“Terror” es lo que sienten las víctimas de violencia de género cuando sus agresores se encuentran en la libre comunidad, afirmó la directora del albergue Hogar Nueva Mujer de Cayey, Vilmarie Rivera Sierra.

Por esta razón, cuando se enteró que, de las 316 liberaciones por habeas corpus que se habían registrado en los primeros seis meses de la pandemia del coronavirus, 82 casos son contra imputados de violencia de género, expresó su frustración contra el sistema de justicia.

En primera instancia, Rivera Sierra dejó claro que cuando las víctimas de violencia de género saben que el agresor está encarcelado, “siente tranquilidad y se empodera para poder terminar el caso”. Pero, cuando son liberados tras pasar mucho tiempo sin que ocurra el juicio, “hace que la víctima desista de seguir procesos judiciales y no se enjuicie a los culpables”.

“No es justo para la víctima ni para su familia. Si el que está llamado a proteger la víctima es el sistema, es la estructura judicial, pues, qué mensaje le estamos mandando a la víctima. Que la Policía no me puede proteger, mucho menos el gobierno, ni la rama judicial, que es el que está llamado a imponer el castigo a la parte agresora. Las mujeres se sienten desprotegidas, se sienten indefensas, que no tienen alternativa”, aseguró.

Entonces, planteó que la afectada es revictimizada por un sistema que es incapaz de apoyarla.

“El mensaje que se le está dando es que ‘no pierdas el tiempo yendo al tribunal, porque va a quedar en nada, porque va a quedar impune’. El mensaje que estamos llevando como país es que siempre va a reinar la impunidad y que la víctima siempre va a estar desprovista”, precisó.

Janice Solivan, quien dirige el centro de ayuda a víctimas de violencia de género Casa Juana Colón de Comerío, reprochó que estas acciones del gobierno no ayuden a la labor que intentan llevar en la lucha contra la violencia de género.

“Me preocupa. Es en estos momentos de crisis, los huracanes Irma y María, los terremotos y esta pandemia, es cuando más violencia de genero hay. Si la repuesta del estado es que estas personas van a quedar liberadas, no nos ayuda en nada para los trabajos que estamos realizando desde las organizaciones”, indicó.

Añadió que “las mujeres no aguantan más la falta de respuesta del estado en el tema de violencia de género. Si el estado no responde correctamente en atender lo que es violencia de género, es una víctima que va a perder la esperanza del sistema, no va a querer seguirse exponiendo, porque se siente vulnerable y no todas las víctimas tienen acceso a servicios gratuitos. Muchas de esas mujeres tienen que dejar de trabajar, buscar cuido a los menores o inclusive ponerse en riesgo para estar yendo a los tribunales. Así que son tantas las trabas que se ponen a las mujeres, que muchas de ellas desisten del proceso. No es que quieran vivir en violencia, es que el estado se convierte en un maltratante institucional”.

Ambas directoras de albergue reclamaron que el estado establezca un plan nacional o estado de emergencia para atender la violencia contra la mujer y se eduque con perspectiva de género para detener la revictimización.