El presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó este domingo una medida que ordenaría a las agencias del Gobierno a rendir cuentas detalladas a la Legislatura, cada 90 días, sobre el uso de los fondos federales que tienen asignados.

La medida busca asegurar “una eficaz fiscalización y amplia transparencia en el uso” de los recursos federales

“Ante la lentitud del Gobierno de Puerto Rico en utilizar los más de $70,000 millones de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, es necesario que la Legislatura pueda actuar y fiscalizar estos fondos federales”, afirmó Dalmau.

El proyecto de ley crea la “Ley de Transparencia y Salud Fiscal en el Uso de Fondos Federales” y, entre otras disposiciones, establece facultades y responsabilidades de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con Dalmau, esta ley permitiría a la Legislatura “fiscalizar el cumplimiento, el rendimiento, el trabajo que realiza cada agencia y la utilización de los fondos federales para la recuperación”.

Insistió en que, para poder ejercer esa responsabilidad fiscalizadora necesitan de las agencias “toda la información pertinente” y por eso el proyecto de ley dispone que las agencias deberán proveer a la Legislatura “un informe actualizado de la cuantía y origen de los fondos federales recibidos, un itinerario de entrega de dichos recursos, así como de la cuantía y fuente de la aportación estatal que sea requerida”.

Asimismo, deberán presentar “una descripción de la iniciativa, obra o proyecto a ser desarrollado con dichos recursos con detalle sobre los objetivos del desarrollo propuesto y sobre los costos de este; el itinerario de ejecución y las diferentes etapas del proceso tales como evaluación de propuestas, adjudicación de contrato o subasta, inicio del servicio, obra o proyecto a realizarse y fecha de culminación; detalle del proceso mediante el cual se concedió o adjudicó la iniciativa, obra o proyecto y las métricas adoptadas para medir el cumplimiento del itinerario de ejecución, entre otros detalles”.

El presidente del Senado reclamó que han pasado más de cinco años desde los daños provocados por el huracán María y tres años desde los terremotos en el sur de la Isla, sucesos que originaron asignaciones millonarias para la reconstrucción, pero “un reciente estimado de la firma Estudios Técnicos reveló que el Congreso había asignado sobre $74,000 millones para la reconstrucción estructural de Puerto Rico”, pero “el gobierno estatal ha sido extremadamente lento, ineficiente, para ejecutar un agresivo plan de desarrollo de obras y proyectos que sirvan para impulsar la economía local”.

El también líder del Partido Popular Democrático (PPD) indicó que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa es una entidad creada por la Ley 1 de 2023, que se originó a través de un proyecto planificado en conjunto entre el Senado, la Cámara de Representantes, el gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “para darle los recursos económicos a la Asamblea Legislativa, para poder fiscalizar el bueno uso de los fondos de la Rama Ejecutiva”.

Agregó que la Junta dio la asignación de $3 millones para esa Oficina, y en abril próximo estarían nombrando el personal de la misma, que estimó sería una docena de funcionarios especialistas “en presupuesto y en cosas de contabilidad fiscal y auditoría”.

“Para velar por la seguridad y la salud fiscal de los constituyentes, es necesario monitorear el proceso desde su asignación por parte del Gobierno Federal, hasta la culminación de la iniciativa, obra o proyecto para el cual fueron destinados dichos fondos”, insistió el presidente del Senado.

A preguntas de la prensa sobre esos requisitos de información que establece la ley, Dalmau indicó que podrían ayudar a velar porque se usen a tiempo aquellos fondos que tienen fecha de expiración.

Cuestionado sobre si eso no impondría una carga adicional al trabajo de las agencias, y si todo eso no era un trabajo que hacía la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el presidente senatorial sostuvo que, “cuando la agencia emite un anuncio, o una conferencia de prensa sobre un proyecto, lo que le está presentando a ustedes, que nos envíen la copia. Eso no es más trabajo”.

