El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, junto al liderato de la colectividad, solicitó a los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico el inicio de una investigación para encaminar las causas de residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló ante el escándalo desatado por la divulgación completa del chat de Telegram.

Según Torres las posibles violaciones que la colectividad ha detectado son la participación activa del cabildero Elías Sánchez Sifonte en procesos decisionales, al obtener acceso ilimitado a información privilegiada.

“Lo peor es que el gobernador, al día de hoy, no lo ha condenado”, dijo Torres.

De igual manera, identificó la utilización de la agencia de publicidad del gobierno, KOI, para “carpeteo político, persecución, amenazas, insultos y métodos de manipulación pública”, el uso de fondos públicos para viajes conspirados sin justificación “cuyo propósito fue forzar la designación de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, como gobernadora interina para incomodar a Thomas Rivera Schatz”, y violaciones a la Ley de Ética, y a las normativas de los contratistas del gobierno al incitar para que terceros usen medios de comunicación para diseminar palabras discriminatorias e insultantes.

En las 10 violaciones señaladas por el líder popular también figura la utilización de personas o recursos pagados por el gobierno para manipular o controlar resultados de encuestas de opinión, la conspiración para difamar o afectar la reputación de funcionarios estatales y federales, el uso excesivo de la autoridad para beneficiar un tercero aduciendo a la movilización de la obra “Hamilton” para el Centro de Bellas Artes, y la identificación política de empleados para remoción de sus puestos.

“Este (último) caso se refiere a la de la esposa de Juan Dalmau Ramírez”, indicó Torres.

Según el líder popular, las alegadas violaciones ameritan la renuncia del primer mandatario del país, pero de no ocurrir, anunciaron que 19 de sus delegaciones en Cámara y Senado emitirán por escrito el pedido del inicio del residenciamiento del gobernador.

El portavoz de la delegación popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, explicó que para comenzar el proceso se necesitan 34 legisladores a la disposición para ventilar y evaluar el material irregular que ha salido a la luz pública. Luego se comenzaría un juicio político en la Cámara para encausar al gobernador y luego pasaría al Senado.

“Nuestra delegación de forma unánime y durante la tarde de hoy vamos a estar emitiendo una comunicación al presidente de la Cámara notificándole que ya tiene 15 de los funcionarios de la cámara notificándole su disposición para comenzar un análisis sosegado, responsable de todo lo que se está ventilando, irregularidades. Estamos listos, el emplazamiento a la asamblea legislativa. Le faltan 19 funcionarios que estén dispuestos a dar el paso. La delegación del PPD da el paso”, indicó Hernández.

Por su parte, el senador y precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, explicó que la Cámara actuaría como fiscal.

“La Cámara tiene que acusar, y para que la Cámara acuse, tienen que tener 34 votos para poder acusar, y la acusación es que se remueva al gobernadora (de su cargo). Así que ese primer paso es el que tiene que dar la Cámara, y la Cámara no estando en sesión, con dos terceras partes que lo soliciten la pueden convocar, o lo puede convocar el propio presidente, porque el reglamento lo permite”, indicó el senador, que entiende que el proceso de residenciamiento puede tardar dos semanas.

“Un minuto que pase es un minuto de cómplice en la Cámara y el presidente de la Cámara que no entre en esa votación. Una vez ellos voten, que ya tienen 15, le faltan 19 del partido nuevoprogresista que digan que están dispuestos a votar. Una vez ellos voten, entonces, pasa al Senado de Puerto Rico, en el Senado ya es un juicio y ahí quien preside el juicio es la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya ahí la presidenta entra al hemiciclo y los senadores actúan como un jurado. Se le da una oportunidad a ambas partes y obviamente vendría alguien de la Cámara a explicar por qué deberíamos residenciar al gobernador y el gobernador también tendría una oportunidad para explicarlo”, señaló Bathia.

Si el gobernador renunciara en cualquier momento y ante la falta de la nominación de un secretario de Estado, el país estaría bajo la administración de la actual secretaria de Justicia Wanda Vázquez. Sin embargo, de suceder esto, Bathia entiende que el país estaría pasando por un segunda  inestabilidad en el gobierno ante la sonada rivalidad entre la funcionaria y el presidente del senado Thomas Rivera Schatz.

“El gobernadora tiene que coger sus cosas e irse ya. Una persona puede perder en asuntos de política pública, pero perder la moral y la ética y perder la estatura y los principios para poder gobernar, eso es lo que ha perdido el gobernador y lamentablemente se tiene que ir”, dijo quien adelantó a la manifestaciones de indignación que se han levantado en diferentes sectores del país.

No obstante, si el gobernador se mantuviera en la posición de no renunciar, el senador manifestó que se enfrentaría a una gran presión de diversos sectores y no podrá gobernar solo.

 “Si el gobernador decide no renunciar yo creo que aquí va a haber una presión enorme de muchos sectores, el país no tiene los legisladores, no tiene a los alcaldes, no tiene secretario de Estado, no tiene secretario de DACO, no tiene director de Prafa, no tiene director de gerencia y presupuesto, no tiene director de AFI, de AFAAF, no tiene representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, osea esto ha colapsado todo y en la medida que ha colapsado yo creo que es importante que se sepa que ante ese colapso el gobernador no puede gobernar solo. Y no hay nadie que quiera entrar en su administración a ayudarlo en este proceso”, dijo.

De otra parte, el presidente de la colectividad, que como otra acción a tomar como parte del escándalo desatado con el chat de Telegram,  el Partido Popular le exigió la inhibición inmediata a Zulma Rosario, directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental por un alegado problema de credibilidad ante la investigación del Programa Tus Valores Cuentan.