En momentos en que se refleja en Puerto Rico un alza en feminicidios íntimos con el reporte 19 casos para este año -según datos del Observatorio de Equidad de Género en Puerto Rico (OEG), el cual incluye la muerte de una víctima que fue agredida en el 2022, pero falleció a causa de los traumas en mayo pasado- el Departamento de Justicia presenta nuevas medidas para frenar estos crímenes y combatir la violencia doméstica y sexual.

En marco de la conmemoración de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y la jefa de fiscales Jessika Correa, anunciaron la aprobación de una orden administrativa que proveerá a los fiscales herramientas que buscan prevenir los feminicidios y reforzar el procesamiento efectivo de este tipo de delitos de índole criminal.

Entre las herramientas que marcan un nuevo giro en las investigaciones e intervenciones de las autoridades, se destaca una evaluación de riesgo o “danger assessment” que busca identificar mediante un cuestionario de 20 preguntas claves el riesgo de letalidad que tiene cada víctima que busca ayuda en la agencia.

Se trata de un cuestionario, que será parte del protocolo de investigación de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia y que fue creado por la profesora Jaqueline Campbell, quien dirige el departamento de enfermería de la Universidad Johns Hopkins (Maryland) en 1986. La implementación de la herramienta se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Coordinadora Paz para la Mujer.

Trascendió que Campbell -enfermera de profesión- hacía trabajos de investigación con víctimas de violencia doméstica y abuso sexual y en un momento dado se percató que muchas de las personas, posteriormente, eran asesinadas. La frustración ante lo que ocurría la llevó a investigar durante cinco años cuáles eran los factores o denominadores comunes entre las víctimas fatales. Tras un extenso análisis, Campbell -quien participó del anunció de Justicia vía Zoom-desarrolló un instrumento de valoración de riesgo que intenta determinar en qué casos es más probable que se produzcan nuevas agresiones e, incluso, determinar mediante escalas científicas aquellos casos en que la violencia puede culminar en muerte.

“Esta herramienta ha probado tener un 90% de certeza”, adjudicó el secretario de Justicia al explicar que la nueva técnica es parte de un conglomerado de medidas “centradas en las víctimas y de conformidad con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi, quien extendió recientemente la declaración de emergencia para erradicar la violencia de género”.

La evaluación de riesgo, implementada a través de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores (DCUE) de Justicia es utilizada por 48 estados de la nación americana y nueves países promueven la identificación de factores de riesgo como medida de prevención de muertes violentas, se informó en la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede principal de la agencia.

“El fiscal ampliará su función pues, además de encargarse del procesamiento criminal, podrá trabajar el aspecto de la prevención, contando con una herramienta científica confiable. Este instrumento ayudará a la víctima a protegerse y al fiscal a tomar decisiones procesales y, en algunos casos hasta en la determinación de formulación de cargos”, puntualizó por su parte la directora del DCUE, Laura Hernández Gutiérrez.

Hernández Gutiérrez agregó que, de identificarse un riesgo inminente de muerte en la evaluación, la persona será referida inmediatamente a la división de Ayuda a Víctimas y Testigos e, incluso, se le buscará albergue. Esta acción será independiente de que se determine o no que un caso se radique en un tribunal.

De otra parte, la jefa de fiscales precisó que la herramienta, así como un Manual del Fiscal para la Investigación y Litigación de los casos de Violencia Sexual -un instrumento interactivo al que se accede mediante un QR Code y que tendrá disponibilidad de vídeos explicativos y exclusivos para los representantes del Ministerio Público- estará disponible para los 350 fiscales que laboran para Justicia, quienes serán adiestrados a estos fines.

“Más allá de enfocarse en la convicción, se tratar de procesar los casos en atención a las necesidades de las víctimas de modo que se sientan que se les ha hecho justicia durante el proceso, de principio a fin, evitando la revictimización”, subrayó Correa.

Se precisó que el manual abarca, entre varios temas, cómo se debe intervenir con víctimas en crisis en casos de abuso sexual o, por ejemplo, cuando la persona agredida tiene diversidad funcional. Otro ángulo desarrollado es la importancia del examen médico-forense cuando el abuso es facilitado mediante drogas y alcohol, así como la intervención adecuada que debe haber en los hospitales.

En este sentido, la veterana ginecóloga forense, Linda Laras, reconocida por su trayectoria de atención a menores y adultos víctimas de violencia sexual a través del Centro Salud Justicia de Puerto Rico, realizó unas cápsulas informativas en la que explica a los fiscales paso a paso cómo se evalúan los casos de abuso sexual en términos forenses, información que fortalecerá los casos a nivel de procesamiento criminal.

