"La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) es una agencia con capacidad de generar ingresos, pero los políticos y el mercado la han quebrado", defendió este sindicato de trabajadores públicos en un comunicado.

Su declaración tiene lugar después de que el Gobierno de Puerto Rico anunciara hoy la declaración del estado de emergencia en la ACT, que adeuda más de 2,200 millones de dólares, para suspender así su obligación de transferir ingresos a los acreedores.

El gobernador Alejandro García Padilla justificó la iniciativa como una forma de permitir que la ACT pueda pagar a contratistas y mantener obras en proceso, garantizando de esa forma el mantenimiento de la red viaria de la isla.

La declaración del estado de emergencia suspende la obligación de la ACT de transferir los ingresos de los peajes y cualquier otro recibido a sus acreedores, al tiempo que impone una prórroga en las reclamaciones judiciales por impagos.

Según el Gobierno, la ACT necesita cerca de 25 millones de dólares mensuales para mantenerse operativa y 150 millones para atender deudas.

En opinión de la Utier, la ACT "tiene capacidad para producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción", pero ha sido utilizada "como una mina de dinero para el Gobierno y los contratistas privados".

"La ACT ha sido utilizada como tarjeta de crédito del Gobierno para pagar otras deudas", denunció este sindicato, que citó como ejemplos "el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la de Transporte Marítimo y la de Puertos, que fueron y son subsidiadas por la ACT".

Además, "de esta capacidad de pago se han beneficiado empresas privadas que ofrecen servicios de consultorías, cobro y manejo del peaje en los expresos (autopistas), asesores legales, contratistas de estudios y mantenimiento, entre otros".

Recientemente, el Gobierno renegoció con Metropistas (controlada por la española Abertis) las condiciones de la concesión de la explotación de varias carreteras, lo que le permitió embolsarse 100 millones de dólares, de los que parte fueron transferidos a la ACT, para pagar deuda pendientes con contratistas y proveedores.

Al respecto, el sindicato dijo que "la agencia paga todo la infraestructura del cobro de peaje y paga a una compañía privada por su operación, la cual obtiene ganancias millonarias anualmente".

En cuanto a los políticos, el sindicato aseguró que "se han beneficiado inflando la nómina de la ACT con cientos de nombramientos, aumentos de salarios y bonificaciones altamente jugosas".

"Salarios de más de 5,000 dólares mensuales han sido otorgados a empleados vinculados a los partidos gobernantes. Estos ahijados políticos entorpecen el trabajo y el servicio público ya que no se deben al servicio, sino a sus intereses particulares", denunció la Utier.

En ese sentido, pidió que se investigue a los gerentes actuales y pasados de la empresa pública, que "por años han incumplido sus deberes y que tienen gran responsabilidad por la crisis que hoy se alega hay en la agencia".

El sindicato apuntó que "a los empleados unionados no se les reconoce mejoras en sus salarios desde hace más de ocho años, se les recorta el pago de horas extras y gastos de viaje, se reducen licencias de vacaciones y enfermedad, y se discrimina contra la mujer quitando beneficios de maternidad, entre otras medidas".

"El maltrato y desprecio al empleo público se traduce en contratos privados y servicios deficientes al público", añadió.