Presidente de la Cámara dejará en manos de Ética decidir si tiene jurisdicción sobre exempleada de Lisie Burgos
Janise Santiago Ramos solicitó un equipo público para la celebración de una graduación de un colegio.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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A pesar de que planteó que la Comisión de Ética no tenía jurisdicción sobre la exempleada de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, que había solicitado equipo público para la celebración de una graduación de un colegio que dirigía mientras trabajaba en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo hoy que dejará en manos del organismo dicha determinación.
“Yo hice un planteamiento, pero no limita la facultad de la Comisión. Yo soy bien celoso con los procesos. Hice un planteamiento de mi análisis y lo que, obviamente, se desprende del trabajo de (la Oficina de) Recursos Humanos y desde el punto de vista de que la persona ya no es empleada”, expresó el líder cameral.
En ese análisis, que Hernández hizo público el pasado domingo, 30 de enero, indicó que de acuerdo a la mencionada investigación no existía prueba suficiente que evidenciara que Janise Santiago Ramos había cometido un delito. Dijo que ésta no le facturó horas al erario mientras ejercía funciones privadas con fines de lucro, ajenas a su cargo. Su acción tampoco implicó la pérdida de fondos públicos, dado a que los servicios a estudiantes y sus padres, ya se encuentran presupuestados dentro de los gastos ordinarios de este Cuerpo Legislativo.
“Aunque no sea que haya una investigación en su contra, puede ser traída a comparecer, si se amplía y se incluye, eso puede ocurrir en algún momento”, anticipó Hernández.
La posición del presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, el representante Ángel Matos, es que el organismo sí tiene jurisdicción sobre Santiago Ramos, por lo que no descartó que la exempleada puede ser incluida, junto a Burgos, en la querella bajo investigación.
El presidente de la Cámara refirió a Burgos a la Comisión de Ética que le tocará determinar si la supervisión de la representante de Proyecto Dignidad fue “deficiente, inadecuada o contraria al interés público”. “Hay suficiente información para que la Comisión empiece un proceso de investigación responsable. Después de evaluar, podrían profundizar más y ampliar la investigación dado sus facultades para traer las partes que sean necesarias o evidencia adicional”, expresó.
Burgos Muñiz ha evitado dar explicaciones a la prensa hasta tanto no se complete la investigación.