El nuevo presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, reconoció hoy que el Partido Nuevo Progresista (PNP), enfrenta una crisis política con el arresto y aceptación de culpabilidad de actos de corrupción pública de influyentes alcaldes de la colectividad, mientras las autoridades federales tienen en la mirilla a otros incumbentes municipales.

Hernández Rodríguez, alcalde de Camuy, fue ratificado por unanimidad a presidir la Federación, uno de los cargos que quedaron vacantes con el arresto el pasado jueves del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por un esquema de soborno, extorsión y conspiración en la esfera federal. Tras el arresto, el Panel del Fiscal Especial Independiente suspendió del cargo a Pérez Otero, quien renunció efectivo el 16 de diciembre.

Cinco de los 35 alcaldes novoprogresistas que integran la Federación se ausentaron de la reunión extraordinaria en la que esta tarde se escogió presidente a Hernández Rodríguez. De los cinco ausentes, sólo uno, el alcalde de Utuado, Jorge Pérez, se excusó por motivos de viaje. Faltaron también los alcaldes de Toa Baja, José “Betito” Márquez; de San Sebastián, Javier Jiménez; de Yauco, Ángel “Luiggi” Torres y de Humacao, Reinaldo Vargas. Torres y Vargas han sido mencionados en el esquema de corrupción que destapó la declaración de culpabilidad del ahora exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado y que involucra el recibo de regalos y dinero en efectivo a cambio de contratos a empresas de Oscar Santamaría.

“No podemos tapar el cielo con la mano de que estamos enfrentando una crisis como institución, como Federación de Alcaldes, como partido, pero sin embargo, tenemos que dar frente, tenemos que levantarnos y, a la misma vez, demostrarle a Puerto Rico que las personas que le fallan son en su carácter personal, no representan a la institución, a la Federación y mucho menos, al PNP”, dijo el alcalde de Camuy.

Hernández Rodríguez indicó que ayer se comunicó con la contralora Yesmín Valdivieso para coordinar varios adiestramientos a los alcaldes federados, así también, a los directores de confianza de los municipios para evitar “cualquier suceso”.

Reconoció que al inicio del cuatrienio a cada alcalde se le da adiestramientos anticorrupción, pero dijo que “eso es decisión de cada cual, cada que vez que el alcalde o los legisladores juramentan cogen unos cursos éticos en el Contralor y en la Oficina de Ética Gubernamental. La decisión de si le va a fallar al pueblo es decisión de cada cual”, reclamó.

La reunión, en la que estuvo presente el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, se llevó a cabo en la sede de la Federación de Alcaldes, en San Juan.

“Tanto el gobernador como todos los que estuvimos aquí discutimos el asunto y (el mensaje) es claro, aquí en la Federación de Alcaldes no vamos a tolerar ni un solo acto de corrupción y la persona que haya cometido un acto que llame a las autoridades antes que le toquen la puerta”, dijo Hernández Rodríguez en declaraciones a periodistas acompañado por una docena de los alcaldes que participan en el cónclave.

“Las instituciones van por encima de los individuos y a nosotros nos elige el pueblo cada cuatro años para dar un servicio y ni los municipios ni las personas se pueden ver afectadas por personas que han decidido violar la ley”, sostuvo el Alcalde de Camuy, quien al igual que los alcaldes que lo rodeaban indicaron que no han recibido ningún acercamiento de las autoridades federales.

Dijo que el gobernador no les dio directrices de que cancelen los contratos de los municipios con las compañías Waste Collection y JR Ashphalt, relacionadas a los esquemas de corrupción. “Ese tema el gobernador no lo trajo a atención de los compañeros alcaldes y alcaldesas. Cada alcalde que he visto, ha cancelado los contratos, no sé si todavía queda alguno que no se haya cancelado”, sostuvo para agregar que cada municipio debe verificar si los contratos cumplieron con la ley.

Hernández Rodríguez indicó que para evitar que en el futuro contratistas como Santamaría participen de las reuniones de la Federación acordaron establecer un protocolo de qué funcionarios que no sean alcaldes puedan participar en las deliberaciones. “Eso lo vamos a definir y va a quedar expresamente claro en nuestro nuevo reglamento”, sostuvo Hernández, quien tras el arresto del alcalde de Guaynabo, pasó a ocupar la presidencia interina de la Federación.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo, por su parte, que se trajeron a la mesa ideas, sugerencias y cambios, como limitar la entrada a las reuniones y contratar especialistas para dar charlas a los alcaldes.

“Ya, desafortunadamente, los hechos todos los conocemos, es muy fácil después uno llegar a algún tipo de conclusión, mientras tanto dependes de rumores o sospechas, uno le puede dar un consejo a un compañero pero hasta ahí puedes llegar”, sostuvo Rivera al ser preguntado si algunos alcaldes sabían que el comportamiento del alcalde de Guaynabo no era el correcto y lo apercibieron, pero él los ignoró.

Para llenar otra de las vacantes dejadas por el ahora exalcalde de Cataño en la Junta del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), fue elegido de forma unánime al alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz.