuda contractual de Puerto Rico y la baja de $4,200 millones, anuales, a $1,500 millones”, sostuvo en conferencia de prensa Ana Matosantos, miembro de la Junta.

Así la deuda se bajaría en un 10%, en comparación con la actual que ronda casi un 30% de los recaudos recurrentes. El plan también establece límites para que la historia de la bancarrota no se repita.

Los miembros de grupo fiscal saben que este plan será litigado, discutido y protestado, pero confían en que el tribunal lo confirme.

De igual forma, aceptaron que este “no es una panacea” para el desarrollo económico, ya que Puerto Rico tiene que atender asuntos como el de su competividad y con el manejo prudente de la deuda.

Sobre los pensionados, Matosantos indicó que un 74% de estos -incluyendo los retirados y los que están laborando- recibirán el 100% de su pensión.

La JSF logró un pre-acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR) que incluye la protección del 61% de los pensionados ya retirados, que son los que reciban menos de $1,200, mensuales.

El recorte máximo para los que reciben más de $1,200, será de 8.5%.

El presidente del COR, el licenciado Miguel J. Fabre, también anunció esta semana que se acordó que el Seguro Social no se tomará en consideración para determinar la pensión, y que se establecerá un fondo de reserva.

Matosantos aceptó que lo que hay detrás del plan es terminar con la incertidumbre que vive el país y que el gobierno -con una deuda sostenible- pueda cumplir con los retirados y con otras obligaciones como servicios de salud, educación y seguridad.

De su parte, José R. González, miembro de la Junta, aclaró que bajo el plan se reducen las acreencias del Gobierno, de $35,000 millones a $12,000 millones.

“Esto significa que el servicio anual de deuda del Gobierno central, relativo de los recaudos anuales del Gobierno bajará de 28% (cuando esté pagando la deuda) a 9%”, sostuvo González.

En cuanto a los $50,000 de pensiones -al recordar que ahora no hay ningún dinero disponible para los pagos- mencionó el establecimiento del fideicomiso a 30 años, que asegurarán el pago de las pensiones.

Respecto a los cuentas individuales de retiro de los servidores públicos -Sistema 2000- que aportaron de su bolsillo $1,300 millones, el miembro de la Junta sostuvo que con el Plan de

Ajuste esos dineros “serían restaurados, segregados y administrados independiente” para que no se usen como se hizo en el pasado, en operaciones ordinarias del Sistema de Retiro.

El Plan de Ajuste también les permite a los bonistas individuales locales recibir bonos con pagos de interés mensuales y les provee seguridad a los empleados públicos mediante convenios colectivos.