Como un ejercicio prematuro calificó hoy el equipo fiscal del gobernador Pedro Pierluisi el primer día de las vistas públicas de la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre la resolución del presupuesto para gastos de funcionamiento del gobierno central para el año fiscal 2023-2024 que radicó la semana pasada el cuerpo legislativo, por un monto de $11,944,850.000.

Pero, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reclamó que la vista pública “fue positiva porque ya se están identificado temprano y de forma proactiva los temas más complejos y de los que se requerirá consenso para negociar con la JSF y aprobar un presupuesto balanceado”.

La Cámara comenzó a evaluar hoy su propia versión del presupuesto y según el presidente del cuerpo legislativo, la resolución conjunta de la Cámara 454 está basada en los lineamentos del Plan Fiscal e incluye las partidas para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias de las tres ramas de gobierno.

El equipo fiscal del Gobernador reclamó, sin embargo, que al momento se encuentra inmerso en el proceso de desarrollo de presupuesto para el año fiscal 2023-2024.

“Esto conforme a la línea del tiempo (calendario) establecida por la Junta de Supervisión Fiscal y, por tanto, sujeto al marco jurídico establecido por la Ley PROMESA”, indicó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea en el primer día de las vistas públicas que lideró desde el Capitolio, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, quien se recupera de un percance de salud, se mantuvo conectado vía Zoom.

En una ponencia conjunta, Parés Alicea, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia y el sub director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), indicaron que, según el calendario vigente de la JSF, la expectativa de la certificación del Plan Fiscal 2023, está prevista para el 28 de este mes.

El Secretario de Hacienda indicó así mismo, que el pasado jueves 9 de marzo, la JSF notificó al Gobernador una nueva fecha para desarrollar, someter, aprobar y certificar el presupuesto para el año fiscal entrante. Añadió que se estableció el 27 de marzo, como la fecha en la que la JSF compartirá la actualización de la proyección de ingresos para el período cubierto para el uso del Gobernador en el desarrollo del presupuesto, esto conforme a la Sección 202 (b) de PROMESA.

Parés Alicea sostuvo que el 28 de marzo próximo, el Gobernador deberá someter el presupuesto basado en las proyecciones generadas por la JSF. “Al recibo de la presentación del presupuesto propuesto por el Gobernador hasta la fecha de 5 de mayo de 2023, se celebrarán conferencias entra la JSF y las diversas instrumentalidades de gobierno. Este proceso progresará hasta la oportuna aprobación del presupuesto el 30 de junio de 2023″, dijo el funcionario.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Representantes reclamó que el gobierno central necesita unos $1,300millones para financiar los programas y proyectos prioritarios.

Según Hernández Montañez el equipo fiscal de Fortaleza admitió que enfrentan múltiples retos en las negociaciones con la JSF para sufragar el impacto de la propuesta de reforma contributiva que sometió el gobernador y que tendría un impacto fiscal de $600 millones.

El líder cameral indicó que “uno de los retos principales es mitigar una diferencia de $300 millones en el pareo del Plan Vital tras la solicitud de reembolso al fondo general por parte de la JSF”.

De acuerdo con Hernández Montañez, el equipo fiscal intenta convencer a la JSF de asignar los $120 millones para el Fondo de Servicios Esenciales Municipales, y de que cese la aportación de $160 millones que actualmente el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) destina a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Además, dijo el legislador que el grupo fiscal del Ejecutivo busca evitar también el último recorte de $50 millones al Fondo de Equiparación para los municipios.

“Finalmente, otro de los retos mayores es cómo se financiará la segunda parte del Plan de Clasificación y Retribución, que asciende a $70 millones anuales de forma recurrente y le haría el ajuste por los años de servicio a los empleados públicos”, dijo el líder legislativo.

“Todos estos retos, que suman $1,300 millones, son el motivo por el cual todavía la JSF no ha certificado un Plan Fiscal. El gobierno, luego de llegar a un acuerdo con la Junta, presentará a la Asamblea Legislativa su versión del presupuesto antes del próximo 5 de mayo”, sostuvo el Presidente de la Cámara.

Santa Rodríguez indicó a su vez, que “es esencial conocer la cuantía de fondos necesarios para mantener las operaciones del gobierno, basándonos en los retos fiscales conocidos, los cambios en la administración de Medicare y Medicaid, específicamente la necesidad de identificar $1,000 millones para salud, así como otros cambios proyectados en el Plan Fiscal”.

Las vistas públicas sobre el nuevo presupuesto continuarán el próximo 23 de marzo con el Departamento de Educación.