Varios alcaldes y legisladores expresaron su rechazo a la decisión del consorcio LUMA Energy de cerrar siete Centros de Experiencia del Cliente, a partir del próximo 28 de marzo, como parte de su recorte de gastos para minimizar costos operativos.

La mayoría coincidió en que la determinación afectará a miles de clientes, principalmente a adultos mayores que utilizaban esos centros para realizar distintas gestiones y que ahora tendrán que trasladarse a establecimientos lejos de su zona.

El consorcio energético indicó por escrito que el cierre “planificado” afectará los centros ubicados en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado que “estaban en propiedades de alquiler”.

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Sostuvo que “los ahorros se reinvertirán en iniciativas que mejoren el servicio al cliente, la confiabilidad de la red y los programas de eficiencia energética”, al tiempo que resaltó que “18 Centros de Servicio Regionales continuarán atendiendo clientes en todo Puerto Rico”.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, y la representante por el distrito Cidra Cayey, Gretchen Hau, indicaron que la determinación no solo afecta a los residentes de ese municipio, sino al de otros pueblos aledaños.

Algunos alcaldes pidieron reunirse con Juan Saca, presidente de LUMA Energy.
Algunos alcaldes pidieron reunirse con Juan Saca, presidente de LUMA Energy. (Xavier Araújo)

“Una decisión de esta naturaleza ahondará la crisis energética, porque los abonados no tendrían a dónde acudir. Es mala para la ciudadanía la práctica de seguir cerrando oficinas de servicio. Lo hemos experimentado ya con el cierre de la Oficina del Registro Demográfico, con la Colecturía del Departamento de Hacienda y el Tribunal de Distrito. Son servicios esenciales para la ciudadanía, sumada a la falta de información clara por parte de LUMA Energy, esto merece la más alta indignación del pueblo”, señaló el alcalde.

Mientras, la representante Hau expuso que “Si antes era difícil tratar de resolver problemas relacionados con LUMA Energy teniendo oficina comercial, ahora será más difícil todavía que los ciudadanos tendrán que ir a otros pueblos, lo que representa una carga que sigue afectando más el bolsillo del trabajador puertorriqueño y abonado, así como de los industriales y todo tipo de comercios”.

Por su parte, el representante Joe “Joito” Colón Rodríguez dijo que la oficina de Utuado actualmente emplea a 10 personas y atiende a aproximadamente 760 residentes al mes, mientras genera cerca de $500,000 mensuales para el consorcio energético.

Los municipios de Utuado, Adjuntas, Jayuya, Lares y parte de Ponce se verán afectados por su cierre, indicó.

“Es inaceptable que se esté considerando cerrar la oficina de Utuado sin la debida consulta a los alcaldes ni a los funcionarios electos de la zona. Aún más preocupante es que no se haya tomado en cuenta a nuestra población de adultos mayores, quienes son los que más utilizan estos servicios. Los números son claros, la oficina de Utuado no solo es eficiente en su operación diaria, sino que contribuye con aproximadamente 6 millones de dólares al año al consorcio energético, además de jugar un rol crucial en el desarrollo económico de la región”, expresó Colón Rodríguez.

El representante también destacó las dificultades que enfrentarían los residentes de comunidades como Castañer de Lares, quienes tendrían que viajar hasta Arecibo, a unas dos horas de distancia, para recibir atención de LUMA Energy. Lo mismo sucedería con los residentes de Jayuya y Adjuntas, que tendrían que desplazarse hasta Ponce, a casi una hora de distancia.

La senadora del Distrito de Ponce Marially González también salió en defensa de la oficina ubicada en Utuado al sostener que “este cierre representa un grave perjuicio para los residentes de nuestra área de la Montaña, quienes dependen de un acceso directo y personal a los servicios y soporte que ofrece la única empresa de distribución de energía en el País”.

De igual forma, la representante Brenda Pérez Soto saló en defensa de los clientes que utilizan las oficinas de Manatí y que atiende a cerca de 1,000 abonados al mes.

“La posibilidad de cerrar la oficina de Manatí es absolutamente inaceptable. LUMA Energy está mostrando una total insensibilidad hacia los ciudadanos, no solo de Manatí, sino también de Barceloneta, Florida, Vega Baja, Vega Alta, Morovis y otros pueblos cercanos. Este cierre afectaría gravemente a miles de personas que dependen de estos servicios”, destacó.

