El legislador Roberto Rivera presentó hoy la resolución de la Cámara de Representantes 410 para ordenar una investigación urgente sobre el cierre de escuelas anunciado por el Departamento de Educación de Puerto Rico.

En un comunicado, Rivera señaló que ante esta decisión del cierre de 179 escuelas alrededor de la isla se han levantado preocupaciones entre padres, sindicatos y legisladores sobre cuáles fueron los parámetros utilizados para clausurar las escuelas.

Subrayó que una de las inquietudes es la de que no exista un plan preventivo de seguridad o uso alterno de los planteles, razón por la que se expongan al vandalismo y la posible pérdida de estas estructuras.

"Es importante una vez se determine finalmente cuáles serán los planteles a cerrar se conozca cuál será el plan de acción de estas propiedades que quedarán inutilizadas", expresó el legislador.

La resolución establece un término de 30 días para que la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes refiera un informe respecto a este asunto.

El legislador señaló que "no se puede permitir que estas estructuras se conviertan en estorbos públicos y nos tengamos que lamentar posteriormente. Además de que el Gobierno no tendrá ahorros, sino pérdidas".

"Estas estructuras ante la difícil situación fiscal que enfrenta el país pueden ser utilizadas por los municipios para expandir servicios y generar ingresos adicionales ante la eliminación de los 350 millones de dólares para subsidios, un negocio privado o albergar otro tipo de dependencia gubernamental", concluyó el representante Roberto Rivera.