El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano, radicó hoy dos querellas ante la Junta Examinadora de Anuncios, adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones, y una solicitud ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), esta última, para investigar si se usaron fondos públicos para la realización de un video donde se “resalta la imagen” de la gobernadora Wanda Vázquez.

No descartaron “oportunamente” radicar otra querella ante el Contralor Electoral.

Una de las querellas es sobre el video que la gobernadora publicó el pasado 7 de febrero, en su cuenta de Twitter, donde “enaltece su imagen” y la otra por la página de la Fortaleza donde su usa excesivamente el azul y aparecen fotos y logros de la gobernadora, sobre resultados de sus gestiones, “para adelantar su agenda político partidista, en total violación de la veda electoral”.

Hace varias semanas, Vázquez publicó un video con imágenes relacionadas a las víctimas de los terremotos en la zona suroeste.

Esto levantó ronchas entre el pueblo y sectores políticos, algunos alegando insensibilidad de parte de la gobernadora.

Hoy Vázquez dijo que ya había dicho suficientemente sobre el tema.

“Verdaderamente, las expresiones que yo he hecho con relación al vídeo yo creo que ya han sido suficientes. Esas imágenes todo el mundo las ha visto a través de todos los medios que han ido y que han estado conmigo en los diferentes lugares donde están los refugiados. Así que, simplemente, fue una recopilación y se subió a una red social personal. Así que yo creo que eso no tiene ninguna otra expresión en particular”, sostuvo la primera ejecutiva a preguntas de Primera Hora.

Este diario también le insistió que informara quién costeó el vídeo, si fueron fondos de La Fortaleza. Sin embargo, dijo que "con relación a eso, ninguna otra expresión”.

El comisionado electoral del PPD dijo esta mañana en conferencia de prensa que luego de un análisis del contenido visual, de las frases utilizadas y de escuchar a diferentes componentes del equipo gubernamental y de campaña de la gobernadora, se desprende que existen varias violaciones de ley, incluyendo al artículo 12.001 del Código Electoral de Puerto Rico, que prohibe utilizar recursos públicos para resaltar la imagen de una administración en año electoral.

Las multas podrían llegar hasta $25,000, por cada violación.

Merle Feliciano argumentó que el video “no tiene ningún fin informativo, mucho menos educativo, sino resaltar la imagen de una gobernadora que resulta ser candidata y que enfrenta unas primarias” y “como nos encontramos en un año electoral (estamos) sujetos… al Código Electoral que regula la veda electoral”.

Al opinar que el aspecto moral del video lo adjudicará el pueblo oportunamente, el funcionario indicó que la expresiones de la gobernadora de que el video “no es de campaña política, y de su director de campaña, Jorge Dávila, de que el video no es un anuncio pagado, sino que es algo en el carácter personal de la gobernadora, genera un mar de dudas por ser contradictorio con lo que señaló el contralor electoral, Walter Vélez, de que su primera impresión cuando vio el anuncio es que se trataba de un video de campaña”.

Este hizo un recuento de los que han dicho diversos funcionarios de esta administración a varios medios, incluyendo las declaraciones del presidente de la CEE, Juan E. Dávila, de que no se presentó ninguna solicitud en la Junta Examinadora de Anuncios relacionado con este video.

De igual forma, mencionó que el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, sostuvo que el equipo de trabajo de la gobernadora no solicitó autorización a la Junta sobre el video y que al “no tratarse de un anuncio de campaña política-partidista se tenía que solicitar la autorización para poder utilizar en el material fondos públicos”.

“Como resultado del vídeo publicado en las redes de la gobernadora, el nivel de confusión y de respuestas contradictorias ofrecidas por ésta, por su director de campaña, por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y por personas que responden a ella como aspirante o en su función pública, evidencian que estamos ante una posible violación a las normas de la Constitución así como otras leyes”, sostuvo el funcionario al aceptar que la poca información que tienen sobre el video es la que se ha publicado en los medios, por lo que sería la gobernadora o alguno de sus funcionarios los llamados a “dar las explicaciones” de lo que solicitan en las querellas, incluyendo quién produjo el vídeo, si personal de la Oficina de Asuntos Públicos trabajó en el mismo y si este es un asunto de gobierno o de campaña política.

Sobre que se alegue que el video fue algo personal de la gobernadora, el secretario General del PPD, José Ariel Nazario, sostuvo que no se pueder perder de perspectiva “que no estamos hablando de un candidato común y corriente, y sí de una candidata que es la gobernadora… En ese sentido, no solo tiene un deber, sino que crear una ficción entre lo personal y lo oficial es casi confundir más el ambiente”.

Insistió que “si es una cosa personal, es una cosa oficial y tiene que tener la autoridad de la CEE para poder hacer un anuncio. Si es político pues falló, está violando la ley porque no está diciendo que es un anuncio del Partido Nuevo Progresista (PNP)”, agregó.