Con una trulla navideña y gritos de “el paro va”, cientos de policías se congregaron esta mañana frente al Capitolio y marcharon hasta La Fortaleza, en reclamo de un retiro digno, a través de enmiendas a la Ley 81 de 2020 o mediante la aprobación de nueva legislación que solo incluya a los miembros de la fuerza policial del País.

Desde una tumbacocos, en la avenida Luis Muñoz Rivera, frente a la Casa de las Leyes, líderes de diversas organizaciones que agrupan a los miembros de la Uniformada exigieron que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia enmiende la convocatoria de la actual sesión extraordinaria para que incluya legislación que garantice “el retiro digno” a los policías y que la misma sea aprobada por unanimidad en Cámara y Senado. De lo contrario, advirtieron que la fuerza policíaca del País estará de brazos caídos en plenos días festivos de la Navidad, desde Nochebuena hasta el 7 de enero, en momentos en que la ola criminal no parece tener tregua.

Con un lenguaje fuerte y en tono desafiante, los líderes gremiales se refirieron a los políticos del País como “irresponsables”, “abusadores” e “hipócritas”. Los manifestantes portaban cartelones y banderas de Puerto Rico y Estados Unidos con franjas negras y azules.

La actividad fue convocada por un policía retirado, Gabriel Hernández Ramos, y se unieron diversas organizaciones como la Asociación de Policías Organizados (APO), el Sindicato de Policías, la Asociación de Policías Retirados (APR) y el Cuerpo Organizado de la Policía Incorporado (COPI). Sólo tuvieron palabras de elogio para el senador novoprogresista Gregorio Matías, quien es policía, por impulsar el retiro digno y para el representante popular, Jorge Alfredo Rivera Segarra, por promover enmiendas a la Ley 81.

“Aquí no hay miedo. Lo único que teníamos era miedo y se fue. El 20, 30 y 31 de octubre, ¿se acuerdan de eso?, un 99% de cuarteles sin policías. La pregunta es si quieren que, desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero, eso suceda. El gobernador tiene hasta el 22 de diciembre y le exijo que enmiende esta extraordinaria para que se pueda ver el retiro digno”, reclamó Hernández Ramos, un agente retirado con más de 20 años de servicio.

“Si no quieren enmendar esa extraordinaria, ¿quieren que la Policía haga lo mismo del fin de semana de Halloween?… Están jugando con la seguridad de este País”, sentenció el policía retirado, quien desde Nueva Jersey organizó la protesta de brazos caídos de finales de octubre pasado, mientras los policías y mujeres policías congregados en la escalinata y la Plaza de la Democracia, en el ala norte del Capitolio, gritaban “No tenemos miedo”.

Roberto Castro, de la Asociación de Policías Retirados, dijo que “no ha habido una administración que haya cumplido una promesa a la Policía de Puerto Rico”.

“Al gobernador no se le va la luz, no pasa hambre y no le interesa la Policía de Puerto Rico… Deje de echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal y a la jueza (Laura) Taylor Swain para no cumplir con la Ley de Retiro Digno. Es usted el que tiene que hacer cumplir la ley”, expresó Castro.

El presidente de la APO, José González Montañez, dijo que la Legislatura, controlada por el Partido Popular Democrático (PPD), debe dar paso a las medidas. “Sabemos que el PPD fue el que destruyó el retiro digno”, sostuvo el capitán González Montañez.

Antes de finalizar la manifestación se personó al lugar el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, junto al representante Rivera Segarra y los también legisladores populares Ramón Ruiz Nieves y Deborah Soto.

“Yo quisiera hablarles con la verdad, porque en toda esta trayectoria lo que ha ocurrido con la Policía es que no se la ha dicho la verdad”, dijo Hernández Montañez, mientras un grupo de los manifestantes gritaba “que se vaya, que se vaya”.

El líder legislativo detalló que hay dos proyectos sobre la mesa, uno del representante novoprogresista, José “Memo” González, que se aprobó en la Cámara y está pendiente en el Senado, que busca añadir fondos; y el de Rivera Segarra para restituir el lenguaje del 50%. Indicó que “hay que agregar otra medida para financiar ese proyecto”.

“Esto es una cuestión de voluntad, si el gobernador quiere resolver ese problema, sencillamente enmiende la extraordinaria. Yo no tengo ningún problema, compañeros (mientras algunos le gritaban), ustedes llevan bastante tiempo callados, yo me puedo ir si quieren, pero a ustedes los llevan engañando por mucho tiempo. Mi nombre es Rafael Hernández Montañez, ‘Tatito’, y le digo la verdad: a la Policía de Puerto Rico los han engañado en un sinnúmero de ocasiones. Si ustedes quieren resolver el problema se tienen que sentar a negociar y les tienen que decir las cosas con la verdad”, dijo Hernández Montañez.

“Si se aprueba legislación aquí y no se enmienda el Plan Fiscal y no nos sentamos con la JSF a negociar les va a pasar lo mismo y va a ocurrir que lo van a llevar al tribunal y van a decir ‘yo le aprobé la legislación, pero fue la Junta la que no quiso resolverlo’”, reclamó el presidente de la Cámara.

Dijo que hay dos maneras “de resolver el problema: la primera que el gobernador enmiende la extraordinaria y tenemos hasta el 22 (de diciembre) para atender esto de forma rápida; la segunda coger los proyectos, vamos a discutirlos y negociarlos con la Junta y aprobarlos en enero”. Agregó que en cualquiera de las dos alternativas “hay que renegociar con la Junta”.

La Ley 81 el 3 de agosto de 2020 dispone que a los policías que se retiren con 30 años o más de servicio y que hayan cumplido 55 años, una pensión vitalicia de hasta un 50% de su salario devengado a esa fecha. Pero, al aprobar la versión final del proyecto de ley, la Legislatura incluyó a los miembros del Negociado de Bomberos, oficiales de custodia y a otros componentes del área de seguridad y la JSF no le ha dado paso a la ley.

William Santos Figueroa, uno de los policías retirados que participó en la manifestación en silla de ruedas, manifestó: “Llevo 38 años en silla de ruedas por dos tiros en la espalda que me dieron en 1985 y estoy luchando el retiro digno, ya que me deben el 3% del ajuste de la pensión”.

El exagente laboraba en el precinto de Levittown, en Toa Baja.

Santos Figueroa, quien es casado y no tiene hijos, recibe una pensión de $1,109 mensuales, “empata la pelea” con un pequeño negocio de computadoras que tiene, pero agregó que “se nos hace difícil pagar los gastos de la casa”.