Ante la propuesta creación de la Defensoría de los Derechos Humanos, que absorbería sus respectivas entidades, los procuradores del Paciente y de las Personas de Edad Avanzada defendieron este martes la permanencia de ambas dependencias públicas por separado, y cuestionaron si el proyecto del Ejecutivo sobre la consolidación cumpliría los objetivos de lograr ahorros y mayores eficiencias en los servicios a la ciudadanía.

La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, además, alertó a los miembros de la Comisión senatorial de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica sobre la posibilidad de que la fusión de las procuradurías junto a la Comisión de Derechos Civiles ponga en riesgo los fondos federales que al presente recibe la instrumentalidad gubernamental que dirige.

Sánchez aclaró que, desde octubre pasado, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) no tiene ningún señalamiento de “alto riesgo” por parte del gobierno estadounidense, y afirmó que la entidad estuvo en esa posición a raíz de los cambios administrativos que sufrió mediante el plan de reorganización que fusionó las procuradurías durante el gobierno del Luis Fortuño.

“Fue una estructura administrativa muy parecida a la que ahora se propone la que llevó a la procuraduría al alto riesgo. Lo que supone estar en alto riesgo es que todas las transacciones fiscales se hacen mediante reembolso. No se puede disponer del dinero, sobre todo de aquél que se brinda a los centros de servicios, lo que dificulta ampliamente la operación”, dijo la funcionaria durante la primera vista pública sobre el Proyecto del Senado 1377.

La legislación crearía la Defensoría de los Derechos Humanos, que estaría integrada por la Defensoría Asociada de la Mujer y la Equidad de Género, la Defensoría Asociada de las Personas de Edad Avanzada, la Defensoría Asociada de las Personas con Diversidad Funcional, la Defensoría Asociada de los Derechos Sociales y Económicos, la Defensoría Asociada de las Personas Veteranas y la Defensoría de los Derechos Civiles y Constitucionales.

A modo de ejemplo, Sánchez advirtió que los fondos federales se pondrían en riesgo si se colocan en un mismo pote con los dineros de las demás procuradurías y se utilizan para otros propósitos no avalados por la normativa federal, o si se asigna personal con salarios costeados por el gobierno estadounidense para realizar tareas distintas a las que se hayan acordado a nivel federal.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, señaló durante la audiencia pública que el proyecto de administración contiene las salvaguardas necesarias para asegurar el recibo de los fondos federales y evitar que las tres procuradurías que reciben esos recursos incurran en incumplimientos.

“Este no es el concepto tradicional de fusiones que es coger seis cajitas y meterlas todas en una caja grande. Por eso es que cada procuraduría mantiene una independencia, tiene que seguir velando por sus fondos federales y esto lo va a lograr siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por el gobierno federal, tanto desde el punto de vista de segregación de fondos, que los fondos estén identificados, y así lo recoge el proyecto, y desde el punto de vista del personal que tengan que tener”, indicó el funcionario.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la OPPEA y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) son las tres entidades bajo análisis que reciben asignaciones federales para costear parte de sus operaciones y servicios.

Cruz Batista reconoció al inicio de la vista que las economías que generaría la consolidación, al menos preliminarmente, ascienden a solo $3.5 millones, y advirtió que ese no será el criterio que guiará los cambios propuestos, sino las eficiencias que puedan generar en beneficio de la ciudadanía.

“El ahorro no es el motor de esta medida. Conocemos muy bien el asunto de los fondos federales desde el punto de vista de cumplimiento, y hay que tener una segregación de cuentas… El secretario de Hacienda tiene que mantener la contabilidad separada. Ese tipo de situación no solamente está recogida, sino que está discutido con las agencias federales que proveen los fondos”, enfatizó Cruz Batista.

El titular de la OGP, incluso, hizo referencia a una carta del gobierno federal en la que se respalda la intención del proyecto de ley con relación a la OPPI, que ha sido señalada como una entidad de “alto riesgo” y se expone a perder sobre $2 millones si no se toman acciones correctivas. 

El senador popular Ángel Rosa, presidente de la comisión legislativa, anticipó que se “afinarán muchos detalles” de la legislación ante los planteamientos sobre el efecto que pueda tener la consolidación en los fondos federales que se reciben actualmente.

“No vamos a aprobar ningún proyecto hasta que no estemos seguros de que está libre de riesgo la obtención de los fondos federales que Puerto Rico tiene hoy para estas comunidades… Queremos estar seguros que la normativa federal, que es diferente para todas estas procuradurías por la naturaleza de los fondos, no presenta impedimento para la estructura gerencial que se está planteando”, manifestó el legislador en un aparte con la prensa durante la audiencia pública.

Reiteró que, debido a la complejidad de la pieza, el análisis podría extenderse hasta agosto, luego de concluida la presente sesión ordinaria. 

En tanto, el procurador interino del Paciente, Ángel Sostre, puso en duda las eficiencias que se han anticipado al argumentar que la estructura que se propone, con un consejo directivo de nueve personas por cada defensoría asociada, creará mayor burocracia y dilatará el ofrecimiento de servicios.

“Cada vez se torna más grande el aparato con el cual tiene que contar cada procuraduría para lograr realizar un trabajo que se supone sea de respuesta rápida”, sostuvo el procurador.

“Subyugar la defensa de los derechos de los pacientes a esta estructura va en detrimento de la población que estamos llamados a defender. En la defensa de los derechos humanos, no debe haber burocracia y escollos, sino rapidez y agilidad. Esta composición, en nada, aparenta adelantar este medular propósito”, puntualizó Sostre. 

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