El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández anunció hoy “una ofensiva” en Washington en reclamo de que Puerto Rico sea incluido en el programa federal de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés).

Hernández dijo que cursó una carta al recién juramentado Presidente de Estados Unidos, Joe Biden solicitándole que su administración desista de la apelación que llevó hasta el Tribunal Supremo federal el saliente presidente Donald Trump en el pleito incoado por Luis Vaello Madero.

“Estos es algo que afecta a todos los puertorriqueños. Todos tenemos un familiar afectado”, sostuvo Hernández en conferencia de prensa en el Capitolio.

El pleito Vaello Madero está pendiente en el Supremo estadounidense con una solicitud de la administración Trump de que se revierta al Primer Circuito de Apelaciones de Boston y al Tribunal Federal en San Juan que resolvieron que es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI solo por vivir en la Isla.

Hernández emplazó a “todos los sectores socio económicos organizados a que se comuniquen a Washington reclamando este programa de justicia social para todos los puertorriqueños”.

Dijo que las personas que requieren la asistencia del SSI “están bajo nivel de pobreza, son discapacitados y adultos que no pueden trabajar”. Hernández recordó que según estimados del propio gobierno federal son sobre 300 mil personas.

“Esto va al corazón de las personas más necesitadas en la lsla. Enviamos una carta a Biden solicitándole que atendiera el asunto y que a Puerto Rico se le considerara en igualdad de condiciones”, indicó el Presidente de la Cámara, quien no considera que el tema del status político de Puerto Rico afecte el caso.

En sus últimos argumentos en el litigio, eel Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que los terroritorios como Puerto Rico no tienen derecho al programa porque que no entraron voluntariamente a la unión americana mediante una negociación.

“A pesar de que Biden favorece la estadidad, colocó un lenguaje neutral del proceso de status como uno de autodeterminación vinculante”, dijo Hernández.

El caso comenzó por una demanda del gobierno de Estados Unidos contra Vaello Madero, para que devolviera los $28,081 que había recibido del SSI después de mudarse de Nueva York a Puerto Rico. El SSI paga un promedio de $575 mensuales a personas sobre con más de 65 años de edad, a ciegos o con otras discapacidades que no tienen los recursos para mantenerse por sí mismos.

Según documentos sometidos por el gobierno federal en el tribunal, de aprobarse el SSI para Puerto Rico, aproximadamente 300,000 residentes de la isla serían elegibles para recibir el beneficio.

“Estamos haciendo un llamado a todos los sectores socioeconómicos del País para que se unan en este esfuerzo y le reclamen al Presidente que el gobierno federal se retire del caso Vaello. La administración de Trump retó la determinación de Boston y apeló con un lenguaje racista que demuestra el alma oscura de los republicanos dirigidos por Trump. Ese lenguaje lacera a la familia puertorriqueña. Ya le llegó el momento de Joseph Biden de demostrar con acciones su contraste en política pública con relación a Puerto Rico. Es una acción que no requiere cabildeo ni hacer uso de recursos”, dijo el líder cameral.

Sostuvo que el reclamo es para que automáticamente aplique a Puerto Rico la decisión del Primer Circuito de Boston.

Hernández catalogó de falacia los argumentos de que los puertorriqueños no pagan contribuciones federales. “Nosotros pagamos seguro social, Medicaid. Todos los pagamos al 100 por ciento igual que en Estados Unidos… Estamos en las jurisdicciones que más aportan al fisco, ahí va el discrimen y no tenemos el beneficio”, agregó.

Dijo que las personas que requieren del SSI mayormente sufren de una condición física o mental que nos les permite trabajar. “La persona no puede producir y no puede pagar seguro social y el Estado tiene que ayudarlos. Si no aceptan (el reclamo) vamos a tener que intervenir en el pleito y movernos en los tribunales costaría mucho dinero”, expresó Hernández.

Aplaudió que la comisionada residente, Jenniffer González Colón se uniera al caso en el Supremo como amiga de la corte en 2019, pero cuestionó el que no levantara su voz en el Circuito de Boston.

“Cuando prevalece la posición de Vaello en el Circuito, (la administración Trump) lo apela con alegatos bien discriminatorios que laceran a la sociedad puertorriqueña y ella tenía que hacer distanciamiento de la posición de la administración y no lo hizo. En ese momento tenía que levantarse como lo hizo rápidamente ahora”, expresó.

“Nunca es tarde si la dicha es buena, pero en aquel momento no dijo ni ji. Se convirtió en Mrs. Trump. Hay que ser consistente no se puede ser veleta”, añadió el Presidente de la Cámara.

Según documentos sometidos por el gobierno federal en el tribunal, de aprobarse el SSI para Puerto Rico, aproximadamente 300,000 residentes de la isla serían elegibles para recibir el beneficio.

Como argumento en contra de la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico, el procurador general de Estados Unidos indicó que, según estimados de la Administración del Seguro Social, eliminar la exclusión tendría un costo para el gobierno federal de entre $1,800 a $2,400 millones por año, para un impacto estimado de $23,000 millones en los próximos diez años.

Planteó que contrario a otros estados, Puerto Rico no paga impuestos federales sobre ingresos, que se usan para costear el SSI.

La defensa Vaello Madero reclama a su vez, que aunque la mayoría no paga esos impuestos, Puerto Rico sí aporta al fisco en contribuciones federales y que, de todas formas, ese programa va dirigido, precisamente, a asistir a las personas que no tienen suficientes ingresos, por lo que no pagan impuestos en ninguna jurisdicción de Estados Unidos.