PPD radicará querella contra delegados congresionales
Jesús Manuel Ortiz denunció que han violado su propia ley habilitadora y que no se justifica el derroche de dinero público.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, aseguró hoy que radicará una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra los delegados congresionales que a bogan por la estadidad para Puerto Rico en Washington.
En conferencia de prensa, acompañado por el representante Joel Sánchez, el senador Juan Zaragoza y el Secretario de Asuntos Federales del PPD, Pablo José Hernández, el líder del PPD indicó que están violando la Ley 167-2020, conocida como “Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”.
“Este grupo de delegados fue creado para abogar exclusivamente por un proyecto de anexión de Puerto Rico como Estado, basado en el plebiscito del 2020 y actualmente, en el Congreso de los Estados Unidos no existe un proyecto de anexión que busque que la Isla sea admitida como un Estado de la Nación Americana. Es decir, ellos no están cumpliendo con su mandato de Ley”, expresó Ortiz González en declaraciones escritas.
Según indicó, en el 2021 el Congresista Darren Soto radicó el HR 1522, que murió en diciembre de 2022, luego de las elecciones congresionales, y lo que actualmente está en consideración del Congreso de los Estados Unidos es otro proyecto de la autoría del Congresista Raúl Grijalva, que busca la celebración de otro plebiscito para la Isla.
“Ante este cuadro, no hay razón para que los cabilderos por la estadidad estén derrochando el dinero del pueblo para promover otra consulta que no tendrá resultados en Washington. Por esta razón, estaremos radicando una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental para que investiguen si los delegados por la estadidad están cumpliendo lo estipulado en Ley o si están violentando su propia ley habilitadora. De estos no estar cumpliendo con la misma, deberán reponer cualquier dinero público pagado a través de las facturas presentadas que tengan que ver con gestiones a favor de la celebración de otro plebiscito y no en favor de un proyecto de admisión, tal y como lo estipula la Ley 167 de 2020″, detalló.
Ortiz González agregó que, en el 2022, “el Secretario de Justicia Lcdo. Domingo Emmanuelli, compareció ante los Tribunales para solicitar la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez por incumplir los deberes de su cargo. En su recurso legal, Emmanuelli expresó que la entonces delegada incumplía con el juramento que realizó para adelantar la estadidad para Puerto Rico, ignorando el mandato expreso de la Ley 167 de 2020 e incunpliéndola. Así que el Departamento de Justicia, mediante su Secretario en 2022, reconoce que los delegados de la estadidad están violentando su propia Ley habilitadora al incumplir con el estatuto. Basado en esto, mañana (hoy) mismo, el Secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli tiene que ir a los Tribunales a pedir la destitución de todos los delegados congresionales”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano de la Cámara de Representantes, Joel Sánchez Ayala expresó que está atendiendo la derogación de la Ley 167-2020 mediante el PC 139.
“Ante la negativa de la Rama Ejecutiva de eliminar los cabilderos por la estadidad, nuestra delegación está trabajando, entre otras cosas, por derogar la ley. El pasado martes, 5 de septiembre de 2023 la comisión que presido realizó una sesión pública de consideración final y aprobó el PC 139, el cual tiene el propósito de derogar la Ley 167-2020, legislación que creó la delegación congresional”
El Senador Juan Zaragoza, quien preside la Comisión de Asuntos Federales en el Senado, denunció que pasado año, los salarios y rembolsos pagados a cinco de seis cabilderos en lo que va de cuatrienio ascendió a la cantidad de $1,008,560.86
“Mientras los cabilderos de la estadidad están violentando su propia ley habilitadora gastando el dinero del pueblo, tenemos deficiencias en otras áreas importantes que impactan la calidad de vida de los puertorriqueños. No podemos continuar permitiendo el gasto público para adelantar causas políticas como estas. Todo el mundo tiene un derecho constitucional a peticionar al congreso. Ese derecho se les respeta a los estadistas igual que a todo el que lucha por lo que cree. Ahora bien, lo que tenemos que cuestionar es si el dinero que está gastando el pueblo de Puerto Rico sería más útil en otras áreas”, destacó Zaragoza.
Ahora mismo se necesitan cabilderos para insertar a Puerto Rico en el Farm Bill para transiciones del pan a SNAP. Están los delegados inmersos en esa discusión, NO, porque solo están para cabildear por la estadidad y ahora mismo ni proyecto que de paso a eso hay radicado en el congreso federal.
Como Presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal conozco de primera mano lo difícil que es allegar fondos para fomentar política pública de importancia para el país. Gastar millones de dólares en estos cabilderos me resulta insólito cuando hay una crisis de salud pública, la ola de calor acecha a los estudiantes, y no se mueven los fondos de reconstrucción es insólito. A manera de ejemplo la cantidad pagada a estos cabilderos fuera suficiente para otorgar una beca a 37 residentes en medicina para igualar su estipendio al promedio nacional. En mi libro siempre será mejor uso apoyar la educación, los estudiantes, los futuros médicos que pagarle viajes a los cabilderos de la estadidad”, expresó el también presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal.
PNP defiende la labor de los delegados congresionales
Por su parte, el secretario del Partido Nuevo Progresista, Hiram Torres Montalvo, defendió trabajo de la delegación congresional a favor de la política pública del gobierno y recalcó que el H.R. 2757, una medida bipartita que busca celebrar una consulta avalada por el Congreso, tiene la estadidad como principal opción.
“La política pública del gobierno, avalada en las urnas en el 2020, libre y democráticamente, en la consulta de estatus es la admisión de Puerto Rico como estado de la unión. El trabajo de los delegados congresionales es impulsar eso y se ha hecho, pues el año pasado se aprobó el proyecto de la Cámara de Representantes federal (H.R.) 8393, el cual viabiliza la primera consulta vinculante de estatus entre las alternativas de estadidad, independencia directa e independencia a través de la libre asociación. Los delegados, en su gran mayoría, hicieron su trabajo y más para apoyar el esfuerzo del Gobernador, la Comisionada Residente y los legisladores, aprobando esa medida, lo que fue un acto histórico para avanzar la voluntad del Pueblo”, comentó.
El Secretario General de la Palma dijo que la Ley 167-2020, la cual viabiliza la delegación congresional, establece mecanismos del Plan Tennessee, el cual fue empleado, desde el siglo 19 por varios territorios como Alaska, California, Iowa, Kansas, Michigan, Tennessee y Oregón para lograr la estadidad, según sus electores pidieron en las urnas.
“Hoy en día el apoyo a la estadidad continúa creciendo, no sólo en Puerto Rico, sino en la capital federal y en los estados de la unión, como lo reflejan múltiples encuestas todo el tiempo. El actual estatus colonial, el que el Presidente del PPD defiende, fue desenmascarado como lo que es, un candado, condenándolos a la pobreza y a suplicar, en vez de exigir, nuestros derechos. La delegación congresional, junto a la delegación extendida, continuará trabajando para lograr la estadidad, como ha reclamado nuestro pueblo en su mandato de 2020″, expresó Torres.