La senadora del oeste, Karen Román Rodríguez, también calificó de insensible la decisión del consorcio encargado de la transmisión y distribución energética en la Isla y criticó que no se haya consultado a los alcaldes de los pueblos impactados.

En el caso de la oeste, se afectarían dos oficinas: San Germán y San Sebastián.

“LUMA Energy y su presidente, Juan Saca, deberán rendir cuentas ante la comunidad. Es inconcebible que se tomen decisiones de esta magnitud sin consultar a los afectados. Este tipo de comportamiento no será tolerado,” expresó la senadora. Además, recordó que Saca ha sido señalado en el pasado por su manejo deficiente de otras empresas, como la desaparecida Open Mobile.

“No permitiré que los residentes de mi distrito, y mucho menos los más vulnerables, sufran más. Exigiré una reunión urgente con los alcaldes de San Sebastián y San Germán para obtener respuestas inmediatas. Estaré presentando una resolución en el Senado para investigar esta situación y exigir explicaciones claras sobre el cierre de estas oficinas en el oeste,” añadió la senadora.

Como si fuera poco, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández calificó de “insólito” el cierre de dichos centros sin que se presente una opción a los clientes, principalmente a los envejecientes.

“Cuando más los abonados requieren servicio de calidad, es insólito que LUMA Energy les dé la espalda, sin ofrecer opciones a miles de abonados residenciales, comerciales e industriales”, sostuvo.

La representante del Distrito 27 (Aibonito, Coamo, Juana Díaz), Estrella Martínez Soto, por otra parte, manifestó que “seré categórica: Me opongo a la decisión de Luma Energy de eliminar el Centro de Experiencia del Cliente en el municipio de Santa Isabel. Ante los constantes problemas con el servicio de energía eléctrica, es vital que las personas de escasos recursos y nuestros envejecientes tengan un lugar físico al cual puedan recurrir para reportar sus situaciones”.

“Como si fuera poco, con los constantes apagones, ahora nuestra gente humilde no tendrá tan siquiera a dónde ir a reclamar un buen servicio. Le exijo a Luma más empatia y sensibilidad con mis constituyentes. ¡Basta de abusos!”, expresó la legisladora.

Rey Figueroa, representante del Distrito 16 (Isabela, San Sebastián y el Barrio Guerrero de Aguadilla) expresó su más enérgico repudio al anuncio de LUMA Energy sobre el cierre de la oficina del pueblo de San Sebastián por entender que esta decisión afectará especialmente a los residentes de edad avanzada y aquellos con dificultades de acceso a la tecnología, quienes dependen de la cercanía de estas oficinas para realizar gestiones fundamentales.

“Es inadmisible que, en un momento en el que más necesitamos una atención cercana y accesible, LUMA decida cerrar oficinas clave en pueblos como San Sebastián, dejando a muchos ciudadanos sin un lugar cercano al cual acudir para resolver sus problemas relacionados con el servicio eléctrico”, expresó Figueroa.

El representante reafirmó su compromiso con la comunidad y solicitó a LUMA Energy que reconsidere esta medida, buscando alternativas que aseguren el acceso equitativo a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables.

“El cierre de esta oficina no solo afecta a San Sebastián, sino que refleja una falta de sensibilidad por parte de LUMA hacia las necesidades de nuestros pueblos. Exigimos que se ofrezcan soluciones viables para que los residentes no tengan que enfrentar dificultades adicionales para realizar gestiones tan esenciales”, añadió el legislador.

Solicitan diálogo

La Federación de Alcaldes también rechazó la determinación a través de su presidente, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, quien pidió al consorcio una reconsideración.

“La Federación solicitó una reunión a LUMA para que evalúe el impacto real de esta determinación y busque soluciones que atiendan las necesidades de nuestra gente. Esperamos por la respuesta de los directivos de LUMA y confiamos que sea en la afirmativa y a la brevedad posible”.

En ese mismo ánimo se expresó el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, quien además de oponerse a la iniciativa del consorcio, aseguró que ya entabló comunicación con su presidente, Juan Saca, con el propósito que la empresa reevalúe su determinación.

“Confiamos en que LUMA Energy atenderá nuestro llamado y reconsiderará esta decisión... Exhortamos a LUMA a que actúe con sensibilidad y tome en cuenta el impacto negativo que este cierre tendría en nuestros ciudadanos”, añadió el alcalde.

Primera Hora solicitó una reacción a LUMA Energy a las peticiones de alcaldes y legisladores. Al momento, se espera por respuesta.