En 2021, primer año del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, los ocho agentes asignados a su escolta se ganaron en horas extras la suma de $283,176, según revelan los documentos sometidos por el Negociado de la Policía mediante un requerimiento oficial de información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

Los policías asignados a la seguridad del mandatario reclamaron haber trabajado 8,175 horas entre enero a diciembre de 2021. El oficial del orden público adscrito a La Fortaleza que más ganó en horas extraordinarias el año pasado, recibió unos $55,600, aunque otro policía, asignado a la escolta del comisionado, Antonio López Figueroa, lo superó con la suma de $69,876.

Otro de los documentos revela que en 2021, unos 14 funcionarios y exgobernadores recibieron servicios de escolta y que los agentes que prestaron el servicio cobraron por tiempo extra $1.3 millones, remuneración que por ley está exenta de tributar.

Según la información suministrada, unos 14 vehículos de la Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza están asignados a la Mansión Ejecutiva. En combustible, se reclama un gasto de $13,044 para el período de enero a diciembre de 2021 y en gastos de piezas otros $13,502. Los datos figuran entre los documentos que la comisión legislativa le exigió al Negociado de la Policía y al DSP, luego de una amenaza de recurrir a los tribunales para obtener la información.

Sin embargo, las cifras no fueron objeto de discusión en la vista pública a la que comparecieron hoy el Comisionado de la Policía y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres como parte de una investigación que lleva a cabo la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara sobre el gasto millonario en el pago de horas extras a escoltas.

Según la información suministrada, unos 14 vehículos de la Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza están asignados a la Mansión Ejecutiva. En combustible, se reclama un gasto de $13,044 para el período de enero a diciembre de 2021 y en gastos de piezas otros $13,502.

“Los familiares del gobernador no tienen escolta permanente asignada. Hay un personal que está asignado al gobernador que la asiste mientras ella (María Caridad, hermana de Pierluisi) cumple con la agenda y compromisos del gobernador”, dijo el Secretario del DSP, quien al igual que López Figueroa defendieron el gasto en horas extra de los policías asignados a los servicios de escolta y seguridad.

A preguntas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, el teniente coronel López Figueroa dijo que actualmente la División de Seguridad y Protección tiene alrededor de 230 agentes asignados y detalló que son 61 los agentes asignados a la sección de escoltas a los funcionarios “que por ley tienen derecho”.

Ortiz Lugo dijo que bajo el estado de derecho vigente la Policía solo puede asumir el costo de las ocho horas regulares del policía asignado para el servicio de escolta y que los gastos por horas extraordinarias deben ser compensados por las agencias en las que estén brindando el servicio.

“Lo que quiero es establecer quiénes están reembolsando y quiénes no porque la Policía sigue asumiendo el costo”, sostuvo el legislador y les dio a ambos funcionarios un plazo de cinco días para que sometan a la Comisión información detallada sobre las agencias que reembolsan gastos a la Policía por el pago de horas extras a estos oficiales.

Tanto, el Comisionado como el Secretario del DSP reclamaron que ha habido una reducción en el pago de horas extras pagadas a los policías asignados como escoltas. Dijeron que en 2017 se pagaron más de $5 millones, mientras que, en 2021, el pago fue de $1.3 millones. Esta suma no incluye el total del salario devengado.

“Desde que este servidor asumió las riendas de la Policía en 2021 y Alexis Torres, el DSP ha habido una reducción sustancial en gastos de escoltas, hay alrededor de $4 millones menos en gastos desde el 2017 para acá. Todos los días vamos a verificar constantemente cómo vamos a seguir bajando las horas de escolta”, dijo López Figueroa a preguntas de periodistas luego de concluir la vista pública.

El Comisionado de la Policía también justificó los $69,876 que devengó el año pasado uno de los agentes asignados a su escolta. “Las escoltas son policías de Puerto Rico, ellos están ganándose el dinero honradamente, aquí nadie está ganándose dinero ilegalmente. Es igual paga por igual trabajo, eso está en la Constitución y eso es lo que pasa con las escoltas. Hay casos particulares en que unos ganan más que otros”, reclamó.