“Para hacer una subasta tienen que ponerlo en computadora, y tienen que publicarlo. Para hacer un contrato, tienen que anunciarlo y tienen que informárselo al Contralor. De la misma manera, que nos incluyan en esa lista de ejecución y que se la envíen a la Asamblea Legislativa”, insistió, agregando que COR3, “cuando se le pregunta, ellos dicen que están haciendo el trabajo, pero no vemos la ejecución”.

Agregó que el trabajo que haría la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa va a “fiscalizar, auditar que esos trabajos se estén llevando a cabo correctamente. Y si necesitan legislación, estamos disponibles para aprobarla”.

Primera Hora preguntó si la disposición a modificar o crear legislación para acelerar o ayudar a dar uso a los fondos podría dirigirse a entidades sin fines de lucro que ya están haciendo proyectos o incluso han terminado y entregado proyectos de reconstrucción, y Dalmau sostuvo que “eso ya es una ejecución del gobierno”.

“Si el Gobierno quiere utilizarlas lo puede hacer. Si el Gobierno quiere utilizar los municipios, lo puede hacer. Y no lo hace”, afirmó. “El Gobierno, si tiene la disposición de asignarles los fondos, lo puede hacer. Pero ya eso es la Rama Ejecutiva. No somos nosotros”.

El proyecto de ley el domingo no tenía todavía número asignado, porque sería radicado formalmente el lunes.

Gobierno rechaza imputaciones de lentitud y falta de transparencia

Tras darse a conocer la medida que radicará el presidente del Senado, el Gobierno, a través del director ejecutivo de COR3, Manuel A. Laboy Rivera, catalogó de “incorrectas” las expresiones de que el Gobierno es extremadamente lento para ejecutar un plan de desarrollo de proyectos o que el manejo de asignaciones federales para la reconstrucción sea ineficiente.

“Actualmente existen más de 7,000 proyectos encaminados, incluyendo 2,600 proyectos en construcción, y sobre $1,000 millones en fondos de obra permanente adelantados desde el 2021. La inmensa mayoría de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), se obligaron a partir de finales del año 2020, como por ejemplo las asignaciones de dinero para los proyectos de reconstrucción para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Educación, entre otros. Atado a esto, se encuentran las restricciones del Gobierno de los Estados Unidos con las que la Administración Pierluisi tuvo que trabajar hasta lograr que fueran eliminadas o se flexibilizaran, gracias a la credibilidad y confianza en las estrategias del Gobierno de Puerto Rico”, afirmó el ingeniero Laboy.

El director ejecutivo de COR3 destacó como una de las estrategias exitosas la implementación del programa piloto que adelanta fondos de las obligaciones de FEMA a agencias, municipios y entidades sin fines de lucro que no cuentan con el capital para desarrollo de proyectos permanentes.

Laboy insistió en que “la reconstrucción se tiene que hacer correctamente para que nuestra infraestructura sea resiliente y enfrente futuros desastres”.

“La Administración del gobernador Pierluisi se asegura que la infraestructura de la Isla se reconstruya mejor y más resiliente, pero con sentido de urgencia, transparencia y en cumplimiento con los requisitos federales y estatales”, indicó Laboy.

El ingeniero dio la bienvenida a cualquier iniciativa en favor de la reconstrucción, así como su transparencia, pero recordó que ya existe el Portal de Transparencia de COR3, que “ha sido catalogado por FEMA como una de las mejore herramientas en su categoría en los Estados Unidos”, y contiene información sobre los fondos asignados, obligados y desembolsados relacionados a la recuperación de desastres.

Laboy aseguró ademas que, en lo que respecta a rendición de cuentas, tanto a nivel estatal como federal, COR3 participa activamente de vistas públicas y responde a requerimientos de información por parte de la Legislatura sobre los fondos de reconstrucción. Asimismo, rinde informes periódicos mensuales y trimestrales a la JSF sobre los programas y fondos de reconstrucción de FEMA, y cada seis meses presenta ante el Congreso un informe sobre el estatus y progreso de las obras relacionadas a los desastres de los huracanes Irma y María, y también participa periódicamente de vistas públicas en el Congreso y atiende requerimientos de información de comités y subcomités de Cámara y Senado federales, y otras entidades como la Ofician de Responsabilidad Gubernamental federal (GAO, en inglés).