“El hecho de que el manual cobre vigencia mediante una orden administrativa (2023-08) del secretario de Justicia asegura la implementación y continuidad del esfuerzo”, expresó la fiscal Hernández Gutiérrez, al agregar que este lunes comenzaría la Academia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales para capacitar a todos los fiscales sobre las nuevas medidas y las enmiendas recientes a leyes y protocolos que se utilizan para el manejo y procesamientos de estos delitos.

Los talleres incluirán temas como: investigación forense de las escenas de feminicidios manipuladas para aparentar suicidio, el valor de la ciencia y el testimonio pericial en la investigación, así como el rol del intercesor y las necesidades de las víctimas, entre otros.

Radiografía de feminicidios íntimos y análisis de procesos judiciales

Según datos del OEG, hasta la fecha en Puerto Rico se han perpetrado 19 feminicidios íntimos y de estos, según explicó la directora del observatorio, Irma Lugo Nazario, siete se trata de casos en el que el feminicida se quitó la vida. Otros 10 están en alguna etapa procesal judicial y dos bajo investigación.

Otro dato que resalta es que 16 ocurrieron con armas de fuego. “De estos, 13 tenían portación de armas”, detalló Lugo Nazario.

Explicó, además que entre los feminicidios íntimos registrados para el 2023 se incluye el caso de una víctima que fue violentada a finales de 2022, pero falleció posteriormente por complicaciones de la agresión en mayo pasado.

Un análisis realizado por el OEG de los procesos judiciales entre 2014 a 2019 respecto a los feminicidios íntimos y que debe observarse por las autoridades es que se determinó que existe poca información disponible en los expedientes judiciales que permita desarrollar perfiles de las víctimas y los victimarios y esbozar las circunstancias y contextos de los feminicidios íntimos que fueron procesados en los tribunales, datos esenciales para identificar la magnitud del problema y diseñar estrategias de prevención, atención y protección.

Esta es una situación que, según la fiscal Hernández Gutiérrez, podrá recopilarse de ahora en adelante a través de la compulsoria evaluación de riesgos que harán los fiscales en todos los casos de violencia doméstica y abuso sexual.

Además, el OEG identificó falta de uniformidad en la recopilación de la información en diferentes momentos del proceso, que pudiera con mejores controles internos garantizar que los diferentes documentos y formularios sean completados de manera consistente y uniforme.

“Los formularios y documentos que observamos en los expedientes judiciales tenían el fin de documentar gran parte de esta información, pero estaban incompletos en su mayoría. Los casos criminales y civiles archivados por muerte de la parte peticionada no identificaban la manera y causa de su muerte”, lee el informe.

De otra parte, en los casos de feminicidios íntimos con sentencia final y firme revisados, se identificaron algunos puntos que el observatorio cree que deben ser considerados en la identificación de factores de riesgos asociados con la violencia feminicida y en el diseño de estrategias de prevención tales como: un bajo nivel de educación formal entre los victimarios; la mayoría de los casos ocurrieron en la residencia de la víctima; una mayor diferencia de edad entre la pareja; en una tercera parte de los casos, el feminicidio fue presenciado por los hijos o hallaron el cadáver; la falta de información sobre la posesión de armas legales e ilegales, sobre consumos de alcohol o sustancias psicoactivas; falta de información sobre ideación/intentos de suicidio previos que permitan entender su relación con índices de letalidad en situaciones de violencia íntima y/o doméstica; y falta de información sobre la raza o el color de piel de víctimas y victimarios.

Algunas de las recomendaciones generales a diversas entidades de gobierno, rama judicial y ejecutiva incluyen: la creación de una Junta Revisora de Casos Letales (Feminicidios y la Violencia de Género; adiestramientos sobre prevención de estrangulamiento e intentos de estrangulamiento en todas las agencias involucradas en el proceso judicial (considerando que una víctima de estrangulación tiene 700% de ser asesinada, según datos ofrecidos por Justicia); y adiestrar de manera continua y de manera obligatoria al personal del poder Judicial sobre temas relacionados con atender la violencia de género, incluyendo la sexual y doméstica.

Además, se sugiere que se debe solicitar información sociodemográfica de la víctima y del acusado; y destinar recursos para la atención adecuada a la salud mental de los menores que son testigos o hallaron los cuerpos sin vida de sus madre para garantizarles reparación integral al daño sufrido; fomentar y brindar acceso a educación secundaria y postsecundaria con perspectiva de género dentro de las prisiones para los convictos de feminicidios; y legislar para asegurar que en casos criminales relacionados con violencia de género, una vez finalizada la sentencia, se le debe dar seguimiento a la persona liberada con terapia psicológica, intervenciones de profesionales del trabajo social por un periodo de 2 a 5 años.