El representante José “Conny” Varela junto a los aspirantes a la Cámara por Acumulación, Enid Monge Pastrana, Ángel Rodríguez Otero, Pedro Irene Maymí y Carlos Javier Sánchez exigieron al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) terminar con el monopolio de la empresa canadiense Dominion Voting System Corp para manejar la certificación de compañías para la impresión de papeletas.

“Más allá de investigar el fracaso en la operación de las primarias del domingo pasado, también le exigimos a Juan Ernesto Dávila, presidente de la CEE, que rinda cuentas sobre el tipo de obligaciones contraídas con la empresa Dominion Voting System Corp y su rol en la certificación de empresas para imprimir las papeletas”, expresó Varela en un parte de prensa.

El representante cagueño explicó que la Comisión CEE contrató a la compañía Dominion para establecer el sistema de votación electrónica y también es la que establece los requisitos para certificar las diferentes compañías para la impresión de las papeletas, siendo certificada únicamente la empresa Printech Inc., para estos fines.

Del mismo modo, Conny Varela indicó que “si bien esta situación es insostenible, le crea suspicacia que, además del contrato de $38 millones con Dominion, la Comisión también contrajo obligaciones contractuales con esta empresa para ‘servicios de mantenimiento y reparación de equipos’, por la cantidad de $997,017, cuyo el número es 2020-000080 y que no está disponible en la página del Contralor, a pesar de los requerimientos realizados por este servidor para tenerlo entre la información de análisis”.

Entre tanto, Enid Monge indicó que “la presencia de Dominion limitó la oportunidad de otras imprentas poder participar en la subasta de las papeletas por parte CEE. Según se alega, tan pronto llegó Dominion, la empresa estableció en las negociaciones que ellos tienen un solo suplidor certificado (Molino) para poder comprar el material de las papeletas, aparte del apoyo y mantenimiento a las máquinas de la CEE”.

“No existen razones para que se mantenga un monopolio para la impresión de papeletas cuando en Puerto Rico hay alternativas para poder realizar ese tipo de trabajo de forma económica, rápida y segura para el electorado puertorriqueño. Actualmente, hay empresas locales con clientes a quienes desde hace tiempo le realizan trabajos con ese mismo sistema de seguridad sin problema alguno reportado”, manifestó Monge Pastrana.

Entre tanto, Ángel Rodríguez Otero mencionó que “un contrato que monopoliza la impresión de papeletas en una sola imprenta es contraproducente a los mejores intereses de nuestro país y que es altamente preocupante el corto periodo de tiempo que hay para tener listos los materiales electorales”.

De otro lado, Irene Maymí sostuvo que “el presidente de la CEE tiene mucho qué contestar. El pueblo merece conocer el por qué solo se eligió una sola empresa para imprimir las papeletas y cuál fue el total de gastos que se usó para las primarias, más cuando se aprobaron $2.5 millones y la Junta de Control Fiscal también aprobó otra partida de $1.27 millones. Igualmente, cuestiono la razón para no modificar este contrato”.

Finalmente, Carlos Javier Sánchez mencionó que “para salvaguardar el proceso democrático en las elecciones generales de noviembre, es necesario tomar acciones de inmediato”. Este presentó las siguientes propuestas para evitar que esta situación vuelva a ocurrir:

- Eliminar cualquier requisito no práctico que impida a compañías de impresión con trayectoria e historial probado, participar del proceso y obtener la certificación en la impresión de papeletas.

- Ampliar el número de compañías de impresión de papeletas.

- Establecer, en distintas regiones geográficas, las compañías de impresión de papeletas seleccionadas, a fin de evitar interrupciones causadas por fallas eléctricas o fenómenos naturales.

- Establecer un calendario de trabajo realista, con fechas específicas y que este sea difundido a la ciudadanía.

- Dar paso a una investigación seria e independiente que ayude a conocer los pormenores de la situación ocurrida el 9 de agosto, así como tomar las acciones correctivas y encausar a los responsables.

“Devolver la confianza de la ciudadanía en la institución responsable de velar por el sufragio de nuestra gente es nuestro deber. La Constitución claramente expresa que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, por tanto, ni las leyes ni los contratos pueden violentar, coartar o secuestrar ese derecho fundamental de nuestra gente. El momento de rendir cuentas es ahora”, concluyeron.