La controvertible guagua blindada que se ordenó en febrero de 2018 para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares a un costo de $245,000 y que todavía no ha llegado a la Isla “no tiene ningún uso práctico” para la Policía de Puerto Rico ni para el Departamento de Seguridad Pública, aceptó este martes el secretario Pedro Janer, durante las vistas de transición.

El funcinario fue más lejos cuando habló sobre la controversia durante la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. Estipuló que solo sirve para que los agentes practiquen el tiro al blanco contra la unidad. Por tal razón, han determinado entregar todo trámite relacionado con la controvertible guagua blindada a la Administración de Servicios Generales (ASG), quien era originalmente el dueño del vehículo.

“En mi opinión esa guagua no tiene un uso práctico para Puerto Rico. La amenaza que pueda haber, en cuanto a un funcionario público a nivel del gobernador, en la historia de Puerto Rico eso no se ha dado. La cantidad de dinero exhorbitante que se gastaría para mantener ese tipo de vehículo no creo que nadie quiere tomar esa responsabilidad en el uso que se le puede dar. Para que tengan una idea, hasta para manejar esa guagua la persona tiene que ser adiestrada. Si se le va a cambiar un aceite, tienen que venir unos técnicos de Texas (para que mantenga la garantía). Nadie puede tocar esa guagua a menos que no sea un técnico certificado de esa compañía. Yo no creo que eso sea práctico. Yo veo que, si esa guagua llega a Puerto Rico, en algún momento la van a tener que coger de práctica de tiro al blanco, porque realmente no va a tener ningún otro uso apropiado”, dijo en una instancia.

La determinación de la agencia de rechazar la guagua blindada que se envió a equipar para Rosselló Nevares fue comunicada este mismo martes a las 6:30 a.m. a la ASG mediante una carta fechada el 12 de noviembre. Ocurrió solo dos horas antes de que iniciaran las vistas de transición.

“Desconocía que esa carta iba a salir esta mañana”, dijo Janer, cuando se le cuestionó si se trataba de una casualidad o se hizo con motivo del proceso de transición.

La misiva solo estipula que “el referido vehículo de motor no tiene utilidad en el Departamento de Seguridad Pública o sus respectivos negociados”. De inmediato, le pide a la agencia la devolución de los $58,100 que desembolsó la Policía para completar de pagarla.

Primera Hora solicitó a la administradora de la ASG, Karla Mercado, una reacción sobre la determinación de Seguridad Pública de rechazar el vehículo, a través de su portavoz de prensa, Ramón Alejandro Pabón. De inmediato, no ha habido respuesta.

¿Dónde está la guagua blindada?

Con esta acción de terminar todo vínculo con el controvertible vehículo blindado, ahora a ASG le corresponderá reclamar a la empresa Texas Armoring, ubicada en San Antonio, Texas, que le entregue finalmente la guagua al gobierno de Puerto Rico.

Es que la empresa no ha entregado el vehículo al gobierno de Puerto Rico. Alegan que todavía le adeudan $27,000, reveló la jefa de personal de Seguridad Pública, Melinda Romero.

“Ellos alegan que hubo unos cambios, que se les había requerido unos cambios. Nosotros le pedimos evidencia de eso y ellos nunca la proveyeron y también hacen alegación ahora que se debe un dinero y en ningún momento anteriormente habían hecho un reclamo de deuda de dinero. Creo que son unos $27,000″, sostuvo.

La controvertible guagua blindada, una Chevrolet Suburban 2018, fue adquirida por la Oficina de la Administración de La Fortaleza el 23 de febrero de 2018 para -supuestamente- reforzar la seguridad del renunciante gobernador Rosselló Nevares.

En julio de ese año salió a relucir la compra por un costo de $245,000. El exgobernante aceptó que el precio era excesivo y pasó el vehículo al Negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente a su unidad especializada S.W.A.T. Este nuevo uso requirió unos cambios que aumentó el precio a $261,000, reveló el exsecretario de Seguridad Pública, Elmer Román, en octubre del 2019.

En enero, cuando Janer asumió el cargo de secretario, envió la controversia a investigación del Departamento de Justicia y de la Oficina del Contralor.

Ahora, al terminar el año, se descubre que el Departamento de Seguridad Pública enganchó los guantes y ya no quiere ni necesita la guagua blindada.

Fue el director de Asuntos Legales de Seguridad Pública, Miguel Candelario, el que reveló que la agencia realizó un estudio en el que se determinó que no necesitaban en el costoso vehículo.

“Mediante comunicación se le indicó a la administradora de Servicios Generales, (Karla Mercado) que no tenía utilidad en el Departamento de Seguridad Pública ni en ninguno de sus negociados y a la ASG le corresponde identificar el uso, que ya ellos identificaron dónde se iba a utilizar”, sostuvo Candelario.

Romero alegó que el vehículo iría para otra agencia. No reveló a cuál. Dijo que esa pregunta la debe contestar la ASG.

En medio de estas revelaciones, el presidente del comite de transición, Ramón Luis Rivera Cruz, le increpó lo siguiente a Janer: “O sea, ¿el pueblo de Puerto Rico perdió casi $250,000?”.

“Y pudo haber sido peor”, le respondió Janer durante la vista.

El también alcalde de Bayamón le cuestionó al exfuncionario federal si la guagua se puede vender en el mercado internacional. Pero, Janer le respondió que “ya esa guagua ha depreciado dos a tres años. El que la trate de comprar, la va a comprar en un precio… (menor)”.

Por otro lado, Romero insistió que, sin importar el curso final que tenga la guagua, el Negociado de la Policía requiere que la ASG les devuelvan los $58,150 que pagaron.

Además de este pago, la Oficina del Gobernador le dio a la empresa un pago de $160,950 por el vehículo. Esto llevó el monto de la guagua a unos $219,100.

Romero cree que el saldo que ahora Texas Armoring alega que se le debe, de unos $27,000, es de un descuento que una vez concedieron a la Isla por no haber entregado la guagua en el 2018 y haber solicitado hacer la entrega en abril de 2019.