Dos de los representantes del grupo de disidentes del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos J. Vargas Ferrer y Ángel Matos García, afirmaron este martes que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, no tiene la facultad legal para autorizar e implantar la videolotería.

Sustentados en estas premisas, los legisladores presentaron la Resolución Concurrente de la Cámara 58 en la que rechazan “enérgicamente” que el secretario de Hacienda tenga la facultad legal para establecer la videolotería, mediante reglamentos. También exponen que su pretensión de darle paso a este juego “puede interpretarse como un acto de usurpación del poder constitucional, exclusivamente, reservado a la Asamblea Legislativa de legislar y formular la política pública en Puerto Rico”.

“Del historial legislativo de la Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional aprobada en el 1989, no se desprende que la Asamblea Legislativa le haya dado la facultad legal al secretario de Hacienda para aprobar, establecer y reglamentar sistema de videoloterías como los propuestos en los reglamentos que radicó en ambos cuerpos legislativos. La intención clara e inequívoca de la Asamblea Legislativa fue autorizar al secretario de Hacienda a establecer y regular juegos de lotería, donde el jugador pueda escoger números o dígitos y las enmiendas se apartan totalmente de esa intención legislativa”, señaló el representante Vargas Ferrer en comunicado de prensa.

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Criticó, de paso, que Zaragoza pretenda “insertar por fíat reglamentario una serie de juegos que dependen de un generador de jugadas al azar determinados por programas, equipos o combinación de ambos específicamente diseñados para generar valores aleatorios que no depende de la selección del jugador”.

Desde el 4 de mayo, la Legislatura tiene bajo su consideración varias enmiendas al Reglamento Operacional de la Lotería Adicional y al Reglamento de Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional radicadas por el secretario de Hacienda. Para que la propuesta no sea establecida, ambos cuerpos legislativos deben aprobar una resolución en la que se desapruebe la propuesta. De no expresarse, se entenderán aprobadas y se le daría paso a la videolotería.

No obstante, el dúo de legisladores cree que la facultad no se extiende a este tipo de juego.

“Luego de una evaluación exhaustiva a las enmiendas sometidas por el secretario de Hacienda, estoy convencido que el único paso legalmente correcto es desaprobar las enmiendas sugeridas en ambos reglamentos a tenor con el poder delegado en la Constitución a la Asamblea Legislativa en el Artículo III, en particular la Sección 17, en la que expresamente se dispone que todo asunto para imponer rentas tiene que originarse como proyecto de ley ante la Cámara de Representantes. Siendo las enmiendas propuestas unas medidas para obtener recaudos, como han expresado varios miembros del Poder Ejecutivo, tiene que estar precedido por acción legislativa,” sostuvo el representante Matos García.

Según ha expresado Zaragoza, este juego podría generar entre $100 a $300 millones, dependiendo de la etapa de implementación en el que se encuentre.

Para Matos García, la Asamblea Legislativa es la que debe evaluar toda propuesta relacionada con la creación de un nuevo sistema de videolotería, al igual que medir el impacto social y económico de un sistema como este.

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Esta no es la primera vez que se intenta introducir un sistema de videolotería en Puerto Rico. En el 2007, se derrotó el proyecto de la Cámara 3411 que proponía un sistema similar. En el 2009, el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución 762 repudiando la videolotería como política pública y específicamente rechazó que el secretario de Hacienda tuviera facultad de autorizarla mediante reglamento, como lo solicita ahora.

Vargas Ferrer y Matos García son conocidos como disidentes, ya que se opusieron a la aprobación de un Impuesto al Valor Añadido (IVA). También se opusieron los representantes Luisa “Piti” Gándara, Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres.