La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, la doctora Mabel López Ortiz, lamentó que la secretaria de la Familia, Carmen Ana González, determinara “criminalizar” a los empleados de la agencia que tuvieron a su cargo el caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa, un niño de 8 años que murió a causa de un severo trauma corporal al que fue sometido mientras se encontraba en custodia de su progenitor, en vez de atender los problemas estructurales y de recursos que enfrenta la agencia para evitar que estos casos ocurran.

En declaraciones escritas remitidas a un día en que González anunciara que refirió a cuatro empleados de la agencia al Departamento de Justicia y que se les suspendió de empleo con paga en lo que ocurre un proceso administrativo en su contra por las presuntas fallas que cometieron al atender el caso, la líder de los trabajadores sociales puntualizó que “la soga siempre parte por lo más finito”.

“Nos parece que el sistema gubernamental es injusto cuando criminaliza a profesionales que enfrentan la falta de recursos que estructuralmente son necesarios para ofrecer servicios de calidad y accesibles a la ciudadanía, especialmente los sectores más empobrecidos, situación que el propio estado ha creado con los recortes a los servicios esenciales, falta de recursos y falta de sistemas organizados y con procesos de coordinación que beneficien a la ciudadanía”, señaló López Ortiz.

Agregó que “hoy, sin conocer los detalles y sin entrar en los méritos de la investigación realizada por el Departamento de la Familia, tenemos que reaccionar en denunciar que se ha fallado al no poner los recursos humanos y fiscales en la agencia que protege a los grupos mas vulnerados en el país. Parece ser que la niñez y la juventud no representan prioridad para nuestro gobierno y que el subterfugio de suspender funcionarios como medida a solucionar el grave problema de protección infanto-juvenil es la solución. Una vez más la soga parte por lo más finito y no se atienden los problemas estructurales que terminan en las noticias tan nefastas como la que lamentablemente experimentó Jeiden”.

La doctora reclamó conocer cómo el Departamento de la Familia atenderá las condiciones de empleo de los trabajadores sociales para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir.

“Estaremos atentas a los resultados de este caso, ya que denunciaremos que un problema eminentemente estructural afecte la imagen, salud y seguridad de nuestros colegas. Los planes y proyectos de austeridad y recortes de servicios esenciales, -que en este caso los servicios sociales no se han reconocido como esenciales- han comenzado con la precarización de las condiciones de trabajo de nuestros colegas. Nos reiteramos, que a mejores condiciones de empleo de los Profesionales del Trabajo Social y todos aquellos funcionarios que brindan servicios esenciales, mejores serán los servicios a la ciudadanía”, concluyó.

Según anunció ayer la secretaria de la Familia, los cuatro empleados de la agencia a cargo del caso de Jeiden pudieron haber incurrido en delitos. Las fallas que le imputó fue “el atraso en la entrega de los informes escritos de las intervenciones, están la falla en el cumplir fielmente con el protocolo establecido en el Manual de Normas, Procedimientos y Estándares de Ejecución sobre el Modelo de Seguridad en la Investigación de Referidos de Maltrato de Menores y hay una falta de supervisión efectiva de los funcionarios que intervinieron en el caso”.

Por la muerte de Jeiden Elier, reportada el pasada 9 de agosto, fue acusado su padre Jonathan J. Santiago Cortés, de 27 años. Este obtuvo su custodia provisional el 4 de julio, luego de que el Departamento de la Familia lo removió del hogar de su progenitora por alegaciones de que el pequeño había sido víctima de un presunto delito sexual de parte de un familiar materno.

Las autoridades le radicaron cargos criminales a Santiago Cortés por asesinato en su modalidad de maltrato (artículo 93b) y violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.