La Policía y la Rama Judicial dieron este martes un paso a favor de las víctimas de violencia de género.

Dos acuerdos firmados harán que todo el sistema de emisión y diligenciamiento de órdenes de protección estén unificados para agilizar y mejorar la respuesta a favor de la víctima, según explicó el gobernador Pedro Pierluisi y la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

La coordinación de los esfuerzos entre ambos sistemas se transformará para que, una vez un juez emita una orden de protección, de manera inmediata llegue toda la información a la Policía. Mientras, se delimitó el proceso para detallar quién asumirá responsabilidad en diligenciar dichas órdenes de protección, si será un alguacil, un agente de la Policía o un policía municipal. Además, tanto jueces, fiscales como los policías tendrán acceso a una aplicación móvil que detallará todo lo pertinente sobre el agresor, si tiene permiso para portación de armas, si ya fue notificado de la orden de protección o si tiene casos previos, entre otros datos.

La información de la víctima, entretanto, sólo estarán accesibles para trabajadores sociales y personal a cargo de los Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP) del Negociado de la Policía, lo que redundaría en ofrecimientos de servicios para ayudarle a superar la violencia de género.

Los detalles fueron provistos en una extensa conferencia de prensa realizada en La Fortaleza en la que se defendió la eficacia de las órdenes de protección, se habló del adiestramiento que reciben los uniformados para atender casos de violencia de género, se aseguró que los programas de desvío para los imputados de violencia de género están licenciados y de cómo de manera voluntaria la víctima puede solicitar que se realice patrullaje por su vecindario a modo de protección, entre otras cosas.

Según explicó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, antes de junio de 2021 el procesamiento de una orden de protección podía demorar entre seis a ocho días.

No obstante, la orden ejecutiva firmada por el gobernador Pierluisi para establecer una Emergencia por Violencia de Género ocasionó que se estableciera el COPOP. Se indicó que este cambio logró disminuir el diligenciamiento de órdenes de protección a 0.76 días, lo que representa menos de un día, detalló la sargento Ivette Rivera, de la Policía.

Pero, la jueza presidenta del Supremo aceptó que no todas las regiones judiciales estaban en sintonía sobre cómo se debía diligenciar las órdenes que emiten los jueces a favor de las víctimas. Mientras, la Policía tenía que esperar que ocurriese una notificación oficial de los tribunales para conocer la existencia de una orden de protección.

Para cambiar este panorama, la Policía y la Rama Judicial firmaron dos acuerdos que buscan el intercambio inmediato de información relacionado a casos de violencia de género y para estar interconectados en la misma red, en este caso la aplicación de COPOP.

“Hay consenso en que las órdenes de protección continúan siendo una herramienta valiosa para proteger a personas en situaciones de violencia de género. Estos son los primeros acuerdos entre esas dos ramas de gobierno para apoyar esta lucha y fortalecen el Protocolo Intergubernamental para Coordinar la Respuesta, Orientación e Intercambio de Información para la Atención de Personas Sobrevivientes de Violencia de Género en Situaciones de Violencia Doméstica que se firmó en el 2022″, estableció el primer ejecutivo.

Añadió que “uno de los acuerdos es para uniformar y desarrollar un proceso consistente en el manejo de órdenes de protección y el segundo viabiliza la interoperabilidad de los sistemas electrónico para que estén disponibles a los agentes de ley y orden inmediatamente se expidan. Los acuerdos exponen que el COPOP recibirá digitalmente de los tribunales las órdenes de protección expedidas para registrarlas y notificarlas a los centros de mando de las áreas policiacas, y encauzar así su diligenciamiento cuando corresponda, según lo dispuesto en el protocolo de diligenciamiento establecido. Se ha establecido un interfaz que permite el intercambio diario de datos bajo estrictos parámetros de integridad, disponibilidad y confidencialidad, que provea una garantía de seguridad para las partes peticionarias, como para los agentes del orden público que efectúan los diligenciamientos”, informó.