Por su parte, el Secretario del DSP dijo que estaba satisfecho con la manera en que se está manejando el pago de horas extra a los policías.

“Ellos están haciendo una función y por eso se les paga,, hay diferentes compañeros que ganan mas la hora dependiendo del tiempo en servicio y obviamente cumplen con otras funciones que son adicionales a lo que es la escolta como tal”, sostuvo. “Son grupos de trabajo que están establecidos a nivel federal y en otros países. Las escoltas siempre han trabajo cómo evitar incidentes con dignatarios”, agregó.

Tanto Torres como el Comisionado no soltaron prenda sobre las razones que motivaron el servicio de escolta que tiene el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

López Figueroa dijo que cada seguridad que se le da a un funcionario, cada escolta que se asigna a un funcionario, es de carácter confidencial. “Solamente, nosotros conocemos los detalles porque no podemos en riesgo a un funcionario público. Ni te confirmo ni te niego que ha habido una amenaza, sí te puedo decir que hay un sinnúmero de situaciones, pero no voy a hablar en particular de una persona”, indicó.

Sin embargo, en los casos de los secretarios de Salud, Carlos Mellado y de Recursos Naturales, Rafael Machargo, ambos dirigentes del aparato de seguridad pública habían confirmado que estos dos jefes de agencias habían sido objeto de amenazas.

“No es necesario una amenaza, solamente es una información, una inteligencia que nos llegue a nosotros de que está ocurriendo una situación particular, la corroboramos, la investigamos. Eso es todo”, sostuvo el Comisionado.

A preguntas sobre la propuesta que lanzó en la vista pública la representante Mariana Nogales Molinelli de que a los solicitantes de una escolta se les exija una declaración jurada, el Comisionado dijo que no trabaja “con especulaciones, con leyes que no existen, los proyectos no son leyes”.

Se le preguntó si además del secretario de Hacienda algún otro funcionario o jefe de agencia tiene policías asignados en destaque para servicios de escolta y dijo que no tiene el detalle.

Tampoco se quiso expresar sobre el proyecto de ley que aprobó esta semana la Cámara que propone eliminar las escoltas a los exgobernadores. “No vamos a emitir comentarios. Le corresponde a ellos legislar y nosotros hacer cumplir la ley”, expresó López Figueroa.

El representante independentista Denis Márquez Lebrón cuestionó que haya policías en destaque en el Departamento de Hacienda en funciones de seguridad y escolta.

“Ustedes bajo el concepto de destaque de la Ley 8 están enviando oficiales de la policía a, por ejemplo, el Departamento de Hacienda. Pero eso no es al amparo de los requerimientos de salud y bienestar. Eso no es otra forma que burlar la ley para asignar una escolta sin utilizar una ley”, argumentó Márquez Lebrón.

Durante la audiencia varios novoprogresistas se refirieron al tema de los gastos excesivos en escoltas “como un tema mediático”.

“Este es un tema que vende y rinde sus frutos mediáticos. Aquí hay una ley que está vigente, que tiene unas clasificaciones y ustedes tienen una obligación de cumplir la ley”, dijo el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Por su parte, Nogales Molinelli, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) dijo que requerir una declaración jurada que justifique el servicio de escoltas “sería una manera mucho más justa para el pueblo de Puerto Rico”.

La legisladora requirió información sobre cuántas personas que no son funcionarios públicos han recibido o reciben servicios de escoltas de la Policía, a cuántas mujeres víctimas de violencia doméstica se les ha asignado una escolta y cuántas se les han asignado a fiscales en los pasados cinco años.

Agregó que por su trabajo los fiscales reciben amenazas y recordó que ha habido casos de asesinato, como el de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, utlimada el 18 de enero de 2016 cuando llegaba a su casa en Río Grande, luego de culminar su turno de trabajo en la Fiscalía de San Juan.