El presupuesto aprobado para el año fiscal 2023-2024 ha generado preocupación entre los trabajadores judiciales, pues aseguraron que existen discrepancias entre ese cálculo y las partidas asignadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Plan de Retribución de los empleados del Poder Judicial.

A finales de junio, la JSF certificó el nuevo presupuesto de $31 mil millones dividido en: $12,740 millones (41%) con cargo al fondo general, $13,265 millones (43%) de fondos federales y $5,017 millones (16%) de fondos especiales estatales. Además, el nuevo presupuesto incluye $37 millones para el Plan de Clasificación y Retribución de la Rama Judicial, de los cuales $11.2 millones son destinados a jueces, aunque la distribución de estos fondos requiere un mandato de ley.

Según el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Amílcar Gerena Román, “la diferencia sustancial de $8.1 millones menos respecto al presupuesto aprobado… genera inquietud y levanta cuestionamientos entre los componentes de la asociación”.

Por esto, hizo un llamado a los miembros de la JSF y a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, en aras de que sean transparentes y ofrezcan detalles sobre la asignación de fondos y expliquen las discrepancias en los presupuestos.

“La matrícula de empleados judiciales merece una explicación clara y detallada sobre cómo se llegó a esta decisión y qué medidas se tomarán para garantizar el correcto funcionamiento del Plan de Retribución. Es esencial que la retribución sea justa, adecuada y cónsona con el valioso trabajo que realizan los empleados del Poder Judicial en la administración de la justicia”, reclamó Gerena.

A juicio del líder del gremio, el Plan de Retribución para los empleados judiciales es una herramienta crucial para asegurar la justa remuneración y el reconocimiento adecuado de su trabajo esencial en el sistema judicial. Sin embargo, la asignación de fondos, significativamente inferior a lo aprobado, “plantea serias dudas sobre el compromiso real de las autoridades con la justicia y el bienestar de quienes desempeñan funciones fundamentales en el sistema legal”.

“El plan no puede ser implementado de manera aislada, sino que debe ir acompañado de un aumento salarial proporcional y equitativo para todos los empleados judiciales”.

De igual modo, el presidente instó al gobernador Pedro Pierluisi, así como a los líderes legislativos, a “tomar cartas en el asunto y revisar la asignación de los fondos al mencionado plan. Es responsabilidad del gobierno y de los líderes políticos asegurar que el sistema judicial cuente con los recursos adecuados para funcionar de manera eficiente y justa”.

Asimismo, aseguró que la Asociación continuará vigilante de este tema y tomará las acciones necesarias para asegurar que los derechos y el bienestar de sus miembros sean protegidos.