La incomparecencia este lunes, del secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames Soto, a una audiencia legislativa incomodó al representante Nelson Torres Yordán, presidente de la comisión cameral de Asuntos del Consumidor y Prácticas Anti Monopolísticas.

A la vista acudieron portavoces de Adames Soto, así como representantes del Secretario de Hacienda y del presidente Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Estos funcionarios tenían la encomienda de responder las preguntas sobre la determinación administrativa de dejar sin efecto temporeramente un impuesto a los combustibles diesel y gasoil, pero Torres Yordán expresó que deseaba escuchar a los directivos de las citadas agencias.

“¿Por qué vinieron a la Asamblea Legislativa a pedirnos que aprobemos un proyecto para determinar un impuesto nuevo al consumidor y luego no lo implementan? Que vengan ante la Asamblea Legislativa y que nos expliquen”, sentenció Torres Yordán, poco antes de clausurar en minutos la audiencia en la que esperaba entrevistar a Adames Soto, así como al presidente interino del BGF, José V. Pagán Beuchamp, y a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.

El representante popular indicó que los jefes de las agencias deben responder en detalle a la ordenanza que dispone un aumento de $3.00 a $9.25 para el aceite gasoil o diesel, y manifestó reservas a la orden administrativa para no ponerlo en vigor.

Torres Yordán recordó que el jefe de DACO es el encargado de hacer los estudios para ver el efecto de esta determinación, "de manera que se pueda decidir si existe la necesidad de una nueva legislación al respecto para no afectar al bolsillo del consumidor".

“Entiendo que es la Asamblea Legislativa la que tiene que tomar acción y no un departamento del Ejecutivo, que meramente tiene que actuar sobre una legislación que nosotros aprobamos y que fue firmada por el gobernador Alejandro García Padilla”, opinó tras anunciar que citaría nuevamente al trío de funcionarios a una vista el próximo 22 de agosto.

"De lo que surja de esta audiencia esperamos estar en posición para decidir si realmente es necesario este arbitrio que solicitó el Ejecutivo o de lo contrario se propone su derogación", sostuvo Torres Yordán.

Aclaró que estaría a favor de descartar definitivamente el impuesto, pero opinó que la acción administrativa no fue correcta.

“Personalmente, veo con buenos ojos que se deje sin efecto la implantación (del impuesto) porque es algo que puede tener consecuencias en cadena para el consumidor. Pero no se ha hecho de la forma correcta. Peor aún, si ahora resulta que no es necesario, contrario a lo que habían dicho a esta Asamblea Legislativa anteriormente, resulta necesario entonces derogar esta ley para eliminar un arbitrio en beneficio del consumidor”, argumentó.

A principios de agosto pasado, el Departamento de Hacienda anunció que se dejaba sin efecto temporeramente el alza en este arbitrio, luego de que se produjera “un aumento no contemplado” en los precios del diesel y gasoil que se utilizan principalmente en operaciones industriales y en el transporte pesado.

Trascendió que la suspensión temporera del aumento en el arbitrio del crudo y sus derivados para el gasoil yel diesel, tiene como propósito que el DACO u otra dependencia estatal estudie el impacto del aumento puesto en vigor y recomienden alternativas “para reducir o eliminar el mismo”.

“El arbitrio que aplicará al gasoil o diesel, hasta el 30 de agosto de 2013, será el de $3 por barril o fracción del mismo que aplicaba a dicho combustible antes de la aprobación de la Ley 31-2013”, señaló Hacienda en aquel momento.

El 25 de junio pasado, García Padilla firmó la ley 31 para aumentar de $3 a $9.25 el arbitrio sobre petróleo crudo y derivados, así como un ajuste en el arbitrio aplicable al gasoil y al diesel, de unos ocho a cuatro centavos por galón.

La medida procura levantar capital para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que tiene deudas de unos $2,000 millones.