La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes emplazó este martes al presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, para que inicie una evaluación sobre las posibles causas para un residenciamiento de la gobernadora Wanda Vazquez.

En una conferencia de prensa, el portavoz Rafael “Tatito” Hernández alegó que los posibles delitos identificados en una pesquisa realizada por el Departamento de Justicia y a la que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) ha asignado dos fiscales para la posible radicación de cargos son más graves que los señalados el pasado año al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares con la controversia del chat de Telegram. Por ello, insistió en la necesidad de residencial a Vázquez.

“Esta es la controversia. Un gobierno que identifica que hay unas personas cometiendo delito y corrupción, y la gobernadora y la fuerza política de La Fortaleza obstruye que salga a la luz pública esto y termina despidiendo personas que fueron las que le dieron paso a la investigación, (a la exsecretaria de Justicia, Denisse Longo). Esto es bien serio. Esto es extremadamente serio. La diferencia es como un poco técnica a un chat que todo el mundo se sentía identificado por las palabras soeces, los señalamientos a diferentes personas de la sociedad, pues se identifica todo el mundo. Pero aquí estamos hablando de un asunto que va por encima de lo que fue el caso del chat y la gobernadora ha utilizado todo su poder para atropellar y aplastar a cualquier persona que levanta la voz en su contra”, expuso.

Agregó que “esto es muchísimo más serio que lo del año pasado. Aquí estamos hablando de actos de corrupción y utilizar el poder para obstaculizar la justicia, no solamente en el proceso interno administrativo en el Departamento de la Familia, sino en el proceso investigativo del Departamento de Justicia e inclusive después, cuando el informe llegó al FEI, detuvieron el proceso y llamaron a que se devolviera los documentos al Departamento. Esto es bien serio, aquí estamos hablando de la utilización de poder a unos niveles donde se demuestra el sentido de impunidad en la administración del PNP, especialmente de la administración de Wanda Vazquez”.

La pesquisa a la que Hernández hace referencia corresponde a que supuestamente se paralizó la entrega de suministros a los damnificados de los terremotos en el suroeste.

Entre los posibles delitos señalados contra la gobernadora está aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, represalias contra personas que denuncian actos de corrupción, así como violaciones éticas sobre beneficios de funcionarios públicos.

Además, el popular destacó que el FEI podrá investigar si hubo otros delitos cuando la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos, detuvo la entrega del referido al PFEI.

Hernández, quien fue el que refirió a Justicia todas estas irregularidades, alegó que le hizo llegar a Méndez el informe que preparó el PFEI contra la gobernadora, así como una carta con 15 firmas de la delegación del PPD para que se inicie el proceso de residenciamiento.

“Se requiere 34 firmas, ya el presidente de la cámara tiene 15. Lo que tiene que demostrar es voluntad y carácter para comenzar un proceso responsable de análisis en el proceso de residenciamiento”, puntualizó.

El legislador sostuvo que esto no es una controversia que pretenden levantar por la cercanía de las elecciones. Alegó que “esto es un escándalo sin precedente”.

Por otro lado, el portavoz de la delegación popular informó que su grupo esta “a favor de cualquier iniciativa que beneficie a los retirados del país”. Lo dijo porque esta tarde inicia una sesión extraordinaria en la que se destaca una medida para elevar a rango constitucional que todo servidor público y retirado del gobierno tenga acceso a una pensión.

Sin embargo, señaló que esa medida se impulsa con fines político partidista. Sacó a relucir que fue el Partido Nuevo Progresista quien dio paso al recorte de 10% en las pensiones y quien no ha aprobado la Ley de Retiro Digno.

“Lo que están haciendo es engañar a los retirados”, aludió, al pedir al pueblo “que no caiga en la trampa”.