Previo a que tribunales se uniera a estos sistemas de COPOP, unos 50 municipios ya estaban interconectados. De estos, sólo 27 utilizan la aplicación móvil. El augurio del gobernador es que a finales de año los 78 municipios estén integrados.

La jueza Janette Perea, de la sala de violencia de género del Tribunal de Bayamón, ya ha tenido la oportunidad de utilizar esta aplicación para los casos que atiende, a manera de prueba.

Según contó, “es una herramienta muy útil para los jueces y las juezas del Poder Judicial, porque nos da información base con relación a quién esa persona con relación a la cual se nos está solicitando el remedio. Claro está, la información va a estar en el sistema si ya existe una orden en contra de esa persona. Así que podemos obtener información si esa persona ha tenido un historial con relación a casos previos de órdenes de protección para saber si ha tenido armas, si ha tenido órdenes de protección previa, dónde han sido expedidas esas órdenes, si han sido diligenciadas, si existe una orden de arresto pendiente. Si no ha tenido un historial, verdad, de órdenes de protección, esa información no va a estar en el COPOP Móvil. Esa información llega a la atención de los jueces y las juezas a través de la información que da el ministerio público en la presentación de cargos criminales”.

A favor de las órdenes

La presidenta del Tribunal Supremo en un mensaje en el que abogó por la equidad de género, explicó que estos acuerdos son un reflejo del compromiso del poder judicial para atender los problemas de violencia de género.

“Este acuerdo utiliza la tecnología en beneficio de la gente”, explicó la jueza.

Defendió el poder de las órdenes de protección, pese a que se han registrados en la Isla feminicidios íntimos en las que las víctimas poseían órdenes de protección.

Comentó que “sé que cuando ocurren tragedias en nuestro país se vuelve a hablar de las órdenes de protección y que no protegen o que son meramente un papel. Sin duda, es un papel. Pero, en la gran mayoría de los casos la opción de tener una orden de protección ayuda. No es una protección absoluta, pero está comprobado que tener una orden de protección, en la gran mayoría de las ocasiones, es mejor que no tenerla. Y, para los que estamos en el lado de acá, cuando escuchamos comentarios de que las órdenes de protección no protegen, es sumamente frustrante. Yo trato de usar una analogía” la del uso de cinturones de seguridad en los vehículos. Dijo que puede haber accidentes trágicos y una persona morir, pese a que tiene tal cinturón de seguridad.

“Salva vidas, en gran mayoría de las ocasiones tener una orden de protección salva vidas y mi exhortación a las víctimas de violencia de género es que si están en esa situación, vayan corriendo o a un tribunal, a un cuartel de la Policía, algún albergue, alguna entidad. Que busquen ayuda. En la gran mayoría de las ocasiones, el tener una orden de protección va a ayudar, porque va a activar unos protocolos interragenciales que la van a poner en una mejor situación. Claro que no son perfecta, claro que no son un escudo antibalístico, con 100% de protección. Pero, entre no tenerla y sí tenerla, mi exhortación es que busquen la orden de protección”, añadió.

La funcionaria destacó varios pasos importantes que se darían para reforzar la efectividad de la orden ejecutiva con estos convenios firmados. A modo de ejemplo, expuso que el hecho de que la Policía tenga conocimiento inmediato de la orden de protección agilizará que el COPOP active su ayuda a la víctima. Entre estas ayudas está el solicitar el patrullaje preventivo en su vecindario.

En la actualidad, según informó la sargento Rivera, hay 213 patrullajes activos.

El COPOP tiene activas desde junio de 2021 a la actualidad unas 12,782 órdenes de protección, de las cuales 3,377 son de este año.

Por otro lado, el comisionado y el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, expusieron que cada año los agentes de la Uniformada toman adiestramientos relacionados a la violencia de género. Destacaron que este requisito es parte de la Reforma de la Policía.

Además, López dejó claro que una vez un agente de la Policía es acusado de violencia de género y se activa una orden de protección en su contra, se le desactiva el acceso que pudiese haber tenido al COPOP Móvil.